Como casi todas las drogas, la inflación produce un efecto euforizante. Luego llega el bajón. Pero mientras duran los momentos de bienestar, todo parece de fábula.

Este verano, España va a vivir su particular momento cocaína. El turismo se va a disparar tras dos años de estancamiento por la pandemia. Quien más, quien menos va a gastarse sus ahorros en pasárselo bien. El otoño se percibe negro. La guerra en Ucrania va a ser larga, eso dicen los altos mandos militares, y la Cumbre de la OTAN de Madrid ha decretado la vuelta a los bloques y la subida de los gastos en Defensa. Así que, por lo que pueda pasar, nadie o casi nadie se va a querer privar de un verano a lo grande.

El dato de la inflación en junio ha superado por primera vez desde hace 37 años la barrera del 10% (exactamente se ha quedado en el 10,2%) y, a pesar de las medidas del Gobierno con el tope al gas o la subvención a los carburantes, no parece que en los próximos meses pueda bajar significativamente. De hecho, a ningún país europeo le están funcionando sus planes: la inflación media de la UE en junio se ha situado en el 8,6%.

La guerra en Ucrania, a pesar de la visión injustificadamente optimista de la ministra de Economía Nadia Calviño, que decía que prácticamente no nos iba a afectar, va a durar meses, sino años. Y eso lleva sin remedio a precios altos de la energía. Hay todavía algo que podría empeorar el escenario: que Rusia cortara el gas que sigue enviando por tubería a Alemania. Si eso sucediera, y no es descartable, los precios se pondrían por las nubes.

Como la OTAN ha declarado a Rusia «amenaza directa» y a China «desafío sistémico», vamos a vivir en los próximos meses y, probablemente, años un estancamiento del comercio internacional. Habrá sanciones y contra sanciones. Los precios, no sólo de las materias primas, sino de productos manufacturados, subirán.

Tenemos además sobre la mesa la subida de tipos de interés, en Estados Unidos y en Europa. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo (BCE) han cambiado sus objetivos: ya no se trata de insuflar liquidez en la economía para compensar el parón provocado por el Covid, sino de frenar como sea la inflación galopante. Y eso sólo se puede hacer desacelerando la demanda; es decir, subiendo tipos. Adiós a los tipos cero; adiós a las hipotecas baratas. El dinero será más caro, a los ciudadanos les va a costar más comprarse una vivienda y a las empresas les va a salir más cara su financiación. Se reducirán los márgenes. El Estado, por su parte, tendrá que destinar más dinero a pagar los intereses de la deuda, algo que afecta especialmente a países como España, donde las administraciones públicas deben un 120% del PIB. La deuda será más cara y la prima de riesgo seguirá su escalada.

La inflación se comporta de una manera particularmente dañina. Comienza en los precios de la energía, se traslada a los productos no elaborados y acaba empujando a la llamada inflación subyacente, la de productos como coches, electrodomésticos, etc. La subyacente ya está en el 4% y subiendo.

Subida de precios, de tipos de interés, miedo a una recesión… Pero eso será en otoño. Mientras tanto, la gente quiere gastar. Es el efecto eufórico de la inflación

En ese contexto, es lógico que los trabajadores, los pensionistas y los funcionarios pidan subidas salariales para compensar su pérdida de poder adquisitivo. Por ley, en España los pensionistas tienen asegurada una subida que iguale al IPC, que, a estas alturas, podría situarse este año en una media del 8% ¿Se conformarán los funcionarios con mucho menos? ¿Y los empleados del sector privado?

El miedo a una espiral mortífera de precios y salarios lleva a la patronal (la última que lo ha hecho ha sido Foment) a reclamar un «pacto de rentas», que no es otra cosa que un compromiso de limitación de salarios y beneficios. La posibilidad de que eso se lleve a cabo es mínima. Para hacerlo, sería necesario previamente un pacto de Estado entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, cosa que no está en la hoja de ruta de Pedro Sánchez.

Todo apunta a que, en unos meses, se producirá la consecuencia lógica de todos esos fenómenos encadenados: el frenazo al crecimiento económico. Esperemos unas semanas y veremos cómo todas las instituciones serias, empezando por el BCE, el FMI o el Banco de España revisarán a la baja sus previsiones de PIB para 2023. Algunos expertos creen que el crecimiento podría desplomarse en España incluso hasta el 0%. Es decir, nada.

¿Y qué ocurre cuando la economía no crece? En efecto, lo han adivinado: comienza a destruirse empleo. No descartemos esa perspectiva para 2023. Año, por cierto, electoral. Habrá municipales y autonómicas en mayo, y a final de año, generales.

Pedro Sánchez había planificado la confrontación electoral con la vista puesta en un crecimiento sólido, propiciado por los fondos Next Generation y unos pensionistas encantados con una subida histórica de sus retribuciones.

Todo eso se puede venir abajo. La gente, la clase media y trabajadora a la que dice defender el presidente, lo va a pasar mal. Es verdad que Sánchez no tiene la culpa de lo que está pasando. Pero sí de haber transmitido el mensaje de que el Estado actuaría como escudo protector ante la crisis de tal forma que no notaríamos nada. Ese mantra ahora se le vuelve en contra. De nada vale que diga que, sin esas medidas, la «inflación estaría en el 15%». Mal consuelo para los conductores que pagan un 30% más por llenar el depósito.

Llegan malos tiempos. Las cosas van a ir peor. Pero, mientras tanto, la gente quiere disfrutar. El efecto cocaína tiene sus cosas buenas. Entre otras, que llena las arcas de Hacienda.