La semana que viene, tras el Debate del estado de la Nación, el Congreso aprobará la ley de Memoria Democrática, que sustituye a la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Esta nueva ley se aprobará con los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos. Es decir, que se trata de una norma que carece de consenso político y que no cuenta con el respaldo de la mitad de los ciudadanos (incluso de una mayoría si atendemos a las últimas encuestas).

Para sacarla adelante ha sido clave el apoyo de EH Bildu, partido que sigue sin condenar a ETA. La condición que ha puesto el grupo liderado por Arnaldo Otegi para darle sus votos a la propuesta del Gobierno es que la investigación de los crímenes del franquismo se prolongue hasta el 31 de diciembre de 1983, fecha en la que ya se había aprobado la Constitución (1978) y gobernaba en España Felipe González. El asunto es meter a los GAL en el ajo. Hay que recordar que, por ejemplo, Segundo Marey fue secuestrado en diciembre de ese año. Pero también hay que añadir que el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, y el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, ya fueron condenados por ello.

Fuentes del Gobierno se han apresurado a puntualizar que la investigación sobre esos hechos «no tendrá consecuencias penales». Menos mal. Un poco más en la cesión a EH Bildu y vemos sentado en el banquillo al mismísimo González.

La clave, no nos engañemos, de este nuevo bodrio no es buscar criminales franquistas aún vivos, cosa que rayaría lo sobrenatural, sino modificar, erradicar, la base política sobre la que se edificó la Transición política. Es decir, establecer un nuevo relato en el que se determina con claridad meridiana quiénes fueron los buenos y quiénes los malos.

Lo dijo sin pelos en la lengua Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, en una entrevista para Hamaika Telebista: «Hemos abierto un camino para poner en jaque el relato de la Transición».

Este revisionismo histórico tiene como objetivo colocar al centro derecha al otro lado de la legitimidad democrática. Y eso no tiene que ver con el pasado, sino con el más grosero presente.

La finalidad de esta ley no es consensuar un relato de hechos, sino situar a la derecha lo más cerca posible del dictador para deslegitimarla

El Gobierno (no olvidemos que Félix Bolaños es, además de ministro de la Presidencia, ministro de Memoria Democrática) ha negociado hasta el agotamiento con EH Bildu. E incluso con ERC, que le ha negado su voto porque entre sus pretensiones estaba la de borrar de un plumazo la ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, no ha destinado un segundo a pactar con el principal partido de la oposición una norma que establecerá un relato oficial (que se llevará a la enseñanza en la ESO y en el Bachillerato) de lo que sucedió en España desde 1936 hasta 1983.

No sólo es una barbaridad, sino un insulto a las víctimas de ETA, organización que no aparece en esa auscultación a los ataques a los derechos humanos. Existen los GAL, pero no ETA. A esto se le llama falsificación histórica.

Han pasado ya 47 años desde la muerte de Franco y, por tanto, hay perspectiva suficiente para abordar lo que significó la dictadura. Establecer que el levantamiento militar fue un golpe de Estado, que durante casi 40 años se vulneraron en España los derechos y libertades, se torturó y se persiguió a la oposición democrática, es de justicia. Reconocer el expolio, crear centros de interpretación histórica, rebautizar el Valle de los Caídos… son iniciativas que no tienen por qué abrir una brecha entre la izquierda y la derecha.

Pero es que a Pedro Sánchez una ley de Memoria Democrática de consenso no le interesa. Su fin, insisto, no es consensuar un relato de hechos, sino fabricar una imagen de la derecha lo más próxima posible a la figura del dictador, para deslegitimarla.

El ideólogo de la teoría que consiste en arrinconar a la derecha para que el PSOE capitanee una mayoría social en compañía de la extrema izquierda y los independentistas no es otro que Rodríguez Zapatero.

Es verdad que la nueva ley de Memoria Democrática surge de un compromiso programático con Podemos, pero también lo es que Sánchez sólo ha cumplido los acuerdos que a él le interesaban.

La influencia del anterior presidente socialista en este Gobierno es cada día mayor. No sólo ha colocado a hombres suyos, como Oscar López o Antonio Hernando, en el núcleo duro de Moncloa, sino que él mismo se ha convertido en el mejor propagandista de las políticas del Gobierno. Parece increíble cómo cambian las cosas. Zapatero, que hizo todo lo posible para echar a Sánchez del PSOE y del poder, ahora ha acabado por convertirse en su refugio. Otra prueba de que el PSOE, como partido, está en fase terminal.