Aunque ustedes no lo crean, todavía existe una posibilidad de que el Gobierno y el PP lleguen a un acuerdo sobre la Justicia. Es mínima, pero aún hay un resquicio de luz, según reconocen fuentes de la negociación, ahora «congelada».

No todos los puentes están rotos, porque hay aspectos de la negociación muy importantes que ninguna de las dos partes ha revelado a la opinión pública, y esa discreción se considera como una muestra de que no todo está perdido.

Aunque han pasado desapercibidos en el fragor de la batalla, Félix Bolaños y Esteban González Pons, con el conocimiento del presidente del Gobierno y del líder de la oposición, plantearon un temario extenso, que iba mucho más allá de la simple renovación de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la renovación de miembros del Tribunal Constitucional (TC). Es cierto que sobre esos dos temas había ya un consenso, que está plasmado en un acuerdo por escrito, aunque lógicamente todavía sin firma. Están los nombres, aunque no los de sus presidentes, tanto de los nuevos miembros del tribunal de garantías como los del órgano de gobierno de los jueces. En el asunto de los presidentes se fue muy cuidadoso, porque deben ser los miembros del TC y del CGPJ los que deben decidir sobre ese aspecto.

Como contamos hoy en El Independiente, en la reunión que dio el pistoletazo de salida a esta negociación, ahora congelada, que se produjo en el Palacio de la Moncloa el pasado 10 de octubre y en la que estuvieron presentes Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, el ministro de la Presidencia y el vicesecretario general del PP, el presidente se comprometió -y eso está recogido en el acuerdo- a no pactar la reforma de la Justicia con ERC, e incluso a consultar previamente con el líder de la oposición los nombres que propondría para magistrados del TC.

Hablamos de reforma de la Justicia porque en el acuerdo -e insisto, por escrito- se abordaron dos temas muy importantes: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la del Estatuto Fiscal. En la primera, por ejemplo, se contempla la introducción del compromiso del CGPJ para elaborar un informe en el que, por dos tercios, se especifique cómo sería el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Aquí hubo mucha disputa y no se llegó a un acuerdo, ya que el PP quiere que se especifique que los 12 vocales jueces y magistrados del CGPJ los nombren los jueces, y el Gobierno quería que esa fuera sólo una de las opciones. Pero se avanzó, y mucho. Hasta el punto de contemplar la creación de 1.000 nuevas plazas de jueces.

Por otro lado, en el Estatuto Fiscal acordado se dice explícitamente que el Fiscal General del Estado no puede ser alguien que provenga directamente de la política, lo que haría imposible repetir casos como el de Dolores Delgado.

En la negociación, no sólo se habló de nombres, sino de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal. En el acuerdo escrito, aunque no firmado, se contempla la creación de 1.000 plazas de jueces e impedir que el Fiscal General del Estado provenga de la política

Es decir, que estamos hablando no sólo de nombres, sobre los que hay consenso, y entre los que, para el CGPJ, no figura el de Victoria Rosell, con la luz verde para este veto de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Estamos ante una reforma en profundidad del sistema de administración de la Justicia. Algo que necesita este país.

Es también esa conciencia de que un acuerdo sería bueno para el conjunto de los ciudadanos, y para jueces y fiscales, lo que lleva a los negociadores a mantener ese deseo de retomar el diálogo.

Es evidente a estas alturas que tanto Sánchez como Feijóo han sufrido presiones internas y externas para mandarlo todo al garete. Si en el PP la actitud abiertamente contraria de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de algunos medios de comunicación ha influido en la decisión de romper del líder del PP, Sánchez no sólo ha tenido en contra, naturalmente, a ERC y a Podemos, sino que, dentro de Moncloa, han existido tensiones entre el Gabinete del Presidente (Oscar López) y el ministro de la Presidencia.

Por mucho que los boicoteadores aplaudan a Feijóo, está claro que firmar un acuerdo sobre la Justicia beneficiaría su perfil de hombre de Estado, de líder político que es capaz de aguantar presiones insoportables, y estas no serán las últimas.

Por otro lado, el presidente es consciente de que declarar una guerra abierta al PP, cuando todavía queda más de un año para las elecciones generales, no es una buena idea. Sobre todo, si los que se benefician de ello son los independentistas. Según una encuesta publicada el pasado fin de semana por El Mundo, el 57,4% de los españoles -entre los que hay un 49% de votantes del PSOE- está en contra de que se rebajen las penas por el delito de sedición.

Por tanto, aunque sea mínimo, sí hay un resquicio de esperanza.