Opinión

La Constitución vive el peor momento desde su aprobación

Aizpurua pasa por delante de Díaz y Montero en el Congreso.

Aizpurua pasa por delante de Díaz y Montero en el Congreso. EP

La Constitución está amenazada por tierra mar y aire por los socios del Gobierno y con la conformidad del propio Gobierno que se suma a los ataques a la Carta Magna con el descaro de quien no le importa mentir a la ciudadanía si con ello se mantiene en el poder.

La última y trágica escenificación de ese escenario fue la del espectáculo del PSOE en pleno levantándose en las Cortes para evidenciar que todos a una apoyaban la supresión del delito de sedición del Código Penal. Eso es mentira, hay centenares de diputados, entre las asambleas autonómicas y el Congreso, que no secundan tal supresión, pero, y ahí está el drama de nuestra izquierda, la disciplina de voto puede más que las convicciones personales.

Ya lo vimos cuando se aprobó el Estatuto de Cataluña en las Cortes Generales: ningún diputado, ninguno, de los que había echado pestes contra el Estatuto resultante se atrevió a rechazarlo. Incluidos Alfonso Guerra, Txiqui Benegas, Francisco Fernández Marugán y Joaquín Leguina, que votaron a favor «por disciplina» cuando habían sido muy críticos con el texto resultante.

Esta semana ha pasado lo mismo. Decenas de diputados socialistas están en contra de la supresión del delito, pero la disciplina de voto prima sobre cualquier consideración moral.

Decíamos antes que la Constitución está asediada por tierra mar y aire. Sólo unos cuantos ejemplos. El principio de que un país tiene una lengua común que debe estudiarse a lo largo del periodo de formación en España está roto desde hace mucho tiempo, y nos encontramos con que en una parte de España -parte creciente porque en Baleares y en Valencia se está extendiendo la exclusión del castellano, aunque no con la ferocidad de Cataluña- se han hecho leyes en las que se califica al castellano como lengua curricular lo cual la excluye de la categoría de lengua vehicular que sí tiene el catalán.

El propio Gobierno se suma a los ataques a la Carta Magna con el descaro de quien no le importa mentir a la ciudadanía si con ello se mantiene en el poder

El recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox duerme el sueño de los justos como otros muchos recursos por la decisión de todos los magistrados de esperar a que se resuelva la renovación del Alto Tribunal que está en el origen de un sin fin de controversias referidas al Poder Judicial.

Lo está también la ley que aprobó el Congreso en julio de 2022 por la que el CGPJ no puede efectuar nombramientos. Esta ley, que mantiene a los tribunales en cuadro, está paralizada junto con la ley del catalán como exclusiva lengua vehicular por decisión de los magistrados, «todos a una», que componen el Alto Tribunal.

La cesión de las transferencias a la Policía Autonómica de Navarra, petición hecha por Bildu, y aquí la cosa tiene que ver con el origen de la petición más que con le petición misma, resulta indecente.

Bildu está integrada por antiguos etarras como Otegi y Arkaitz Rodríguez y otros muchos etarras que no han colaborado en el esclarecimiento de más de 300 asesinatos de ETA. Pero es que han asesinado a muchos guardias civiles que han muerto por defender la libertad de todos.

Los que asesinaron a tantos guardias civiles en el país entero son los que finalmente los expulsan parcialmente, que es lo que llevan años reclamando a base de asesinatos. Argumentar que se trata del cumplimiento estricto de la Constitución, como ha intentado hacer Pedro Sánchez, cae de lleno en la indecencia.

Y esto es solo el principio, llegará la expulsión plena de la Guardia Civil si lo necesita Pedro Sánchez para que le voten alguna de las leyes más controvertidas, y ésas son legión, en este final de año.

Pero no acaba aquí la cosa. La semana pasada se aprobó en las Cortes la toma en consideración de la supresión del delito de sedición. Con una particularidad: dado que es una proposición de ley y no un proyecto de ley, por lo tanto generada por uno o varios grupos parlamentarios, no requiere de los preceptivos informes del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial.

Es una estratagema del Gobierno para eludir esos informes que, aunque no son vinculantes, son preceptivos si se trata de un proyecto de ley, generado por el gobierno. Esta estratagema tiene el objetivo de eludir las críticas que sin duda saldrían de ambos organismos de control legislativo.

La supresión del delito de sedición tiene muchas variantes, la menor de las cuales no es la entrada de Puigdemont en la cárcel por un tiempo limitado, habida cuenta de que habría que aplicarle el indulto que se ha aplicado a los demás condenados por el Tribunal Supremo, contra la opinión del Tribunal Supremo.

Es que la sentencia del Alto Tribunal quedaría anulada por la nueva legislación, con lo cual la autoridad de nuestros tribunales quedará en entredicho porque es el propio Gobierno quien le desautoriza ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. La sentencia, con arreglo al Código Penal vigente, fue primero desautorizada por los indultos y ahora con la supresión del delito de sedición.

España quedará rota en dos o tres pedazos de aquí a nada. Esta es la consecuencia más grave de la extraordinaria facilidad de este Gobierno de pactar con unos y con otros

Pero aún hay más. Si la Unión Europea pudo negarse a reconocer la independencia del otoño de 2017, ahora con la supresión del delito de sedición no habrá autoridad europea que se niegue a desautorizar al Estado español cuando tipifica el delito como uno de «desórdenes agravados» ni cuando sea autorizada la celebración de un referéndum, lo cual llegará con la «desjudialización» plena.

Y eso es así porque el gran obstáculo de la UE para el reconocimiento de un referéndum de autodeterminación es la negativa del país involucrado a que el tal referéndum se lleve a cabo.

Es lo que ha pasado con el referéndum de Escocia por más que las razones para la secesión de Escocia del Reino Unido estén en el abandono decidido por una parte del país de la Unión Europea. Han sido los tribunales del Reino Unido los que han dejado sentada la necesaria autorización de la consulta.

En nuestro caso, no hay otra razón que la cesión de «desjudicializar» los delitos cometidos por los independentistas, con el propósito confesado una y mil veces de que lo volverán a hacer. Si desde el Gobierno se cede en esa cuestión trascendental no habrá ningún país de nuestro entorno que se oponga a una decisión adoptada desde el epicentro del poder.

Con lo cual España quedará rota en dos o tres pedazos de aquí a nada. Esta es la consecuencia más grave de la extraordinaria facilidad de este Gobierno de pactar con unos y con otros como si no tuviera trascendencia más allá de la inmediata.

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