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Puigdemont, en la recta final para volver inmune o extraditado

Carles Puigdemont EFE

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dejado vistos para sentencia los dos recursos planteados por Carles Puigdemont, Toni Comin y Clara Ponsatí contra la retirada de su inmunidad como europarlamentarios. El ex president fugado se acerca así al final del largo proceso judicial emprendido ante los tribunales europeos para conseguir una inmunidad que, según su entorno, le permita regresar a España inmune al Tribunal Supremo. Si fracasa tanto en el recurso ante el TGUE como en la vista de las prejudiciales del TJUE, se despejará el camino para que el Tribunal Supremo haga efectiva, finalmente, la extradición del líder del 1-O.

Puigdemont, Ponsatí y Comin disfrutan en la actualidad de la inmunidad, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les devolvió de forma cautelar tras la detención del ex president en Cerdeña (Italia), a la espera de resolver la consulta prejudicial planteada por el juez Pablo Llarena.

Pero han recurrido ante el TGUE el suplicatorio ya aprobado por el Parlamento Europeo para retirarles esa inmunidad. También la decisión inicial del anterior presidente de la eurocámara, David Sassoli, de no concederles el acta de diputado. El Tribunal General debería emitir su fallo entre febrero y marzo del próximo año.

Qué pasa ahora

Si el TGUE da la razón a los dirigentes independentistas y anula el suplicatorio -algo que no ha sucedido nunca- recuperarían la inmunidad. Pero si el tribunal falla a favor del Parlamento Europeo, los reclamantes podrían presentar recurso ante el TJUE, alargando el proceso y la vigencia de la inmunidad cautelar. El proceso podría prolongarse así hasta prácticamente el fin del mandato de Puigdemont en el Parlamento Europeo.

Además, en caso de que el TGUE desestime los recursos de Puigdemont, Comin y Ponsatí todavía seguirá pendiente la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las prejudiciales. En ellas, Llarena pregunta al TJUE si un estado miembro puede entrar en el fondo de la cuestión ante una petición de extradición, como hizo la justicia belga en el caso del ex consejero Lluís Puig.

Son dos procesos paralelos, que explican por qué se mantiene la inmunidad, pese a la aprobación del suplicatorio en el Parlamento Europeo en marzo de 2021. Pero si el abogado Gonzalo Boye consigue ahora un pronunciamiento favorable de la justicia europea los defensores de Puigdemont creen que el Tribunal Supremo debería acatar también esa inmunidad y suspender la persecución judical del ex president.

Se abriría así la posibilidad de volver a España y recuperar su papel como líder del independentismo. Empezando por recuperar el liderazgo de Junts, cedido el pasado verano a Laura Borràs, para plantar batalla a Esquerra investido de nuevo como campeón de la estrategia de confrontación con el Estado frente a la vía negociadora de Esquerra.

Boye denuncia la «mala fe» contra Puigdemont

Con este horizonte sobre la mesa, Boye ha desplegado esta semana todas sus armas jurídicas en defensa de la inmunidad de Puigdemont. Ha utilizado la sentencia del TJUE sobre el caso de Oriol Junqueras, la supuesta parcialidad de la Comisión Jurídica del PE presidida por el eurodiputado de Cx Adrián Vázquez y las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la reforma del Código Penal para demostrar que Puigdemont es miembro de una «minoría política» que ha sufrido «persecución política» de España amparada por el Parlamento Europeo.

También el uso del programa Pegasus para espiar a los líderes del independentismo, del que el propio Boye fue víctima según el informe de Citizen Lab. El abogado rechazó además que Puigdemont tomara posesión del acta de diputado de forma «ilegal» como afirmó el letrado del Parlamento Europeo, al que acusó de seguir una estrategia «poco ética».

«No ha habido ningún acto de generosidad» defendía Boye tras la vista de cinco horas ante el TGUE. «Le ganamos el 20 de diciembre de 2019 con las medidas cautelares que nos han permitido llegar hasta aquí».

Boye defiende además que Sassoli no actuó correctamente al no tramitar la inmunidad de los tres ex miembros del Govern, lo que permitió a Llarena dictar las euroórdenes de detención tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O.

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