Al igual que hay un colesterol malo y otro bueno, el Gobierno quiere introducir en el Código Penal una discriminación similar para el delito de malversación. Habrá una malversación mala, que será duramente castigada y que afectará a los malversadores que se queden con el dinero; y otra buena, una especie de pecadillo menor, aplicable a los que utilizan el dinero público para fines distintos a los que debería ir destinado.

Habrá que esperar unos días para que ERC presente su enmienda en el Congreso para entrar a fondo en los pormenores de esa «cirugía de precisión» que reclama Gabriel Rufián y que consiste en que la nueva definición del delito deje fuera a los condenados del procés. Lo que ya sabemos, por boca del presidente Sánchez en corrillo con periodistas en el Congreso el pasado día 6, es que él está dispuesto a explorar esta vía de «desjudialización», que se completaría con la abolición ya anunciada del delito de sedición. El objetivo, en pocas palabras, es que Oriol Junqueras pueda presentarse a las próximas elecciones catalanas, previstas, en principio, para 2025. Despenalizar la malversación a la que fueron condenados los líderes del procés por el Tribunal Supremo lleva aparejada la supresión de la condena de inhabilitación. De esta forma, en la práctica, lo que consiguen los independentistas a cambio de su apoyo al Gobierno es una amnistía encubierta.

Admitir un amoldamiento «quirúrgico» del Código Penal supone, ni más ni menos, que cargarse una de las bases del derecho: la justicia debe ser igual para todos.

Entrar en la dinámica despenalizadora implica, además, asumir uno de los argumentos nucleares de la defensa de los independentistas: que lo que ocurrió en los meses de septiembre y octubre de 2017 no fue delito. Es una forma burda de convertir en papel mojado la sentencia del Tribunal Supremo, hacer tabla rasa de la separación de poderes.

Por la vía de los hechos, los independentistas condenados por el procés van camino de lograr la ansiada amnistía

Si la doble reforma se lleva a cabo, y el PSOE y sus socios tienen mayoría suficiente como para hacerlo, se habrá dado un paso decisivo en el desmantelamiento de los instrumentos jurídicos del Estado para defenderse frente a sus enemigos. Y no olvidemos que los condenados han reiterado que lo volverán a hacer.

Será un triunfo del populismo más obsceno, con un beneficiario claro (Sánchez), y con el aplauso de los socios del PSOE en el Gobierno de coalición, que han calificado a los jueces de «fascistas con toga». La misma basura de la que ha echado mano Cristina Fernández de Kirchner (CFK) tras ser condenada por defraudación al Estado de 470 millones de euros. La vicepresidenta argentina, que no ingresará en prisión porque está protegida por su fuero, también habla de «Estado paralelo y mafia judicial». Irene Montero, Ione Belarra, Pablo Echenique y Pablo Iglesias se han lanzado en tromba a denunciar el atropello judicial y mediático contra su «compañera». Cuando vemos la intervención de CFK en la televisión, nos parece estar viendo una película, o un viaje en el tiempo. Pero no estamos tan lejos. En Argentina, por el momento, nadie ha planteado una reforma del Código Penal que elimine la defraudación al Estado como delito. Aquí sí.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, recurrió ayer a un ejemplo pueril para justificar la despenalización de la malversación cuando no sea para enriquecimiento del que la ejerce. Imagínense, vino a decir, a un alcalde que utiliza los fondos europeos para pagar las nóminas de sus funcionarios. ¿Y por qué no despenalizamos el hurto cuando se practique para alimentar a la familia del delincuente?

Un fiscal del Tribunal Supremo me ponía hace unos días ante la siguiente disyuntiva: «¿Qué es más grave: que un funcionario malverse dinero público para financiar un golpe de Estado, o que ese mismo funcionario utilice ese dinero para comprarse un chalet de lujo?».

Da un poco de vértigo entrar en la casuística de establecer la gravedad del delito en función del uso que haga el delincuente del dinero malversado al erario público.

La única razón por la que el Gobierno decidió no respaldar desde un primer momento la abolición de la sedición y la modificación a gusto de ERC del delito de malversación fue el miedo a que ese paquete pudiera suponerle un desgaste electoral mayor que el beneficio obtenido por el respaldo de los independentistas al presupuesto.

Pues bien, ese miedo ya ha desaparecido. Todo gracias a la encuesta absolutoria publicada por El País el pasado martes. Según la empresa que dirige Belén Barreiro (que fue presidenta del CIS en tiempos de Zapatero), el PSOE y el PP estarían en «empate técnico», ya que temas como la abolición del delito de sedición o la polémica respecto a las reducciones de pena a violadores por la aplicación de la ley del «sólo sí es sí» no han afectado al respaldo al Gobierno, ya que, según el barómetro de 40dB, hay un respaldo nítido a las medidas económicas de Sánchez que compensa con creces el posible desgaste por esos otros asuntos.

El Gobierno se cree a pies juntillas ese argumento y cree que la polémica por la malversación se diluirá con el tiempo, compensada por el nuevo paquete económico que el presidente planea poner en marcha a principios de 2023.

Cada uno cree lo que quiere creerse. Pero la realidad -también las encuestas más serias- va por otro lado.