La cuestión nacional, el modelo de Estado, ocupa en esta campaña un discreto segundo plano. Pedro Sánchez despacha el tema en sus ya repetitivas apariciones en los medios con un argumento simple: "Las cosas están ahora mucho mejor de lo que estaban en 2017". Feijóo le recuerda al presidente las modificaciones del Código Penal o los indultos como precio a pagar por el apoyo de ERC, y la colaboración de Bildu para la aprobación de algunas leyes. Pero tanto el presidente como el líder de la oposición olvidan que el aparente reflujo del soberanismo es sólo coyuntural. La etapa que se abre a partir del 23-J puede significar un cambio esencial en la dinámica de confrontación con el Estado.

Los números son testarudos y muestran que, por un lado, la mayoría absoluta de la derecha (PP+Vox) no está garantizada y que, por otro, Sánchez necesitaría, además del apoyo de Sumar, el sí de ERC, JxC, PNV y Bildu para ser investido. Es decir, que, si Sánchez suma, tendríamos un renovado Frankenstein en el que los partidos independentistas elevarán sin duda el precio de su aval.

Hay diversos factores que llevan a pensar que si Sánchez gobierna de nuevo, la cuestión nacional volvería al primer plano de la agenda política.

El elemento fundamental es que nunca antes ha habido un gobierno tan débil y necesitado del respaldo independentista para mantenerse en el poder. Sánchez podría caer en cualquier momento si ERC, Bildu y JxC le retirasen su apoyo porque, según todas las encuestas (exceptuando la del CIS), PP y Vox tendrían bastantes más diputados que PSOE y Sumar juntos.

Pero hay, además, dos hechos que hacen pensar que las reivindicaciones independentistas serían aún más exigentes de lo que lo han sido hasta ahora. La primera de ellas es que ERC, el partido que apostó por la negociación y el establecimiento de una mesa de diálogo con el Gobierno central, está en franco retroceso (con una pérdida de cinco escaños, según la media de los sondeos), mientras que el partido que ha mantenido vivo el procés, JxC, con el prófugo Puigdemont al frente, se mantiene firme y empataría con los republicanos en escaños. Eso deja a ERC ante la disyuntiva de mantener abierta la vía del diálogo con el Gobierno y seguir perdiendo votos, o dar una vuelta de tuerca exigiendo a Sánchez la convocatoria de un referéndum con fecha en el calendario.

Otro tanto sucede en el País Vasco, donde Bildu, el partido que exige con más ahínco la independencia, supera ya en los sondeos al PNV, el nacionalismo moderado para el que la separación de España es una meta casi platónica. Los dos independentismos, el vasco y el catalán, irán de la mano y si uno da un paso al frente, el otro no se querrá quedar atrás.

Pero hay algo más que hace factible, en ese escenario de un Gobierno presidido por Sánchez, que los independentistas aspiren a algo más de lo que, hasta ahora, estaban dispuestos a aceptar: la posición de Yolanda Díaz.

Aunque la cuestión nacional apenas si ocupa dos folios de los 200 del programa de Sumar, lo que en ellos se dice es suficiente como abrir la puerta a la reclamación de un referéndum, como ya han avisado algunos líderes de los Comunes -un grupo con mucho peso en el conglomerado que preside Díaz-. En el programa de Sumar se habla de "un nuevo contrato territorial que asuma y actualice la complejidad y diversidad del país". Nada se dice específicamente del País Vasco (se nota que no hay ningún partido abertzale en la coalición), pero sí de Cataluña: "El pacto político entre Catalunya y el Gobierno del Estado tiene que ser votado por la ciudadanía de Catalunya".

La perspectiva de repetición de la fórmula Frankenstein daría a los independentistas una fuerza que nunca antes tuvieron. El precio de su aval subirá porque Sánchez necesitará sus votos para mantenerse en el poder

Ese "nuevo contrato territorial" debería llevar en buena lógica a una reforma de la Constitución, como apunta el propio programa de Sumar.

Sánchez va a tener muy difícil rechazar una negociación con sus socios para revisar el Estado de las autonomías, tal y como lo concibe la Constitución de 1978.

El programa del PSOE pasa de puntillas sobre Cataluña y la cuestión nacional: menos de dos folios, de un total de 263, y plagados de generalidades. Ni siquiera se habla de la mesa de diálogo con la Generalitat. Lo importante se resume en dos párrafos: "En estos años, el Gobierno socialista ha afrontado con valentía el gran conflicto que se generó durante el Gobierno del PP en España, y ha trabajado por recuperar la convivencia y construir un proyecto de país en el que tengan cabida todos los territorios... La derecha y la extrema derecha quieren hacernos olvidar que han sido gobiernos socialistas los que han logrado poner fin a los retos independentistas". Eso es todo.

Es verdad que hay dos elementos objetivos que han obligado al independentismo a replantearse en su estrategia. El fracaso evidente de la Generalitat por implicar a Europa en el conflicto, ya que todos los gobiernos e instituciones de la UE se alinearon sin fisuras con el Gobierno del Estado; y, por otra parte, la pérdida de atractivo de la independencia entre la población, aspiración que cuenta ahora con menos apoyo tanto en Cataluña como en el País Vasco.

Pero la cuestión nacional sigue ahí y el peso del independentismo como fuerza política no sólo no ha disminuido, sino que ha crecido. Bajo un aspecto más risueño y menos amenazante, pero con la independencia de Euskal Herría como objetivo, EH Bildu gana espacio en la sociedad vasca a costa del PNV y de las ruinas de Podemos. Por su parte, ERC se resiste a pactar con Comunes y con el PSC sobre la base de un programa de izquierdas porque eso dejaría el terreno libre del independentismo a JxC. Hasta Pere Aragonés ha dicho que el referéndum de autodeterminación se pondrá sobre la mesa si Sánchez sigue en la Moncloa después del 23-J.

Núñez Feijóo tuvo ayer que rectificar unas declaraciones hechas a los medios del Grupo Mol (El Periódico) en las que abría la posibilidad a mantener la mesa de diálogo con la Generalitat, aunque con un contenido distinto al que tiene ahora. Los resbalones en este asunto siempre salen caros.

Desde la izquierda se argumenta que la perspectiva de un Gobierno de PP y Vox sería aún peor, ya que aceleraría la reclamación de independencia tanto en Cataluña como en el País Vasco. Todo depende de la fortaleza del próximo Gobierno. Pero una cosa está clara, más temprano que tarde, la cuestión nacional volverá al primer plano político. Y la gran diferencia respecto a lo que ocurrió en 2017 (cuando se aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución) es que ahora no hay consenso entre los dos partidos mayoritarios.