Despejada ya la niebla de la batalla, o despejada en parte, hay algo que no puede hacerse de continuo que es gobernar a base de decreto y sino incluso a base de proyecto de ley guardado en el cajón de los justos, que es como ha gobernado este presidente del Gobierno llamado Pedro Sánchez.

Necesita hablar más, negociar más, porque está vendido y nosotros con él. Digamos de entrada que es competencia del Estado la cesión completa de las competencias de inmigración. Algo que no se puede hacer porque es "una capitulación constitucional en toda regla, y generará un conflicto competencial entre comunidades autónomas y cuerpos de seguridad", dijo ayer Núñez Feijóo.

¿Por qué razón? Pues por la razón de que esas son competencias propias de un Estado y entonces tendrían que convertir a este cuerpo en una Policía Nacional "Porque van a participar en el control de fronteras y tendrán acceso a todas las bases de datos internacionales, e implica la desaparición de las últimas comisarías de Policía Nacional en Cataluña, que sólo llevaban ahora Extranjería e Inmigración" dijo ayer el líder del PP. Pero eso es lo que pretende Carles Puigdemont en una rebatiña verdaderamente lamentable que fue la que se nos ofreció ayer.

Pero la tercera parte del botín está en la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil según la cual si un juez ofrece cualquier duda sobre algún tipo de norma al derecho comunitario, la sentencia quedará en suspenso mientras la norma no queda aclarada en su totalidad le guste al señor Puigdemont o no le guste.

Josep Borrell, que de esto sabe un poquito, dijo que no existían en España ese tipo de contabilidades y que habría que hacerlas ex profeso

O para el inmediato sometimiento de las balanzas fiscales, que parece que se las estemos negando a Cataluña y facilitándose a las demás porque es una cosa muy compleja que requiere muchos cálculos y que en una entrevista memorable con Mònica Terribas, Josep Borrell, que de esto sabe un poquito, dijo que no existían en España ese tipo de contabilidades y que habría que hacerlas ex profeso.

De una tacada, por resumir, les ha entregado la delegación integral de las competencias de inmigración; se ha comprometido a publicar inmediatamente las balanzas fiscales; a suprimir el artículo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento Civil que, según Puigdemont, hacía peligrar su amnistía; reformar la ley de Sociedades de Capital para empujar a las empresas que retiraron su sede social de Cataluña a que retornen; a reducir el IVA del aceite de oliva al 0%; a quintuplicar el dinero para la digitalización de la Justicia; a reconocer los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local y finalmente asumir a costa del Estado la totalidad del coste de los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público.

Y eso por unos decretos que llevaban implícitos todos los asuntos que les concernían a los miembros del Gobierno y a todos nosotros, unos decretos un de los cuales se llamaba omnibus en lenguaje coloquial por la cantidad de asuntos que contenían.

Y así no se puede gobernar