Lo acontecido ayer en el Congreso es la foto fija perfecta de lo que puede ser una legislatura para un gobierno con tan solo 137 diputados. El Grupo Popular perdió dos importantes votaciones con la abstención del único partido que ha apoyado la investidura de Mariano Rajoy, Ciudadanos. La lectura de esta doble derrota es unívoca: de gobernar en solitario se trataría de una “legislatura inestable, cogida con pinzas, amenazada por elecciones o por una moción en seis meses”.

Lo dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al abandonar el Hemiciclo: “No se trata de ser investido y de que al día siguiente te presenten una moción de censura”, alertó.

No se trata de ser investido y de que al día siguiente te presenten una moción de censura»

El Congreso sacó adelante la petición de la derogación de la Lomce -que Rajoy estaba dispuesto a renegociar en caso de ser investido- y de la prisión permanente revisable, con los votos a favor de toda la oposición y la abstención, en de los dos casos, de Ciudadanos. Es más, de salir adelante esta legislatura, el Gobierno estará obligado a retirar ambas leyes, también a conformar una comisión de investigación sobre la supuesta “policía política” de Fernández Díaz destinada a contrarrestar el órdago independentista catalán, tal y como se aprobó hace dos semanas.

Hoy por hoy, todas estas votaciones son papel mojado si no hay Gobierno. Todas decaen con la disolución de las Cámaras a finales de mes. Todo ello son argumentos en el PP a favor de una nueva consulta electoral, aún conscientes de que sería “humillante” para la imagen exterior de España, tal y como admitió el propio presidente del gobierno en funciones el pasado lunes durante la reunión del comité de dirección de su partido.

Por eso piden “garantías” de que el PSOE no sólo se abstenga sino que se siente a negociar una serie de capítulos, entre otros, el de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Aunque el plazo para presentar las cuentas a tiempo ha caducado, un gobierno en plenitud de sus funciones puede ir sacando adelante una serie de decretos leyes, tal y como hicieron en 2012, nada más constituirse el Ejecutivo tras ganar las elecciones del 20-N.