Primero fue Rita Barberá. Después José Manuel Soria. Y ahora ha sido la estrategia de defensa del PP en el primer juicio de la Gürtel, que arrancó el pasado día 4, la que ha soliviantado a los terceros niveles del PP. El grupo de vicesecretarios populares considera «una cagada total» la estrategia de defensa del letrado que representa al PP, sentado en el banquillo en calidad de supuesto partícipe a título lucrativo. Jesús Santos, que llegó a ser teniente fiscal de la Audiencia Nacional, reclamó la nulidad de todo el proceso «por indefensión», uniéndose en esta estrategia a la que siguen los abogados, entre otros, del ex tesorero Luis Bárcenas o del ex secretario general del PP gallego y socio de Francisco Correa, Pablo Crespo.

Eso sin contar con que ha dado pie a que una de las fiscales del caso, Concepción Sabadell, haya insistido, en un tono bastante agrio, que el PP «es quien se vio beneficiado por los fondos procedentes del cohecho y la malversación (estimados en 245.000 euros) , y no los grupos municipales de Pozuelo y de Majadahonda».

«Ha sido un error que ha debido cocerse en las altas instancias, porque a nosotros nadie nos consultó sobre esto»

No cuestionan estos vicesecretarios, entre los que cabe excluir al veterano Javier Arenas, que se defienda que Génova no se benefició a título lucrativo como que se pretenda la nulidad del proceso. Una posición que, desde luego, desmiente el discurso sobre la plena colaboración del PP con la justicia y equipara al partido en el gobierno con el resto de los acusados. En definitiva, «ha sido un error que ha debido cocerse en las altas instancias, porque a nosotros nadie nos consultó sobre esto», lamenta uno de los vicesecretarios en conversación con El Independiente.

No se habló de este asunto en la reunión del comité de dirección de ayer por la mañana, centrado fundamentalmente en las vicisitudes de la futura, pero aún hipotética, investidura de Mariano Rajoy. Ninguno de los cuatro, esto es, el responsable de Organización, Fernando Martínez Maíllo; el de Comunicación, Pablo Casado; el de Sectorial, Javier Maroto ni la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, aludieron al tema.

Eso sí, conscientes de su malestar, les han hecho llegar el mensaje que desde el punto de vista procesal, «era una petición que había que hacer ahora si el PP tuviera que acudir, en el futuro, a un recurso de amparo», tesis sobre la que discrepan. Los asesores del partido han elaborado, fuera de los cauces habituales, un argumentario jurídico sobre la postura procesal del partido, texto muy criticado internamente por no tener en cuenta las consecuencias políticas de determinadas estrategias de defensa.

Los servicios jurídicos del PP defienden en un documento interno la petición de nulidad incluso, la coincidencia con otros abogados de la Gürtel

En el mismo, señalan que no es extraño que «constituya argumento esencial de las defensas combatir desde el principio, y en todo caso desde que se cometió el delito de prevaricación (en referencia al primer instructor de la causa, el juez Garzón, hoy inhabilitado), todo lo actuado debe declararse nulo porque está contaminado por unas pruebas ilícitas y delictivas».

Admite el texto, al que ha tenido acceso El Independiente, que el PP «se ha adherido a las defensas que han denunciado las violaciones de derechos fundamentales en la instrucción del proceso Gürtel», pero que esta «defensa técnica de la posición procesal»  «no pretende en absoluto buscar la impunidad de nadie», aunque no ha evitado que la coincidencia en las estrategias procesales se haya considerado de connivencia con el resto de los acusados.

Otro texto interno, este más al uso, defiende que el auto de la Sección cuarta de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional «recuerda que, la figura del partícipe a título lucrativo, exige que éste ignore la existencia del delito, del que supuestamente proceden sus efectos. Se trata de una obligación civil que no tiene su origen en la participación en el delito”, aducen. Asimismo consideran que «ahora es el momento de las responsabilidades penales porque las políticas ya se han dilucidado hace tiempo», aunque parecen ajenos a la lectura en clave política que se hace del juicio.

«La presencia del Partido Popular en esta causa es a los efectos de responsabilidad civil en una parte de la misma. La supuesta responsabilidad derivaría de la organización de actos políticos para las campañas electorales municipales de algunos cargos públicos locales sin conocimiento, ni autorización y al margen del control económico del Partido Popular» señala en otro de los puntos del segundo texto interno.

 Es la tercera vez que cuestionan la estrategia de Rajoy. Ya ocurrió con Barberá y Soria

Esta es la tercera vez que los vicesecretarios que aterrizaron en Génova como emblema del relevo generacional discrepan profundamente de la estrategia de su partido y, por tanto, de la de Mariano Rajoy. La primera vez que se vio con toda su crudeza fue cuando saltó el «caso Taula», que salpicó a todo el equipo de la ex alcaldesa valenciana Rita Barberá. Entonces no solo no les satisfizo la explicación de la ex regidora sino que reclamaron que dejara el escaño en el Senado. Luego fue la controvertida designación de José Manuel Soria como uno de los directores ejecutivos del Banco Mundial. Estuvieron a punto de montar una rebelión que sólo frenó la disponibilidad de Luis de Guindos de acudir al Congreso a dar explicaciones.

La sombra de la Gürtel planea sobre Génova aunque la sensación de sus principales dirigentes, también de los «díscolos» vicesecretarios, es que «está bastante amortizado». Y aunque su cabecilla, Francisco Correa, ha amenazado con «tirar de la manta» «no puede hablar de nada que no esté en los autos o acusar a nadie que no esté acusado salvo que aporte pruebas», dicen en Génova, lo que está por ver.