La negociación de los presupuestos catalanes avanza entre el Gobierno de Carles Puigdemont y la CUP. Pero el coste de ese acuerdo lo pagarán los Mossos d’Esquadra y, muy especialmente, su cabeza visible, el conseller de Interior Jordi Jané. Así ha quedado demostrado hoy, de nuevo, en el Parlamento catalán, donde el grupo de JxS que da apoyo al ejecutivo autonómico ha votado prácticamente la totalidad de una moción presentada por la CUP bajo el elocuente título «Verdad. Justicia. Reparación. Contra la impunidad y las vulneraciones de los Derechos Humanos por parte de los cuerpos de seguridad».

Se trata de la moción subsiguiente a la interpelación realizada ayer por la CUP al conseller Jané, en la que le afearon la actuación de los Mossos en la detención de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, o el último desalojo de una casa okupa en Barcelona. El texto compromete al Govern a publicar en la web de Interior los casos de muertos bajo custodia policial, que insta al Sínde de Greuges a velar por el correcto tratamiento de las denuncias de vulneración de derechos humanos de los cuerpos policiales que actúan en Cataluña, obliga a revisar los protocolos de detención de los Mossos o «insta al Govern a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades políticos en materia de seguridad ciudadana por parte de los Mossos, interpretando la legislación en el sentido de proteger el derecho a la disidencia».

Un texto que, para el policía y diputado de C’s, Carlos Sánchez, «ofende profundamente a los policías» porque presupone la vulneración de la ley por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que está pensado, como ha señalado el socialista Carles Castellví, «como una moción contra el Departamento de Interior, dentro del teatro de las relaciones» entre JxS y la CUP.

El portavoz del PP, Alberto Villagrasa, ha denunciado la moción como «un despropósito y una falta de respeto a los Mossos y ha criticado que la enmienda presentada por su grupo, en la que simplemente se dejaba constancia «reconocimiento y apoyo» a la labor de la policía autonómica, no haya contado con el apoyo del gobierno catalán.

JxS sí se ha opuesto a crear un observatorio de control y sanción sobre los Mossos, a hacer públicos todos los expedientes disciplinarios dentro del cuerpo y a prohibir las «técnicas de dispersión» en las manifestaciones. Y su portavoz ha proclamado en su intervención la defensa de la labor de la policía autonómica como «policía de país», tras advertir de que «no se puede generalizar la duda sobre la actuación de todo el cuerpo»; que es justo lo que veía la oposición en el texto aprobado.