La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha solicitado comparecer de forma voluntaria ante la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar acerca del dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Yakolev 42, según han informado fuentes de su departamento.

Además de esta solicitud de comparecencia, Cospedal ha ofrecido a los familiares de las víctimas mantener la próxima semana el encuentro que el pasado martes le solicitaron después de que se hiciera público el dictamen del Consejo de Estado en el que, por primera vez, se alude a la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el accidente, que se produjo en Turquía el 26 de mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán.

La asociación solicitó en la tarde de ayer la entrevista con Cospedal, horas después de conocerse el dictamen del Consejo de Estado en el que se responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42, que se produjo en Turquía el 26 de mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán.

Así, frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de NAMSA, la agencia de la OTAN con la que Defensa había acordado delegar la gestión de los transportes de tropas, el Consejo de Estado entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.

El dictamen descarta, sin embargo, la posibilidad de que los familiares de víctimas que acudieron a la vía civil para ser indemnizados puedan serlo una segunda vez a través de la responsabilidad patrimonial imputada al Estado.

Tras el dictamen del Consejo de Estado, el PSOE, Podemos y C’s han exigido el cese del que era ministro de Defensa cuando sucedió el siniestro, Federico Trillo, como embajador en el Reino Unido.

El Gobierno ha recordado que el caso del Yakolev 42 ya fue juzgado tanto por la vía civil como por la vía penal y en ambas instancias la Justicia determinó que el Estado no era responsable de la muerte de los militares.