Moncloa trabaja «con múltiples escenarios» y tiene «estudiadas las respuestas a dar», ante la escalada independentista que amenaza con adelantar la consulta secesionista, aseguran fuentes gubernamentales. Lo cierto es que el efecto de una segunda puesta en escena, con urnas en colegios «electorales», es un escenario indeseable para el Gobierno tanto en clave interna como internacional y creen que hay que evitarla a toda costa. Los dos instrumentos preventivos que maneja el Ejecutivo  son, por un lado, el Tribunal Constitucional y, por otro, ejercer presión sobre los funcionarios para que no participen en la organización del proceso.

Las respuestas se darán con «proporcionalidad y midiendo el efecto de cualquier reacción». Si el 9-N de 2014 se optó por evitar la foto de la Guardia Civil retirando las urnas elaboradas por presos acogidos a un programa de reinserción, nada hace presagiar que la respuesta sería distinta ahora, aunque una segunda consulta ilegal dejaría «tocada» la llamada «operación diálogo» puesta en marcha por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La «operación diálogo» seguirá en marcha «porque va dirigida a la sociedad catalana», dicen en el PP

En este sentido, fuentes de la dirección del PP matizan que dicha operación «va dirigida a la sociedad catalana, no la Generalitat» y seguirá en marcha mientras siga creciendo, aunque tímidamente, el número de catalanes que se sienten también españoles y abandonan las tesis independentistas.

La reforma del Constitucional que el Gobierno abordó en septiembre de 2015, obliga al cumplimiento de las sentencias del Alto Tribunal al tiempo que le dota de mecanismos para suspender de sus funciones, de manera cautelar, a aquellos cargos públicos y autoridades que las incumplan. Así, el TC actuaría contra los convocantes de la nueva consulta, de producirse, por lo que sería determinante quién firma el decreto de convocatoria.

La Generalitat «empleó» a 7.000 funcionarios en la consulta del 9-N

Por otro lado, desde el Gobierno de la nación se haría llegar a los funcionarios catalanes la advertencia de sanciones y suspensiones si participan en la organización de la consulta, y eso afecta desde directores de colegios públicos a Policía autonómica. A fin de cuentas, todos los funcionarios dependen de la administración central del estado independientemente de donde ejerzan su función.

En el 9-N participaron aproximadamente 7.000 funcionarios «afines» para cubrir las 6.430 mesas que se montaron en colegios de cerca de mil municipios catalanes. No es la primera vez que la Generalitat los usa para sus fines soberanistas. La consejera de gobernación, Meritxell Borrás, ha pedido a los funcionarios autonómicos que se cojan libre el día 6 de este mes para acompañar a Artur Mas en su declaración ante el TSJC, precisamente, por la consulta del año 2014.

El Gobierno no descarta ninguna medida, incluida la aplicación del artículo 155

Otra cosa es que ambos instrumentos disuadan al independentismo en su huida hacia adelante. El PP entiende que «es difícil que puedan dar marcha atrás y necesitan acelerar el proceso para ponerle punto final e ir cuanto antes a unas nuevas elecciones catalanas». ERC, dicen, las está deseando para superar definitivamente a unos ex convergentes que pueden quedar de cuarta fuerza política. Además, los populares valoran el papel que pueda jugar la formación de Ada Colau como referente a un sector de catalanes que, sin ser soberanistas, se apuntaron a ese carro para canalizar su descontento social, político y económico.

El Gobierno no descarta ninguna medida, incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permitiría asumir algunas competencias de la Generalitat, sobre todo en materia de seguridad, funcionarios y sectores estratégicos. No creen llegado ese momento. Confían más en que ese frente salte en mil pedazos, confrontado entre sí, y contra la CUP, a la que atribuyen en buena medida el acelerón del proceso.

Reunión Santamaría-Arrimadas

La vicepresidenta recibe hoy por la tarde a la líder de Ciudadanos en Cataluña y nueva portavoz  nacional de esta formación, Inés Arrimadas, para tratar de la situación en la comunidad. Arrimadas pidió una reunión con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tras el plantón  de Carles Puigdemont a la Conferencia de Presidentes, pero el Ejecutivo ha decidido «rebajar» el tono institucional que quería darle. En lugar de Rajoy será Santamaría y en lugar de en Moncloa, en el Congreso de los Diputados.