El moderado optimismo del que hacía gala el Ejecutivo en la negociación de los Presupuestos Generales para este año, hace aguas. Cada vez son más las voces instaladas en un escenario de prórroga presupuestaria, conscientes de que la situación política es poco propicia para salvar unas cuentas que, a lo sumo, sufrirán modificaciones puntuales, vía decretos, para cumplir los compromisos con Europa. El PSOE ya ha transmitido al PP que no cuente con ellos, a lo sumo, que ya volverán a sentarse a negociar los del año que viene. Además, lo acontecido este jueves en el Congreso de los Diputados con el PNV abunda en dicha tesis. Los nacionalistas vascos han votado a favor de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por UGT y Comisiones Obreras para que se establezca una renta mínima de 426 euros. Sólo PP y Ciudadanos votaron en contra.

Se esfuma la pretensión de conseguir un bloque «sólido» con el partido de Íñigo Urkullu, sumando sus cinco escaños a los 137 del PP, los 32 de Ciudadanos y uno de Coalición Canaria. Su exigencia, además, de controlar la política penitenciaria, cortocircuita un pacto. Con 175 votos se pasaba el trámite de enmiendas a la totalidad y de enmiendas parciales, momento en que se podía negociar algunas con los socialistas para intentar conseguir, si no un «sí», al menos alguna abstención. Ahora se cierran todas las puertas.

El diálogo con el PNV, que trasladó al Gobierno que no iba a apoyar la renta mínima,»está parado»

El diálogo con el PNV, dicen las fuentes consultadas por El Independiente, «está parado. Van jugando a varias bandas, porque si no, no se entiende que se haya alineado al PSOE y Podemos en lo de la renta mínima». De hecho, los nacionalistas vascos habían transmitido al Gobierno que no iban a apoyar esta iniciativa. Además, se malician de que si bien éstos no quieren seguir la senda independentista de sus homólogos catalanes, «se miran en ellos y ven con reticencias en este momento un acercamiento al Gobierno».

El «pesimismo es más agudo en el Grupo Parlamentario Popular que en el propio Ministerio de Hacienda», según admiten desde el Departamento de Cristóbal Montoro. Él seguirá intentando un acuerdo aunque sus esfuerzos parecen condenados a la melancolía. Fuentes del Ministerio señalan que «sabemos de las dificultades. Reconocemos que es difícil, pero se va a seguir probando». En todo caso mucho convencimiento no hay cuando en lugar de negociaciones prefieren hablar de «conversaciones», las que sigue manteniendo el ministro con sus interlocutores de Ciudadanos y, también del PSOE, esto es, el portavoz parlamentario, Antonio Hernando, y el de Economía, Pedro Saura, que dejarán de producirse tras la decisión de los socialistas.

El PSOE ya ha transmitido que no cuenten con ellos, la tramitación de los Presupuestos coincidiría con sus primarias

Montoro no es partidario de llevar una propuesta cogida con pinzas, tampoco Mariano Rajoy. No quiere pasar por el trance de ver cómo es derrotado el proyecto de Ley. El calendario político tampoco acompaña. De tramitarse los Presupuestos Generales entre los meses de marzo, mayo y junio «coincidiría con todo el proceso de primarias en el PSOE», lo que aleja, aún más, cualquier posibilidad de acercamiento con el primer partido de la oposición. El PSOE ha argumentado que no puede llegar a ningún pacto de este estilo con una dirección en funciones, pero ello no fue óbice para que se abstuvieran en la investidura, se trata, por tanto de un pretexto.

Los barones territoriales sí querían tener cuentas este año. Fue el deseo expresado por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, interlocutor habitual de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero en pleno proceso de consulta a la militancia a ninguno de los aspirantes se le ocurrirá defender la conveniencia de votar las cuentas que lleve el Gobierno al Congreso. Y qué decir tiene si quien gana esas primarias en Pedro Sánchez y no Susana Díaz, dando por descartada en el PP la posibilidad de que lo haga el vasco Patxi López.

Moncloa intenta salvar dos años de legislatura antes de ponerse en la tesis de un adelanto electoral

Un triunfo de Sánchez acerca más el escenario de un adelanto electoral, aunque desde el Parlamento los populares apuntan a que «hay que volcarse en las cuentas para 2018», intentar salvar, al menos, dos años de legislatura, porque para las de 2019 «a ver quién quiere pactar con nosotros habiendo en mayo de ese año elecciones locales y autonómicas».

La votación de la renta mínima ha sido un mazazo para el Ejecutivo. Es verdad que su tramitación parlamentaria puede frustrarse, bien porque Unidos Podemos quiere extenderla a más colectivos y porque el PNV tiene dudas competenciales respecto de su aplicación. Además, el propio Gobierno no la vetó, a pesar de tener esa facultad cuando una medida supone una merma de ingresos o un incremento del gasto, como es el caso. Los sindicatos han estimado su coste en 11.000 millones de euros, lo que podría dar al traste con el objetivo de estabilidad. Las dudas del Ejecutivo respecto a si podía actuar contra una ILP han permitido su debate en la Cámara Baja, votación que ha perdido. Un mal augurio.