La Policía Nacional ha abierto una investigación al comisario que facilitó el dispositivo para grabar las conversaciones que mantuvo en su despacho oficial de Interior el entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, con el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso en vísperas de la consulta soberanista del 9-N. La dirección del cuerpo se plantea su destitución después de llevar más de una década en el cargo.

Se trata de Enrique García Castaño, el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía y la persona a la que el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino encargó que proporcionara «una minigrabadora» de fácil utilización para dejar constancia de las reuniones sensibles del ministro, como ha desvelado El Independiente este martes. La Policía se plantea prescindir de sus servicios, si bien un portavoz ha negado esta tarde que se haya tomado ya tal decisión o que se fuera a adoptar antes de que acabe el día.

Las fuentes consultadas por este periódico han informado de que el nuevo número dos de la Policía, Florentino Villabona, le ha transmitido a García Castaño su disgusto por las continuas apariciones en prensa de este comisario y por haber sido el mando que proporcionó el dispositivo con el que al menos se grabaron los dos encuentros entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso en octubre de 2014. Este comisario no fue la persona que físicamente colocó la minigrabadora en el despacho oficial del Ministerio del Interior pero sí quien se encargó de facilitar el dispositivo a Pino, persona de la máxima confianza de Fernández Díaz por ser éste quien lo aupó a la Dirección Adjunta Operativa semanas después de que Rajoy lo eligiera a él en diciembre de 2011 para ocupar el departamento de Interior.

‘Operación limpieza’

La reacción del nuevo DAO de la Policía, en el marco de la ‘operación limpieza’ con la que el ministro Juan Ignacio Zoido quiere acabar con las malas prácticas y la guerra en el seno de la Policía, hace anticipar la destitución de García Castaño como máximo responsable de la UCAO, la unidad especializada en escuchas, dispositivos de seguimiento y rastreos y que ya ocupaba este puesto cuando tuvieron lugar los atentados terroristas el 11 de marzo de 2004.

German Lopez Iglesias

Germán López Iglesias, en una de sus primeras comparecencias como director general de la Policía. EP

El detonante ha sido la información publicada este martes por este periódico, según la cual el comisario ahora cuestionado fue la persona a la que Pino reclamó «una minigrabadora» de fácil utilización -«con un on y un off», precisan- y excelente rendimiento técnico. Se trataba de un dispositivo portátil que se utilizaba para cada servicio y que explica que la Policía no encontrara ni rastro de micrófonos cuando barrió las instalaciones el pasado 1 de julio, días después de que el diario Público difundiera el contenido de las cintas. Ese periódico ya detalló que los archivos de audio le llegaron en formato ‘.ogg’, una extensión que se emplea en grabadoras digitales.

El cuestionamiento de García Castaño se produce el mismo día en que el ministro del Interior ha dado públicamente credibilidad a la versión de su antecesor en el cargo, que ha negado «categóricamente» que él hubiera autorizado las grabaciones en su despacho. «Va contra la lógica que si lo hubiera sabido no hubiera destruido las cintas», dijeron a este periódico fuentes cercanas al anterior titular de Interior.

«Palabra» del ministro

«Tengo un respeto personal y político por Jorge Fernández Díaz y me creo su palabra», ha valorado el actual titular de Interior en declaraciones a Onda Cero. La semana pasada, Zoido dijo que no le pareció «normal» que se hubieran llevado a cabo grabaciones en la estancia oficial que ocupa él hoy y reconoció que las cintas ya no estaban cuando él llegó al Ministerio el pasado mes de noviembre.

El Ministerio del Interior ya le había abierto una información reservada al comisario García Castaño a finales del pasado mes de enero tras desvelar el diario Público sus conversaciones con Eugenio Pino y su implicación en el presunto chantaje al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Casa Real, consistente en desvelar detalles de la supuesta relación entre el rey Juan Carlos y la aristócrata alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein si los citados mandos policiales son llamados a declarar como investigados en el marco del caso del pequeño Nicolás.

Las grabaciones del ministro