El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene decidido enviar a la Fiscalía General del Estado, si aparecen, los informes secretos que elaboró la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de la Policía Nacional durante la pasada legislatura sobre casos ya sentenciados, como el de los atentados terroristas del 11-M y el del bar Faisán, y cuyo contenido nunca ha trascendido. Es una muestra más de la voluntad del actual ministro por desmarcarse de su antecesor, Jorge Fernández Díaz.

Zoido reconoció este martes que ha ordenado la búsqueda de tres informes elaborados por la citada unidad policial y de los que no hay constancia por el momento en el Ministerio. Son los relativos al asesinato y desaparición de Marta del Castillo -cuyo cuerpo sigue sin aparecer después de más de ocho años-, a los atentados del 11-M y al chivatazo del Faisán, cuya existencia reconoció el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino en una entrevista concedida a El Mundo la pasada semana.

En Interior se muestran convencidos de que sólo aparecerá el informe concerniente a los atentados de 2004

Fuentes de Interior consultadas por El Independiente se muestran convencidas de que, de los tres, tan sólo aparecerá el concerniente a los atentados de 2004, que previsiblemente no aportará nada relevante a la causa ya juzgada. En cualquier caso, la voluntad del ministro -magistrado en excedencia- es ponerlo en conocimiento inmediatamente de la Fiscalía General en cuanto se localicen para que valore su contenido y determine si debe darse traslado a los tribunales.

«No contradice la resolución judicial, pero da por sentado, según tengo entendido, porque no lo he leído, algunas cosas que fueron determinantes para argumentar una serie de teorías que verdaderamente se diluyen. Se aclaran algunas cosas que estaban en una nebulosa», respondió Pino al citado diario le preguntó si el contenido del informe sobre el 11-M contradecía la resolución judicial.

Las mismas fuentes consideran que no existe el dossier sobre Marta del Castillo, a pesar de que Pino ha admitido que dio órdenes para que se elaborara ante el fracaso en la localización de los restos de la joven. «Encargué lo de Marta del Castillo, porque no se puede permitir que un Estado no entregue el cadáver a un padre de una hija muerta», declaró el ex número dos de la Policía.

Respecto al del caso Faisán, Zoido dijo que también lo reclamó cuando tuvo conocimiento de que podía existir y le dijeron que hubo dos copias, pero, hasta el momento, no ha aparecido ninguna. El ministro ya ha dado «instrucciones concretas» al flamante Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Florentino Villabona, para que se busquen los tres a fin de conocer si realmente existieron y a qué conclusiones llegaron.

Operación limpieza

En poco más de tres meses al frente del Ministerio del Interior, Zoido ha tomado diversas decisiones que demuestran su voluntad de desmarcarse abiertamente de la gestión de Fernández Díaz, marcada por el escándalo de las grabaciones en su despacho oficial. Como desveló El Independiente, el anterior titular de Interior autorizó que se colocara un dispositivo de grabación -concretamente una minigrabadora- para registrar, al menos, las conversaciones que mantuvo con Daniel de Alfonso, entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, en vísperas de la consulta soberanista del 9-N.

Zoido rompió lazos con el equipo de Fernández Díaz al no contar ni con el secretario de Estado ni con los directos generales de Policía y Guardia Civil

De entrada, rompió amarras con el equipo de Fernández Díaz al no contar ni con los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, a los que él nombró después de que Mariano Rajoy lo designara como titular del Interior en diciembre de 2011. Zoido se ha rodeado de un equipo de su máxima confianza y no contaminado por el pasado reciente, situando como número dos del Ministerio al ex alcalde de Córdoba José Antonio Nieto y colocando al frente de la Guardia Civil a un magistrado como él, el salmantino afincado en Sevilla José Manuel Holgado Merino. La dirección de la Policía se la ha confiado a Germán López Iglesias, ex delegado del Gobierno en Extremadura.

Quizá su decisión de más calado, y más meditada, ha sido la elección del nuevo jefe operativo de la Policía. En un movimiento tan audaz como inesperado, Zoido ha nombrado como DAO al comisario principal Florentino Villabona, no sólo por su trayectoria y su conocimiento del cuerpo sino por un motivo por el que muchos lo descartaban: se jubila el próximo mes de noviembre al cumplir 65 años. Su misión será allanar el camino a quien lo suceda dentro de nueve meses.

Coronada su carrera profesional con el mayor puesto operativo al que un policía puede aspirar, Villabona tiene un encargo concreto del ministro: ejecutar la operación limpieza. Se trata de acabar con los métodos oscuros que han imperado en la Policía durante los últimos años y acabar con la guerra entre comisarios, que no sólo han supuesto el descrédito del cuerpo sino que ha llegado a poner en riesgo investigaciones judiciales. De hecho, el nuevo DAO ya dejó claro en su discurso de toma de posesión que, entre sus «líneas esenciales», ocupará un lugar destacado la «necesaria recuperación de la confianza de las distintas instituciones del Poder Judicial».

El nuevo DAO ha tomado dos decisiones relevantes: destituir al comisario García Castaño y desmantelar la BARC comandada por Marcelino Martín-Blas

En menos de dos semanas, Florentino Villabona ha tomado ya dos decisiones relevantes en la dirección marcada por Zoido. El pasado 7 de febrero destituyó al comisario Enrique García Castaño como responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el área de la Policía que se encarga de las escuchas, los rastreos y los dispositivos de seguimiento. Como informó este periódico, García Castaño fue la persona que facilitó la minigrabadora con la que se registraron las conversaciones entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso. También fue el mando policial que, como informó Público, desveló un posible chantaje en el seno de la Policía al hoy Rey emérito.

Fue el primer aviso a navegantes. Días después adoptó otra medida no menos relevante: desmantelar la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) que la Policía Nacional puso en marcha la pasada legislatura a iniciativa de Eugenio Pino y que estuvo comandada por el comisario Marcelino Martín-Blas, en su condición -entonces- de jefe de la Unidad de Asuntos Internos, de la que salió tras sus continuos desencuentros con el ex DAO Pino y con el comisario José Manuel Villarejo en el marco del caso del pequeño Nicolás. Primero, acudió sin autorización a una reunión con agentes del CNI el 20 de octubre de 2014, que posteriormente fue filtrada y de cuya grabación responsabilizó a Villarejo. Más adelante, identificó a este comisario erróneamente y «a sabiendas», según el propio Pino, reuniéndose con Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

Fue entonces cuando Pino, en un escrito dirigido al juzgado que instruye la causa, justificó su salida de la Unidad de Asuntos Internos alegando que la guerra entre ambos policías, «manifiesta y excesiva», había llegado demasiado lejos. Sin embargo, el juez Arturo Zamarriego ha seguido confiando a Martín-Blas la investigación del caso, en la que él es parte directamente afectada por considerarse víctima de la grabación de la reunión con los agentes del CNI. Por este motivo, el fiscal ha pedido hasta tres veces apartar al ex responsable de Asuntos Internos de la causa, sin que el juez lo haya estimado oportuno hasta el momento.