La sentencia de la Audiencia de Palma es especialmente dura con la actuación de Iñaki Urdangarin, al que acusan de haberse aprovechado de su «privilegiado posicionamiento institucional, dada su proximidad con la Jefatura del Estado» para obtener contratos que le reportaron importantes beneficios económicos. Por ello, le condenan a 6 años y 3 meses de prisión por prevaricación, falsedad, malversación, fraude a la administración pública, tráfico de influencias y dos delitos fiscales.

Las juezas explican que cuando montó Nóos «formaba parte de la Familia Real, con ocasión de la relación de parentesco que por vínculo matrimonial había adquirido», y aseguran que esta posición institucional «le procuró el ejercicio de una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos» para lograr los contratos en Baleares que le procuraron «un consiguiente beneficio».

No obstante, las magistradas señalan que Urdangarin consiguió también estas adjudicaciones por su «condición de deportista de élite y como miembro del COE» , ya que estos activos constituían «una garantía de éxito» para las autoridades que buscaban con la celebración de una cumbre organizada por las empresas del esposo de la Infanta Cristina «la promoción turística» de Baleares «a través del deporte, actuación que, interpretaron, serviría para desestacionalizar la actividad turística».

Papel institucional

El cuñado del Rey, explica la sentencia, a finales del 2002 decidió asociarse con Diego Torres para llevar a cabo actividades empresariales relacionadas con la consultoría, el diseño y la organización de eventos. Y se repartieron las funciones. El esposo de la Infanta se ocupó del «ámbito institucional y comercial, proporcionando los contactos necesarios que, al más alto nivel institucional, su privilegiado posicionamiento le procuraba».

Estas actividades las desarrollaron a través de la empresa Nóos, de la que Urdangarin se desvinculó en julio del 2007, aunque el abandono formal no se produjo hasta un año después. Las magistradas también recuerdan que el cuñado del Rey se desvinculó de la fundación Areté cuando fue disuelta en mayo de 2007 por José Manuel Romero, asesor jurídico de la Casa del Rey.

Sin embargo, las juezas sostienen que el esposo de la Infanta creó otra fundación que constituyó con una dotación de 30.000 euros que aportó su amigo Joaquín Boixareu, «a quien» Urdangarin «le pide que sea el fundador para ocultar la presencia del entonces Duque de Palma, en atención a las indicaciones efectuadas» por la Casa del Rey «respecto al abandono de tal actividad privada».

Pena máxima de tráfico de influencias

Por ello, las juezas imponen al cuñado del Rey la pena máxima del delito de tráfico de influencias «por el uso reiterado» que ha realizado de la influencia que ejercía por ser el marido de la infanta Cristina para lograr junto a su socio «contratos». Además, en la sentencia se admite «que algunas personas que desempeñaban funciones o estaban relacionadas con la Casa Real, mantuvieron conversaciones relativas a algunas actividades de Nóos».

Sin embargo, rechazan que «esta circunstancia» pueda favorecer a Urdangarin y su socio, que alegó en el juicio «la concurrencia de un error de prohibición» porque, según su versión, «la Casa Real estaba al corriente de todas las actividades y se les consultaba al respecto».

No blanqueó, como sí hizo Torres

Las togadas sólo condenan las actividades de Urdangarin en Baleares, pero le absuelven junto a los otros imputados de las actuaciones en Madrid y Valencia. Y es que las magistradas no «han alcanzado la convicción» de que el cuñado del Rey «se reuniera conjuntamente» con la ex alcaldesa de Valencia, la fallecida Rita Barberá, y con el ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ni «que tal encuentro tuviera lugar en el Palacio de la Zarzuela el 29 de enero de 2004».

A pesar de ello, la sentencia asegura que la idea de realizar el Foro de la Ciudad y el deporte se trasladó «de algún modo a la Generalitat, pues tras la entrevista con la alcaldesa» Urdangarin y Torres lograron reunirse «con distintas autoridades e instituciones para exponer su proyecto».

Las magistradas también acusan al cuñado del Rey de haber falseado facturas para defraudar a Hacienda y de haber simulado contratos en sus empresas «para generar un aumento de gastos deducibles». Sin embargo, niegan que haya cometido un delito de blanqueo de capitales que sí perpetró su socio que creó un entramado en el extranjero para ocultar sus beneficios, por lo que es condenado a 8,3 años de cárcel.

Vistilla en Palma

Urdangarin recibió la sentencia en Ginebra donde reside junto a su mujer y sus cuatro hijos, pero la próxima semana se tendrá que trasladar a Palma para estar presente en la vistilla que ha solicitado el fiscal tras esta condena. La fiscalía se plantea pedir su ingreso en prisión, aunque también puede reclamar otras medidas hasta que el Tribunal Supremo revise esta condena y sea firme y, por tanto, de obligado ingreso en prisión.