Un partido omnipresente en las administraciones locales y autonómicas, con tentáculos en todos los ámbitos de poder. Una fundación destinada supuestamente a alimentar ideológicamente a esa formación y centrada en la práctica en blanquear determinados ingresos. Y grandes empresas, constructoras o prestadoras de servicios, dispuestas a garantizarse las adjudicaciones de suculentos contratos públicos. Éste es el esquema que hermana los casos Palau y 3% en Cataluña con la Púnica y la Gürtel en Madrid, la sospecha de los mismos entramados de financiación irregular en la Convergencia de Jordi Pujol y Artur Mas y el PP madrileño de Esperanza Aguirre. Esas son las tramas que intentan descifrar el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional y el magistrado del juzgado de Instrucción de El Vendrell Josep Bosch junto a los fiscales anticorrupción Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo desde Barcelona.

En el caso de CDC, la estructura orquestada ha quedado al descubierto con el caso Palau, que estos días ha entrado en su fase de vista oral tras ocho años de instrucción. Según han relatado Félix Millet y Jordi Montull la formación soberanista convirtió al Palau en vehículo -no el único- de los cobros del partido a cambio de las adjudicaciones de obra pública. CDC recibía comisiones de Ferrovial que correspondían al 4% del volumen contratado por la constructora en grandes obras adjudicadas por la Generalitat, fundamentalmente la Ciudad de la Justicia y la Línea 9 de Metro, a través de la Fundación Trias Fargas, de dinero en efectivo o del pago de servicios prestados a CDC por parte del Palau. En total, más de siete millones de euros, de los que CDC ha devuelto sólo 600.000€, los que corresponden al convenio entre el Palau y la Fundación Trias Fargas.

Operativa que se repitió, tras el estallido del caso Palau, a través de la Fundación de Convergencia, rebautizada como Catdem después de que los hijos de Ramón Trias Fargas reclamaran que no se utilizara el nombre de su difunto padre para estos menesteres, y la Fundación Fórum Barcelona. Y que ahora está quedando al descubierto con la investigación del caso 3%, en la que ya se han visto implicadas obras de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona y del AVE en Cataluña, entre otros proyectos que incluyen también contratas de gestión de residuos o el mantenimiento de escuelas públicas.

El papel de las fundaciones Catdem y Fundescam

En el caso de Madrid, los cobros irregulares del PP regional se orquestan también a través de una fundación, Fundescam, Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid creada por Esperanza Aguirre como think tank regional. El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha explicado que Fundescam pagó los actos electorales del PP con el dinero que habían aportado empresarios que luego se llevaban adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. Es la primera de las vías de financiación irregular del partido acreditadas por la instrucción del juez Velasco, que ha señalado hasta cinco vías más, todas ellas agrupadas en la Operación Púnica, que señala la existencia de una trama corrupta operativa en Madrid, Murcia, León y Valencia que se habría adjudicado contratos por valor de 250 millones de euros.

En el caso del PP de Madrid, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigan si el partido recibió también pagos de empresas concesionarias de la Comunidad o los ayuntamientos afines que iban a parar a la Caja B de la formación. Y al igual que se expone en el escrito de la Fiscalía del caso Palau, la instrucción de la Púnica apunta al pago de servicios prestados al PP regional por parte de empresas adjudicatarias de obra pública con la administración autonómica, que se encargaban de sufragar estos gastos.

En ambas tramas, dos personajes adquieren especial protagonismo: el negociador político y el “cobrador” del partido. Germà Gordó, gerente de Convergencia Democrática, mano derecha de Artur Mas y conseller de Justicia en su último gobierno encarga el papel del conseguidor o negociador político en el caso catalán. Así al menos lo cree el instructor del caso 3%, que ya ha vuelto a pedir su imputación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña puesto que en su calidad de diputado autonómico Gordó es aforado -sólo la vicepresidenta Neus Munté y la imputada por el 9-N Irene Rigau ocuparon puestos de salida junto a él en las listas de JxS como ex consejeros de Mas-. Papel paralelo al que ocupaba Francisco Granados, mano derecha de Esperanza Aguirre como consejero de Presidencia y secretario general del PP de Madrid, en la trama de la Púnica.

En ambas tramas, dos personajes adquieren especial protagonismo: el negociador político y el “cobrador” del partido. Gordó y Granados, Viloca y Beltrán Gutiérrez

Ambos son señalados por las investigaciones policiales como los responsables de partido con los que contactaban inicialmente los empresarios y los que fijaban contratos y comisiones. En el caso de Granados, el juez Velasco cuenta con la libreta con anotaciones de pagos de comisiones y encuentros con empresarios, entre los que destaca el nombre de Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir. No es el caso de Gordó, al que no se le ha incautado documentación comprometedora, pero sí ha sido señalado por todos los empresarios imputados en el caso 3% como el conseguidor de CDC.

Por debajo de ellos, Andreu Viloca en el caso de Convergencia y Beltrán Gutiérrez en el del PP madrileño, tesorero el primero, gerente del partido el segundo, fueron los encargados de gestionar las mordidas pactadas presuntamente por Gordó y Granados. Todo ello, en adjudicaciones que en ambos casos habrían abarcado a prácticamente todos los ámbitos de la administración local y autonómica. Extendiéndose “como una mancha de aceite” en feliz expresión del antecesor de Viloca, Daniel Osácar, durante su declaración oral en el juicio del Palau.