La lista de imputados por el caso ERE sigue creciendo seis años después de que saliera a la luz, y la juez que instruye el caso, María Núñez Bolaños, ha citado este martes a declarar en calidad de investigado el obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, como ya adelantó El Independiente el pasado marzo. La Guardia Civil pidió su imputación por considerarle presunto responsable de un delito de tráfico de influencias por su “intervención directa” en la solicitud de una ayuda concedida con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles.

En este pieza separada los ERE, la juez relata en el auto que investiga la ayuda concedida al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, a raíz de una carta que el entonces obispo de Cádiz envió el 6 de octubre de 2008 al entonces consejero de Empleo, el jerezano Antonio Fernández, en la que le pedía ayuda para sufragar la ampliación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que venía afectando a medio centenar de trabajadores. Todo ello, mientras se ejecutaban las tareas de rehabilitación en el edificio y la residencia de ancianos volvía a la actividad. El Obispado había complementado las prestaciones por desempleo de los trabajadores para que éstos no vieran mermados en exceso sus ingresos.

El geriátrico del Obispado tenía previsto su reapertura el 8 de diciembre de 2008, pero el hallazgo de restos arqueológicos provocó un retraso en las obras y obligaba a ampliar  la duración del expediente laboral. El Obispado había tenido que hacer frente al incremento del coste de la obra y reclamaba que la Junta concediera una ayuda para que la plantilla mantuviera el complemento.

Tras ello, el 13 de febrero de 2009 se firmó un convenio de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y la agencia IDEA por el que la primera le encomienda a IDEA «la materialización del abono de la ayuda sociolaboral a favor de los trabajadores» del Centro Geriátrico por importe de 300.000 euros. Según la instructora, «uno de los ejemplares de dicho documento obra sin firmar y en otros dos solamente con la firma» del director general de Trabajo.

La Guardia Civil dijo en un atestado entregado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que instruye el caso, que «puede existir responsabilidad penal por tráfico de influencias» del obispo emérito de Cádiz. La juez, sin embargo, no precisa el delito que le imputa al obispo y al resto de ex altos cargos, y solo indica que «los hechos investigados podrían presentar características que hacen presumir la existencia de una infracción penal».

Ceballos, obispo entre diciembre de 1993 y agosto del 2011, tuvo una «intervención directa» con la Consejería de Empleo para la consecución de la ayuda económica, que se hizo «prescindiendo del procedimiento» establecido, según la Guardia Civil. Tras la concesión de la ayuda sociolaboral a favor de los trabajadores del geriátrico, la Junta de Andalucía inició una revisión de oficio en abril del 2012, cuando ya estaba en marcha la investigación judicial por el caso ERE.

Por otro lado, la juez Núñez también ha citado a declarar este martes por una ayuda de 30.000 euros concedida a la Universidad de Sevilla, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete; el que fuera técnico de la Dirección de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois, y el director del master, Francisco José González.