El comité de expertos destinado a sentar las bases del nuevo modelo de financiación autonómica vivió recientemente un plantón por parte del representante asturiano, el catedrático de Economía Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio. El abandono del delegado que envió el presidente del Principado de Asturias y de la comisión gestora del PSOE, Javier Fernández, se produjo por su desacuerdo con la revisión de «aspectos relevantes del sistema foral, entre ellos la determinación del Cupo», que forma parte del acuerdo que el gobierno central y el ejecutivo vasco alcanzaron para asegurarse Moncloa el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

El propio Monasterio se expresa en estos términos en una carta que remitió a Manuel González Sánchez, presidente de la comisión para la reforma que debe culminar este año y cuyos trabajos echaron a andar el pasado 23 de febrero. Formada por un experto de cada Comunidad y otros del Estado, estaba estipulado que sus trabajos duraran seis meses, plazo que se cumple el próximo mes de julio. Creada por acuerdo con Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero, arrancó coja por incomparecencia de Cataluña, con un gobierno ya inmerso en su desafío secesionista.

El representante asturiano se mostró en contra de la negociación con el PNV sobre la renovación del cupo

Ahora es el asturiano el que ve con malos ojos la nueva determinación del Cupo dado que dicha revisión «se ha llevado a cabo sin ninguna información ni consulta a la comisión para la reforma de la financiación», lo que es, a su juicio,»una clara muestra de que el parecer de dicha comisión se estima irrelevante». No obstante, asegura desear «el mayor éxito al resto de miembros de la comisión y, de cara al futuro, espero y deseo que sus esfuerzos, mirando por encima de los intereses particulares, pueda cristalizar» en un nuevo modelo «que mejore el grado de cumplimiento de los principios de solidaridad, autonomía y coordinación entre Administraciones Públicas», concluye la misiva con fecha del 12 de mayo.

Se le abre así al presidente asturiano otro frente después de meses en el disparadero tras aceptar asumir el control de la comisión gestora socialista. Derrotado por su militancia, que apostó mayoritariamente por Pedro Sánchez en detrimento de Susana Díaz; cuestionado por el nuevo secretario general electo y sin ánimos para luchar por el liderazgo regional del partido ni por la cabeza de candidatura en las autonómicas de 2019, Fernández se bate en retirada. Su principal adversaria interna es Adriana Lastra, cuyo nombre se ha barajado para distintos puestos de responsabilidad en Ferraz o en el Grupo Parlamentario Socialista al ser una de las incondicionales de Sánchez.

Hacienda considera el plante fruto de la descomposición de las baronías socialistas tras el triunfo de Sánchez

La salida del catedrático Carlos Monasterio se ha considerado en Hacienda una nueva muestra de la situación de descomposición interna de las baronías socialistas sin las cuales es imposible alcanzar un acuerdo para la financiación autonómica. Los dirigentes regionales socialistas no parecen tener en estos momentos entre sus prioridades la renovación del modelo que comunidades como Valencia o Baleares consideran profundamente injusto para sus territorios. Aunque el compromiso es tener este mismo año un pacto que eche a andar en 2018, el departamento de Cristóbal Montoro no es muy optimista sobre el calendario.

En cambio el representante de Aragón en esa mesa, el  doctor en Economía Alain Cuenca, explicó ayer en una comparecencia en el Parlamento autonómico que una de las grandes discrepancias radica en que los expertos designados por el Estado «se niegan a reconocer que la reforma del sistema de financiación requiere que haya más recursos en el mismo, y sin ello no es posible llevarla a cabo», informó Europa Press.

Muchos expertos reclaman del Estado «más recursos» para hacer un nuevo modelo de financiación

Para Cuenca, el Gobierno central «dispone de mejores instrumentos fiscales y un mayor margen de endeudamiento que les permite hacer menos recortes que las Comunidades, que tienen un problema de suficiencia financiera», un planteamiento que se verá plasmado en el informe que elaborará próximamente la Comisión sobre los trabajos realizados. Asimismo, el economista ha señalado que la financiación «no ha sido igual para todas las autonomías de régimen común» en estos años, así que el nuevo sistema «deberá reconocer las desigualdades entre éstas». Ha añadido que «esto no quiere decir que el Estado aporte directamente esos recursos añadidos, sino que es necesario realizar una reforma fiscal amplia que permita la sostenibilidad del sistema de bienestar, corregir las desigualdes y recuperar pérdidas para las regiones».