El Tribunal Constitucional tiene previsto habilitar el mes de agosto para hacer frente al reto catalán, ya que este mes por ley es vacacional. En las sesiones que ha celebrado esta semana el pleno, los jueces han acordado estar «localizables» durante este mes para suspender la ley de desconexión catalana si finalmente esta es aprobada por el Parlament en la segunda quincena de dicho mes.

Fuentes jurídicas han informado de que el tribunal estará a la altura de las circunstancias y ya prepara su respuesta al desafío catalán La primera decisión será suspender la convocatoria y la pregunta del referéndum que podría ser convocado por el president de la Generalitat el próximo viernes como ha hecho con todas las iniciativas del Govern.

Nuevas suspensiones

Los jueces recibirán entonces una demanda del Gobierno en la que reclamara esta suspensión y la misma se acordará por unanimidad, según fuentes jurídicas en los próximos días. Además, la decisión se comunicará personalmente a Puigdemont y a los consellers con la advertencia de que pueden ser sancionados incluso penalmente si no acatan su fallo.

La misma estrategia se utilizará en agosto si se aprueba la ley de desconexión catalana. Las fuentes consultadas calculan que los jueces se pueden reunir para suspender esta ley en la semana del 21 de agosto, ya que el Gobierno no podrá recurrirla hasta que cuente con un informe del Consejo de Estado y apruebe en Consejo de Ministros la presentación del recurso.

Artículo 155 de la Constitución

Por ello, los magistrados estarán «en contacto» durante este mes de agosto, que es inhábil en este tribunal, para celebrar un pleno extraordinario para suspender esta norma.

Fuentes jurídicas no han querido adelantar acontecimientos. Y explican que los jueces no tienen aún intención de aplicar la ley que les permite suspender en sus funciones al president de la Generalitat si no acata las resoluciones del alto tribunal.

Estas fuentes, no obstante, han recordado que esta norma fue avalada por ocho votos a tres en el TC. Por ello, las fuentes consultadas adelantan que, en el caso de que los magistrados se inclinen por acordar la suspensión de las autoridades por desobediencia, este acuerdo no sería por unanimidad. Y es que los magistrados discrepantes siguen pensando que esta norma es «inconstitucional».

Además, fuentes jurídicas explican que si el reto catalán llega hasta la aprobación de la ley de desconexión lo lógico es que sea el Gobierno de Mariano Rajoy sea el que tenga que reaccionar y no solo los tribunales o la fiscalía.

Por ello, estas fuentes sostienen que sería el momento de aplicar el artículo 155 de la Constitución que permite suspender competencias de la Generalitat porque esta medida no debería ser acordada por los tribunales.