La fiscalía de Barcelona ha archivado la denuncia presentada por un Rafael Pallardó, imputado por blanqueo de capitales, contra los fiscales anticorrupción José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa por coacciones. Esta denuncia se abrió a instancias del entonces fiscal jefe Manuel Moix que recibió a este imputado en su despacho en los pocos días que dirigió esta institución.
El archivo ha sido acordado tras constatarse que los fiscales del caso del 3% no han coaccionado a Pallardó, ya que su acusación no ha podido ser corroborada con otros testimonios. Por ello, el fiscal de Barcelona no ha llegado a llamar a declarar a los fiscales anticorrupción.
Los hechos denunciados
Pallardó, que trabajaba en la Banca Privada de Andorra, acusó a estos fiscales de haberle coaccionado para sacarle información de Jordi Pujol en un encuentro celebrado en el 2014 en la Ciudad Condal. Esta entrevista se llevó a cabo después de que el imputado les hiciese llegar un mensaje de que tenía información sobre la fortuna del clan Pujol.
En este encuentro, del que estaban informados los entonces fiscal del Estado y Anticorrupción, Eduardo Torres Dulce y Antonio Salinas, respectivamente, Pallardó les pidió dinero de los fondos reservados o les instó a conseguir que algún medio de comunicación le pagara por sus revelaciones.
Bermejo, según las fuentes consultadas, se levantó de la mesa y la reunión terminó. Entonces, Pallardó no presentó ninguna denuncia y lo ha hecho hace unos días.
La decisión de Moix de tramitar esta denuncia llevó a estos fiscales a pedir el amparo del Consejo Fiscal. La petición fue firmada por la mayoría de los titulares de Anticorrupción.
La reacción
Además, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se reunió con los tres fiscales a los que intentó tranquilizar al explicarles que este tipo de actuaciones es habitual cuando cambian los mandos en la fiscalía.
El Consejo Fiscal no apoyó la demanda de amparo de los fiscales afectados y el fiscal del Estado aplazó la decisión de Moix de relevar a Grinda y Bermejo del caso del 3% en el que se investiga la supuesta financiación ilegal de CiU.
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