El control fue férreo durante décadas. Ni siquiera en prisión se relajó. También allí las órdenes de la dirección debían cumplirse y la unidad quedar blindada por encima de todo. Las cárceles “del enemigo” debían ser un frente más de “lucha”. La consigna había sido apuntalada durante años con la amenaza, rematada con el ajuste de cuentas y garantizada con la delación de los propios. Durante un tiempo no pocos etarras creyeron que ser detenidos era en realidad una liberación, que la ‘cárcel de los barrotes’ sería más liviana que la ‘cárcel de la clandestinidad’ que controlaban los jefes de ETA en el exterior.

Así se mantuvo el frente de cárceles de la banda, cual bloque aparentemente monolítico, sin fractura y que sólo al final, cuando la banda colapsó, comenzó a resquebrajarse. Hoy, seis años y medio después de aquellas capuchas blancas anunciando el final, y dos meses más tarde de escenificar su desarme, la ETA de las cárceles se ha partido en dos. El otrora importante frente penitenciario que llegó a tener miles de etarras en sus filas se ha desdibujado para imponerse el ‘sálvese quien pueda’ y la búsqueda de apoyos institucionales suplicando ayuda.

Esta nueva realidad del final de ETA se visualizará en el plazo de una semana. Dos manifestaciones, dos colectivos de presos de la banda divididos y dos modos de entender el final. Si este sábado salen a la calle el colectivo mayoritario, el que agrupa el EPPK, el más ‘dócil’, para reclamar el final de la dispersión, el próximo sábado 24 hará lo propio el sector ‘duro’, el ortodoxo y minoritario. Lo hará tras la pancarta del Movimiento Pro Amnistía y Contra la represión (ATA) y para reivindicar no solo la amnistía para los etarras sino también “la independencia y el socialismo”.

El colectivo está inmerso en una suerte de ‘guerra de presos’ entre reos ortodoxos y etarras dispuestos a acreditar su reconversión y aceptación de la ley penitenciaria

Una suerte de guerra de presos entre reos ortodoxos y etarras dispuestos a acreditar su reconversión y aceptación de la ley penitenciaria tantas veces rechazada por la banda terrorista. Actualmente, ETA mantiene a 346 de sus militantes entre rejas. La mayoría en cárceles de España (265) y Francia (76), y a gran distancia del País Vasco. Según el informe de Etxerat, el colectivo de familiares de presos de ETA, casi siete de cada diez etarras cumple condena a una distancia superior a 600 kilómetros de Euskadi.

El EPPK frente a ATA

Cuando la tarde de este sábado miles de personas secunden la marcha convocada por el movimiento SARE en San Sebastián el reagrupamiento de los presos en cárceles cercanas a Euskadi será su gran demanda. Quien fuera consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga se ha convertido en el principal valedor público del colectivo de presos, el EPPK, que ya ha mostrado su apoyo a la manifestación, al igual que en otras ocasiones. El EPPK se conforma por ahora con reclamar el final de la dispersión, con acercar a los etarras a prisiones cercanas al País Vasco. Es la tesis más cercana a la que defiende la actual izquierda abertzale, quien ha rebajado de modo notable su lucha por los presos de ETA, consciente del nuevo tiempo y de la imagen que aspira a impregnarse.

Pero sus compañeros de armas agrupados bajo el segundo frente carcelario de la banda, ATA, creen que con eso no basta. Para ellos la posición del entorno de Arnaldo Otegi es poco menos que una afrenta a la “lucha” librada por los militantes de ETA y haber claudicado ante el Estado español. Por eso, dentro de siete días reclamarán ir mucho más allá y solicitar la amnistía para los etarras. El lema de la manifestación no deja lugar a dudas de su distancia y enfrentamiento con la otra ETA y sus pretensiones de máximos: ¡Nunca arrodillados! ¡Entre todos lo lograremos! ¡Amnistía, ya!. El etarra Iñaki Bilbao, quien no dudó en amenazar al juez que lo juzgaba con “arrancarle la piel a tiras”, es uno de los referentes de ATA, que le apoya en la huelga de hambre que inició el pasado 29 de mayo.

La marcha de ATA lleva por lema ¡Nunca arrodillados! ¡Entre todos lo lograremos! ¡Amnistía, ya! y mostrará su apoyo al etarra Iñaki Bilbao

El colectivo mayoritario de presos, el EPPK, está a punto de concluir un proceso de debate interno sobre el modo de abordar la situación de los cientos de etarras que aún cumplen condena. La mayoría siguen en primer grado y las perspectivas de recuperar la libertad se antojan lejanas, más aún si se mantienen en la histórica norma de no acogerse a los beneficios previstos en la ley y que permiten no sólo reducir la pena sino poder acceder a distintos grados carcelarios y con ellos a permisos. Está previsto que en julio se conozcan las conclusiones del debate interno mantenido en las cárceles por los etarras, en base al documento presentado en diciembre pasado.

Todo apunta a que el respaldo al mismo sea mayoritaria y los etarras, de forma individualizada y no como colectivo, comiencen a solicitar peticiones de cambio de grado, de cambio de destino, y otro tipo de beneficios. La cuestión más espinosa y que habrá que ver cómo queda es la limitación fijada en la propuesta base del EPPK y que establecía como líneas rojas a este cambio de posición no caer ni en el “arrepentimiento” ni en la “delación”. Hasta el momento este colectivo de etarras se ha limitado a un reconocimiento genérico y somero del daño causado.

“Campos de exterminio y tortura”

El planteamiento dista mucho del aplicado desde hace casi una década por el Gobierno. La denominada Vía Nanclares establece como requisito la renuncia pública a ETA y al uso de la violencia, la petición de perdón a las víctimas y el compromiso de repararlas, y la colaboración con la Justicia para luchar contra el terrorismo. Es el camino elegido por poco más de una treintena de presos de la banda, entre los que se encuentran algunos ex jefes de ETA o algunos de sus militantes más sanguinarios. Esta semana Idoia López Riaño, alias La Tigresa abandonaba la cárcel tras 23 años entre rejas tras acogerse a esta fórmula de reinserción. Antes lo hicieron otros históricos como José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, Joseba Urrusolo Sistiaga o Carmen Guisasola.

En el otro frente de presos, el que controla ATA, las críticas no cesan contra quienes están dispuestos a acogerse a los beneficios penitenciarios. Consideran que con este tipo de posiciones se está renegando de la lucha que se debe continuar. La marcha convocada para el día 24 apela a la necesidad de “defender la dignidad de los represaliados” y recuerdan a los militantes de ETA que no les abandonarán, Jo ta ke amnistía lortu arte (Dale que te pego hasta lograr la amnistía). En ATA califican las cárceles españolas como “campos de exterminio” en los que a los presos “políticos” se les aplica “una tortura crónica”. En el manifiesto leído en la presentación de la marcha por algunos ex presos de ETA se definió las prisiones como “instrumentos con el que tratar de amedrentar al pueblo” empleando a los reclusos como “rehenes”.

La aceptación de la legalidad penitenciaria que ahora contempla el EPPK la asumieron hace años varios históricos de la banda con la Vía Nanclares

El portavoz de ATA, Jon Iurrebaso, un ex miembro de ETA que llegó a negociar con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, ha defendido en varias ocasiones que la batalla de los presos de la banda no puede dejarse en manos de la actual izquierda abertzale. Denuncia que Sortu está “inactiva” en esta “lucha por sacar a los presos” y le acusa de haber “dejado en mantillas el movimiento popular”. Acusaciones contra la izquierda abertzale que desde los sectores más radicales del independentismo también se extienden al conjunto de formaciones políticas vascas que en los últimos días han sufrido numerosos ataques contra sus sedes, en especial el PNV.

La mecha que ha encendido de modo especial el mundo de los presos ha sido la situación de los etarras enfermos. Son apenas una decena, si bien en algunos casos, como el de Ibon Iparragirre, se trata de una enfermedad grave para la que tanto la izquierda abertzale como el propio PNV e incluso el PSE han reclamado su excarcelación. Los ataques contra el PNV han tensionado la relación en esta materia. Muestra de ello es la respuesta dada esta semana por el lehendakari Iñigo Urkullu al cerca de un centenar de presos de ETA que han reclamado la mediación del Ejecutivo vasco para terminar con la política de dispersión.

En su respuesta por escrito el lehendakari ha recordado a los etarras que él y su partido ya han dado pasos con propuesta y reclamaciones al Ejecutivo español para acabar con el alejamiento, no así los militantes de ETA. Urkullu reprueba a los terroristas que no hayan hecho su “aportación” a la resolución del problema y haber contribuido a crear el clima apropiado. Les reprocha no haber hecho una autocrítica creíble por la vulneración de derechos humanos que supuso la acción criminal de ETA. Muestra su sorpresa por el nivel de exigencia que trasladan en sus misivas a las instituciones -también las han remitido a la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y al presidente del PNV, Andoni Ortuzar- sin haber completado ellos el camino que se les reclama.