Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre fuerte del ex presidente madrileño Ignacio González en Latinoamérica y en prisión provisional desde el 21 de abril en el marco de la operación Lezo, ha declarado este jueves durante cuatro horas ante el nuevo juez del caso, Manuel García-Castellón. En la comparecencia no se ha solicitado su libertad ni ninguna medida cautelar.

Rodríguez Sobrino ha sido trasladado desde la prisión madrileña de Estremera para declarar, a petición propia, ante el magistrado y, según fuentes jurídicas, ha respondido a todas las preguntas que le han hecho su abogado, José Antonio Choclán, la fiscal anticorrupción Carmen García y el magistrado. Su comparecencia ante el juez ha acabado sobre las 19.30 horas, tras lo que volverá a la cárcel, donde está ingresado sin posibilidad de fianza.

El imputado estaba dispuesto a explicar al juez temas relacionados con sus negocios en Colombia, donde se encontraron 262.000 euros ocultos en un apartamento de Barranquilla, y también aspectos sobre su hija, imputada en la causa. Según las investigaciones, su hija declaró a Hacienda esta vivienda en Barranquilla, ciudad a la que su padre acudía con frecuencia por su actividad profesional en Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II de la que Rodríguez Sobrino fue presidente ejecutivo hasta su destitución en abril del pasado año.

La comparecencia de Edmundo Rodríguez se salda sin que se solicitara su libertad ni ninguna medida cautelar

También declaró otra vivienda en Puerto Plata (República Dominicana), que además fue adquirida en fechas «muy próximas» a la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte de Inassa, una operación que se investiga por un posible sobreprecio y desvío de fondos en beneficio privado. La hija declaró una tercera vivienda en Londres (Inglaterra) y varias cuentas corrientes en el Reino Unido y en la Isla de Jersey.

Otro aspecto que se investiga son las inversiones inmobiliarias de Edmundo Rodríguez en Colombia en 2013 y 2011. En la de 2011, afirmaba el juez que llevaba el caso hasta hace unas semanas, Eloy Velasco, intervino en un negocio con una constructora local de Bogotá, según un correo que se remitió a un directivo del banco Santander, Julián Carrascosa, quien se reunió en septiembre de 2016 con Edmundo Rodríguez para tratar otra operación en España en la que habría que invertir 10 millones de euros.

Se le imputan delitos de prevaricación, malversación de caudal público, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal y blanqueo de capitales por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II.

La investigación sitúa al imputado, ex consejero del diario La Razón, como director de una operativa defraudadora mientras fue presidente de la sociedad colombiana Inassa, participada mayoritariamente por Canal Extensia, filial del Canal de Isabel II. Supuestamente colaboró en la compra de la brasileña Emissao, sobrevalorando su precio «con el fin de desviar a fines privados los fondos públicos utilizados en un adquisición» por 20 millones de dólares, afirmó la sala que le negó la libertad. Eso le llevó a adoptar «conductas subrepticias que llevaron a colocar el importe de la compra, por valor de 31 millones de dólares en cuentas bancarias de Suiza y Brasil», afirma el magistrado.

«Extenso patrimonio»

Además, se ha determinado «la existencia de un extenso patrimonio» a su nombre o al de su hija, tanto dentro como fuera de España (Reino Unido, República Dominicana y Colombia) y que supuestamente fue adquirido con los beneficios «de aquellos anómalos negocios».

Rodríguez no es el único detenido en prisión del caso Lezo que ha pedido volver a declarar. La ex directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond también compareció la semana pasada a petición propia y un día después García-Castellón le rebajó la fianza de 4 millones a 100.000 euros, que pagó y ese mismo día y salió de prisión.

El ex presidente madrileño Ignacio González, en prisión sin fianza al igual que Rodríguez Sobrino, solicitó asimismo una nueva comparecencia en el mismo día en que García-Castellón rebajó la fianza a Richmond. González (como Richmond y Rodríguez) ya reclamó su libertad sin éxito, al entender la Audiencia Nacional que persiste el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de obstrucción a la investigación.