Ángel María Villar, suspendido cautelarmente como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras su detención en el marco de la Operación Soule, podrá salir de la cárcel si deposita una fianza de 300.000 euros. Tan sólo once días después de enviarlo a prisión, el juez Santiago Pedraz ha modificado la situación personal de Villar al considerar que ya «difícilmente» podría obstaculizar la instrucción de la causa y porque también se ha disipado el eventual riesgo de fuga.

En un auto fechado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional también fija fianza para los otros dos encarcelados por el escándalo de la RFEF: el vicepresidente Juan Padrón y Gorka Villar, hijo del ex mandamás del balompié español. El primero tendrá que depositar 300.000 euros si quiere recuperar la libertad y 150.000 euros el segundo.

El instructor considera que, aunque el avance de las pesquisas apuntala los indicios de que los encarcelados son responsables criminalmente de los hechos que se investigan, «resulta oportuno» reconsiderar la situación personal una vez obtenida la documentación intervenida y embargadas y bloqueadas las cuentas de los principales investigados. De esta forma, según Pedraz, ya no se podrán alterar los documentos que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos y tampoco podrán influir sobre los testigos e investigados que ya prestaron declaración la pasada semana.

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El magistrado también descarta ya el riesgo de huida, uno de los motivos invocados para justificar la medida de prisión incondicional decretada el pasado 20 de julio. En caso de depositar el importe de la fianza, como todo hace indicar, Villar padre e hijo y Padrón tendrán que entregar sus pasaportes y comparecer semanalmente en el juzgado. También deberán estar localizables de manera permanente a través de un teléfono móvil.

El caso Soule acumula ya 27 investigados, de los que 16 ya han comparecido ante el juez Pedraz. Entre ellos figuran el ex secretario general de la RFEF Jorge Pérez; el ex administrador de la Federación José María Castillón; el ex presidente de la Federación Extremeña de Fútbol y ex vicepresidente de la Española Juan Espino; la jefa de la selección nacional, María José Claramunt, y los presidentes territoriales Antonio García Gaona (Ceuta), Diego Martínez Gómez (Melilla) y Jacinto Andrés Alonso Marañón (La Rioja).

En el auto, Santiago Pedraz comunica el levantamiento del secreto de las actuaciones y anuncia la próxima citación de otras 11 personas que han sido llamadas al procedimiento en calidad de imputadas, entre ellas el presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, José Miguel Monje y los médicos Onofre Alba Vidal e Isidro Monje Cabrera. La investigación alcanza a 21 empresas jurídicas, entre ellas Sports Advisers SL. Se trata de la empresa administrada por Gorka Villar, a través de la que éste habría facturado los servicios relacionados con los partidos amistosos de la selección española.