Los miembros de la Asamblea Constituyente de Venezuela no jurarán sus cargos este jueves, como estaba previsto. Nicolás Maduro ha optado por retrasar este acto solemne 24 horas, después del terremoto provocado por el comunicado de la empresa Smartmatic, encargada de supervisar la consulta, en el que aseguraba que los datos sobre participación habían sido manipulados. En lugar de los 8,1 millones de votos que el chavismo asegura que se efectuaron, el director ejecutivo de la firma confirmó ayer en Londres que «la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades es de al menos un millón de votos».

Nicolás Maduro reaccionó a esta novedad convocando a 500 de los 545 miembros de la Constituyente a una improvisada «reunión de trabajo» en la que les trasladó la noticia. «Se ha propuesto que la instalación, en vez de hacerla mañana jueves, se organice bien, en paz y en tranquilidad, y se haga para el próximo viernes a las 11.00 de la mañana», anunció el líder chavista. Cabe recordar que la oposición ya había convocado marchas hacia el Palacio Federal Legislativo, donde operará la Asamblea Constituyente, y donde actualmente aún se encuentra la Asamblea Nacional. La posibilidad de disturbios, por tanto, es alta.

La UE no la reconoce

La Unión Europea ya había anunciado este miércoles que no reconoce la Asamblea Constituyente de Venezuela y pide que su «instalación efectiva» sea suspendida, según ha hecho público la Alta Representante comunitaria, Federica Mogherini. Por el momento, se descartan otras sanciones. Los 28 han instado al Gobierno de Nicolás Maduro a «tomar medidas urgentes para rectificar» y han avisado de que «la Unión Europea y sus Estados miembro están listos para aumentar gradualmente su respuesta en el caso de que los principios democráticos se socaven más y la Constitución de Venezuela no sean respetada», según ha explicado Mogherini.

La UE ya había advertido que tenía «serias dudas» sobre reconocer una elección de una Asamblea Constituyente que podría darle a Maduro más poderes, y condenó el arresto de los líderes de la oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma. La UE reclama también «otras medidas para aportar confianza, como la liberación de todos los opositores políticos encarcelados».

Sin embargo, en la reunión técnica de las representaciones permanentes ante la UE celebrada en Bruselas, España ha defendido la instauración de sanciones individuales contra el régimen bolivariano que hoy ha revelado Mariano Rajoy tras hablar telefónicamente con el ministro de Asuntos Exteriores. Descartadas por España las sanciones económicas por entender que “pueden contribuir a ahogar aún más al pueblo venezolano”, apuestan por la vía que ya se ensayó contra las autoridades políticas rusas tras los acontecimientos de Ucrania.

La petición de España ha sido bien recibida, según han confirmado a El Independiente fuentes gubernamentales. Es ahora a la institución europea a la que corresponde determinar el alcance de las sanciones pedidas por Gobierno de Rajoy y tomar la decisión política final.

La propuesta de España sería de aplicación a las fronteras exteriores de todo el territorio Schengen y corresponde a Bruselas establecer el criterio de prohibición, que bien podría ser, ponen a modo de ejemplo, la prohibición de entrada a todos los cargos públicos de los ministerios venezolanos “de director general para arriba”, o “a los altos mandos de la revolución bolivariana”.

El espacio Schengen lo componen los siguientes países, no todos de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.