La tregua táctica decretada por Moncloa tras los atentados de Barcelona y Cambrils se rompió de manera estrepitosa en la manifestación de Barcelona. Los independentistas quisieron convertir el homenaje a las víctimas en un acto más de reivindicación de la república catalana.

Rajoy se había esforzado en mantener la ficción de una colaboración institucional que sólo existió en contadas ocasiones. Su rueda de prensa del viernes fue su último acto de servicio a una causa perdida. La entrevista de Puigdemont al Financial Times, el despliegue de esteladas durante la marcha, los insultos a Andrea Levy, los abucheos al Rey y a él mismo colmaron un vaso que ya estaba demasiado lleno.

“La paciencia tiene un límite”, comenta una fuente del Gobierno. Ayer, en Pontevedra, el líder del Ejecutivo mantuvo su tono conciliador, apelando a la “unidad de los demócratas”. Sin embargo, el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, lanzó una dura andanada a los independentistas, a los que llamó “malditos”. Un reparto de papeles que no oculta un cambio profundo de actitud tras las afrentas sufridas en los últimos días.

El presidente de la Generalitat no sólo no ha mantenido las formas, sino que ha acelerado su pulso con el Estado. Tras la provocación en el diario británico, llegó ayer la publicación de una entrevista en elnacional.cat en la que da por hecho la celebración del referéndum del 1-O y asegura que la transición a la independencia “será corta”.

La actitud de Puigdemont se considera en el Gobierno como “esencialmente desleal”, pero esas mismas fuentes dan por hecho que no dará un paso atrás en su determinación de llevar a cabo el referéndum ilegal.

El PDeCAT y ERC están dispuestos a prestar sus sedes en toda Cataluña para convertirse en colegios electorales el 1-O

El fin de la tregua significa que nos esperan cinco semanas de tensión. Pero, a diferencia de lo que ocurrió el 9-N de 2014, ahora el Gobierno va a hacer todo lo posible para que no haya urnas en la calle el próximo 1 de octubre. No se podrán abrir los colegios para convertirlos en centros de votación, no habrá un censo oficial, no se podrán constituir de forma efectiva las mesas electorales, etc.

El gobierno tiene mucha información acumulada sobre los planes que tienen en mente los independentistas. Por ejemplo, se sabe que el PDeCAT y ERC están dispuestos a abrir sus sedes ese día a lo largo de toda Cataluña para situar en ellas las urnas. Es una jugada inteligente, ya que el gobierno no puede cerrar las sedes de los partidos sin una orden judicial que sería difícil de justificar.

Sin embargo, todas las opciones están abiertas para impedir el referéndum y son fundamentalmente tres:

  1. Declaración del Estado de excepción en Cataluña.
  2. Aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
  3. Aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Por supuesto, previo a esas medidas, el gobierno recurrirá todas las iniciativas legislativas que lleve adelante la Generalitat o el Parlament y que atenten contra la legalidad ante el Tribunal Constitucional. El gobierno sabe que el TC va a responder de forma unánime. Ahora bien, duda de que esa unanimidad se produzca a la hora de que el propio TC exija al gobierno una respuesta concreta en aplicación de sus sentencias.

La opción más probable es la ley de Seguridad Nacional, que dará al delegado del Gobierno el control de los Mossos

Esa, junto a otras consideraciones de calendario y políticas (nada se podrá hacer sin el concurso de el PSOE y Ciudadanos), lleva a pensar que la opción más probable sea la segunda. La ley de Seguridad Nacional. Dicha norma, aprobada en julio de 2015, da a Rajoy la capacidad de asumir el poder efectivo en Cataluña “con el nombramiento de una autoridad funcional y la determinación de sus competencias”.

En román paladino eso significa que el delegado del Gobierno en Cataluña podría asumir el control sobre los Mossos, por ejemplo.

En el Gobierno se ha instalado la convicción de que el 1-O será un fracaso y que la gestión del atentado por parte de la Generalitat no ha ayudado precisamente a generar más apoyos a la causa independentista. Sin embargo, el temor está en que una movilización callejera (con la CUP dispuesta a capitalizar la contraofensiva contra el Estado) pueda provocar incidentes graves. Más que a un problema político, el Gobierno teme tener que enfrentarse a un problema de orden público.

Tensión, tensión, tensión. En el rifirrafe no jugará un papel menor la batalla de la información. Y, en ese aspecto, la investigación sobre el atentado de Barcelona promete darnos muchas sorpresas.