«Lo importante del 1-O es que no haya colas en ningún colegio de Barcelona». Así resume un miembro del Gobierno la medida del éxito o fracaso de la consulta independentista ilegal del 1 de octubre, dando por hecho que será imposible impedir la existencia de urnas en los pueblos de la Cataluña profunda. La Ciudad Condal será la que determine el alcance del desafío independentista, por lo que su alcaldesa, Ada Colau, se ha convertido en una especie a proteger, a tratar con guante blanco, según el deseo de Moncloa.  Sin Barcelona, la consulta «no va a ningún sitio», por lo que el Gobierno se felicita de la decisión de la alcaldesa de no ceder locales independientemente de que luego matice y muestre su disponibilidad a facilitar el 1-O si no compromete a los funcionarios municipales.

Entienden en el Ejecutivo que eso forma parte del discurso político que la alcaldesa debe mantener para atemperar de aquí al 1-O a un independentismo que solo exige adhesiones inquebrantables. Y, además, «se le están revelando sus funcionarios municipales» , los mismos a los que dice no querer poner en peligro habida cuenta las advertencias lanzadas desde el Gobierno respecto a que se perseguirá legalmente a todos aquellos que faciliten el referéndum.

Las críticas vertidas contra Colau tras los atentados de Barcelona no cayeron bien en Moncloa

En este sentido, el portavoz del PP, Pablo Casado, exhortó este lunes a la alcaldesa de la capital de la comunidad catalana a ponerse del lado de «los buenos», entendidos los «buenos» como aquellos que «cumplen la ley frente a los que quieren delinquir» en alusión a los independentistas. Unas afirmaciones que han provocado un maremoto en las redes sociales, prestas a recordar los casos de corrupción del PP, que apuntan a su financiación ilegal.

Cabe destacar que Colau también se juega su propia supervivencia política. En plena línea ascendente, la alcaldesa de Barcelona está llamada a ser candidata a la presidencia de la Generalitat catalana. Es la principal baza de los «comunes» y el riesgo de una inhabilitación sería muy lesiva para sus intereses. Sabe, además, que no lidera una formación unívoca respecto al independentismo, sobre el que ella ha sido no pocas veces crítica por entender que el 1-O «deja fuera y atrás a la mitad del pueblo de Cataluña y eso no lo podemos permitir. Protegeremos la institución», ha dicho este lunes en un acto que ha convocado Catalunya en Comú para celebrar la Diada y al que ha acudido también el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Sáenz de Santamaría y Millo mantienen línea directa de interlocución con la alcaldesa

Las críticas vertidas contra la alcaldesa tras los atentados de Barcelona del 17 de agosto pasado formuladas desde las filas populares no cayeron demasiado bien en el entorno de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, responsable de la estrategia política en Cataluña. Eso explica que el Ejecutivo no quisiera hacer sangre con la tan controvertida decisión de no instalar jardineras disuasorias en Las Ramblas, tal y como había aconsejado el Ministerio del Interior ante la amenaza yihadista. Con el argumento de que los únicos culpables de un atentado son los terroristas, la consigna que se trasladó «fue que no tocáramos ese tema».

Formalmente no hay interlocución directa del Gobierno con la alcaldesa de Barcelona salvo la institucional en el ayuntamiento, pero se apunta directamente a la propia vicepresidenta y al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. De hecho, fuentes gubernamentales admiten que Santamaría y Colau tienen «una buena relación» que ha mejorado incluso «con motivo de los atentados» del 17 de agosto. La regidora de Barcelona «mantuvo una posición mucho más institucional que la Generalitat» y «es una persona con la que se puede hablar» independientemente «de que luego hace lo que estima conveniente».

La regidora mantiene una posición «mucho mas institucional que la Generalitat»

Millo «habla mucho con ella» en una amplísima estrategia de interlocución que ha incluido en el último año a distintos sectores políticos, sociales y económicos de la sociedad catalana. El delegado le agradeció la carta que le envió ponderando la actuación de Policía y Guardia Civil tras los atentados de la Ciudad Condal. Explican las fuentes de Gobierno y de delegación consultadas que en su entorno hay muchos que no son independentistas «pero sí quieren una consulta».  En todo caso, no descartan que la alcaldesa busque una vía intermedia entre las exigencias de los independentistas de que ponga el ayuntamiento al servicio de la consulta y su negativa a comprometer a los funcionarios y a ella misma, aunque se antoja imposible una posición que satisfaga a todos.

Moncloa se niega a dar por fracasada la llamada «operación diálogo» que puso en marcha Sáenz de Santamaría a pesar de no haber podido frenar la escalada independentista de la Generalitat.

Una Diada menos multitudinaria

No obstante, esta Diada ha distado de ser tan numerosa como las anteriores, incluso produciéndose aparentemente en el momento de mayor efervescencia secesionista, con una ley de «desconexión» sobre la mesa y como arranque de la campaña del 1-O. A ello se une la posición que han mantenido las asociaciones de jueces y fiscales a favor de la legalidad constitucional; la negativa del letrado mayor y del secretario general del Parlament a secundar las decisiones presuntamente  ilícitas de su presidenta Carme Forcadell; la actuación del Consejo de Garantías Estatutarias; la negativa de los ayuntamientos más populosos, no solo Barcelona, a prestarse a la consulta del 1-O, o la ausencia total de respaldo internacional.