El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este martes la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado jueves al admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno, que califica el texto como “la mayor afrenta y amenaza” a las normas sobre las que se basa la convivencia en España desde 1978 y el “mayor ataque concebible” a los valores democráticos.

El TC ya suspendió el pasado viernes la convocatoria del referéndum del 1-O al admitir a trámite los cuatro recursos interpuestos por el Ejecutivo de Rajoy contra las resoluciones adoptadas por el Parlament y el Govern. El tribunal ha advertido expresamente a los miembros de la Generalitat, de la Mesa de la Cámara catalana, a 947 alcaldes y a otros 60 cargos de la Gobierno regional de su deber de impedir o paralizar toda iniciativa relativa a la organización del referéndum.

La Constitución Española establece en su artículo 161 que la impugnación por el Ejecutivo de disposiciones acordadas por una comunidad autónoma conlleva automáticamente la suspensión de la resolución recurrida, teniendo el Tribunal Constitucional un plazo no superior a los cinco meses para ratificarla o dejarla sin efecto.

Referéndum del 1-O

El Parlamento de Cataluña aprobó el pasado jueves por la noche la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la república catalana’ con la que JxSí y la CUP quieren consumar la ruptura de Cataluña del resto de España si gana el ‘sí’ en el referéndum del 1 de octubre. La aprobación se llevó a cabo pese a que el Tribunal Constitucional había acordado poco antes la suspensión de la ley de referéndum, de la resolución por la que se convoca la consulta de autodeterminación para el próximo 1 de octubre y otros dos acuerdos del Parlamento de Cataluña sobre las normas complementarias de organización del propio referéndum y el nombramiento de una Sindicatura que pretende ejercer de Junta Electoral.

La Ley establece un periodo transitorio de aproximadamente un año para crear una Constitución y convocar las primeras elecciones de una república catalana. En el periodo transitorio seguirían vigentes las normas de la UE, los tratados internacionales y todas las leyes estatales que “no contradigan” la ley catalana de transitoriedad jurídica y se podrían recuperar todas aquellas normas catalanas que ya haya suspendido el TC y volverles a dar rango legal.

Contempla igualmente que el presidente de la Generalitat sea automáticamente jefe del Estado y que Cataluña asuma el control de las fronteras y aduanas, además de expulsar al Ejercito hasta que la futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio.