La CUP han anunciado que los 30 alcaldes catalanes que pertenecen a la formación se negarán a declarar ante la Fiscalía, tal como ha ordenado el fiscal general del Estado, y advierten de que José Manuel Maza no tiene potestad para ordenar su detención. La respuesta de la CUP llega apenas unas horas después de que Maza enviara una instrucción a los fiscales de Cataluña para que soliciten la citación como investigados (imputados) de todos los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de que no comparezcan, reclamen su detención.

Los alcaldes de PDCat y ERC no se han sumado al envite de los antisistema y han optado, por contra, por expresar su indignación a través de las asociaciones municipalistas AMI y AMC, que han afirmado que sus alcaldes “irán a declarar -excepto los de la CUP- para explicar que seguirán al lado del Govern y el Parlament” en la organización del 1-O. Ambas entidades han convocado a los alcaldes implicados a una concentración el sábado a mediodía en la Plaza Sant Jaume.

Los alcaldes de PDCat y ERC no se han sumado al envite de los antisistema

En un comunicado la CUP anuncia que sus electos locales “no comparecerán ante las citaciones del fiscal general” y emplazan al resto de las fuerzas políticas catalanas a hacer lo mismo “al amparo de la Ley del Referéndum y de la legitimidad democrática mayoritaria de los catalanes que quieren ejercer el su derecho a voto el día 1 de octubre”.

La formación antisistema denuncia además que la Fiscalía General del Estado, “limitada por su estatuto, no puede ordenar la detención” de los alcaldes que no comparezcan ante la citación. “Ordenando estas detenciones sobrepasaría su límite competencia vulnerando los derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad”. La CUP denuncia además la actuación “demofóbica y de ataque a los derechos fundamentales del Estado ordenando unas detenciones con el único objetivo de atemorizar a la población y alos cargos electos” y anuncia una respuesta conjunta “ante la estrategia represora del Estado” para defender la celebración del referéndum del 1-O.

La CUP cuenta con 30 alcaldías en el conjunto de Cataluña, entre los que destacan las de Badalona, Sabadell y Berga. Sin embargo, las dos primeras no pertenecen a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), cuyo listado de 712 municipios inscritos es el que ha utilizado Maza para ordenar las actuaciones. Sí se encontraría entre los citados la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, quien ya fue detenida por los Mossos d’Esquadra por negarse a comparecer ante el juez por un presunto delito electoral, del que finalmente fue absuelta.

En este sentido, el colectivo de abogados Drets se ha puesto a disposición de los alcaldes que puedan ser detenidos y les ha remitido una sencilla guía de actuación en la que les recuerdan sus derechos en el caso de que esto se llegara a producir: guardar silencio, ser asistidos por un abogado y realizar una llamada telefónica a la persona que deseen.

¿Qué hacer si te detienen?

La guía de Drets para los alcaldes: ¿Qué hacer si te detienen? drets.cat

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido por contra que “lo que no tiene mucho sentido es estar dispuesto a saltarse la ley y después quejarse de que la justicia actúe”. Iceta ha ironizado, respecto a la rebeldía anunciada por algunos ediles, que “muchos alcaldes han firmado una carta, pero nadie ha firmado decreto, y algunos hacen tuits… me gustará ver hasta dónde llegan, afortunadamente el 1 de octubre está muy cerca” y ha advertido de que la investigación abierta por la Fiscalía “tiene un único responsable, el Govern de Cataluña que ha intentado implicar a los alcaldes en la organización de un referéndum ilegal”.

En su escrito, Maza advierte de que los alcaldes que colaboren pueden cometer un delito de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Por ello, ordena a los fiscales provinciales, y en su caso a los fiscales de área, que abran diligencias de investigación en relación cada uno de los ayuntamientos, y “se cite, por medio de la policía judicial, el alcalde para que declare en calidad de investigado y asistido de letrado”. En previsión de que se repitiera el caso Venturós, Maza añade: “En caso de que el alcalde citado no comparezca, se acordará su detención y presentación en la Fiscalía, oficiando los Mossos como policía judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible”.

Oficio a los fiscales jefes provinciales

En un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, el fiscal general ha pedido esta mañana que a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población. La orden de Maza llega el día en que los fiscales provinciales han convocado reuniones con los responsables de Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y Guardia Civil de sus demarcaciones para trasladar las mismas órdenes que ayer anunció la Fiscalía Superior de Cataluña a los máximos responsables de estos cuerpos en Cataluña. Entre ellos el major de los Mossos Josep Lluís Trapero, que ya ha trasladado al Cuerpo de Mossos las indicaciones de la Fiscalía.

El fiscal general del Estado toma cartas así ante la respuesta de buena parte de los alcaldes catalanes que se han declarado dispuestos a apoyar la organización del referéndum independentista del 1-O cediendo locales como colegios electorales. El pasado viernes, el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont remitió una carta, firmada también por el vicepresidente, Oriol Junqueras, a los 948 alcaldes catalanes para anunciarles la convocatoria del referéndum -una vez aprobado el decreto de convocatoria- y conminándoles a ceder los mismos locales que se utilizan como colegios en otros procesos electorales.

Más de 600 alcaldías

En la carta se daba 48 horas para responder al requerimiento de la Generalitat, que ha obtenido un gran apoyo entre los consistorios adheridos a la AMI y la Asociación Catalana de Municipios (AMC) tradicionalmente ligada a Convergencia. Casi 700 municipios han respondido afirmativamente a los requerimientos según la Generalitat, pero no se encuentran entre ellos los consistorios de las grandes ciudades.

De las capitales de provincia sólo Girona, gobernada por el PDCat, ha confirmado la cesión de locales.  Lleida, Tarragona, y todas las grandes ciudades del área metropolitana gobernadas por los socialistas han anunciado ya su rechazo a las pretensiones de la Generalitat. El más controvertido ha sido el alcalde de Granollers, Josep Mayoral, quien ha respondido a la Generalitat afirmativamente, pero con un listado de locales propiedad de la administración autonómica. Sólo Badalona, en manos de la CUP, y Sant Cugat, gobernada por el PDCat, darán su apoyo a la consulta entre las grandes ciudades metropolitanas.

Mención a parte merece la ciudad de Barcelona. En la capital catalana Ada Colau sigue nadando entre dos aguas para no cerrar la puerta a la consulta ni comprometer al Consistorio, tras haberse comprometido a salvaguardar la institución y sus funcionarios. En las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que Generalitat y Ayuntamiento acuerden organizar la consulta a través del Consorcio de Educación de Barcelona, en la que la administración autonómica cuenta con el 60% de la representación y la local con el 40% restante. La sustitución hoy mismo de su presidente, Lluís Baulenes, apunta en esta dirección.

El PSC hizo público ayer un manifiesto en defensa de sus alcaldes para denunciar las presiones recibidas por la Generalitat. En una reunión en la que participó el líder del PSOE, Pedro Sánchez, los 122 alcaldes socialistas afearon al gobierno catalán sus “amenazas” después de que el presidente de la Generalitat animara en un discurso institucional a los vecinos a “interpelar” a los alcaldes que no se han plegado a las exigencias de la Generalitat.

“Un acto de piromanía”

En Podemos han criticado duramente la decisión de Maza y lo han calificado como un acto de “piromanía absoluta” dentro de la dinámica de “echar leña al fuego” que a su juicio está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy, según ha asegurado su portavoz, Irene Montero, en declaraciones a La Sexta, donde ha afeado al Ejecutivo la suspensión del acto por el derecho a decidir para el que el Ayuntamiento de Madrid había cedido un local y le ha acusado de “impedir al pueblo expresarse”.

El líder del partido morado criticaba en las redes el hecho de que el fiscal está “reprobado en el Congreso por proteger a corruptos del PP”.