Los independentistas no van a encontrar ninguna cortapisa para poder celebrar sus actos de «campaña» de la consulta del 1 de octubre. El hecho de que no se impidiera el desarrollo del mitin de apertura que celebraron el pasado jueves en Tarragona dio la medida de la preocupación compartida con el PSOE de no entrar en ningún tipo de «provocación» que pueda incendiar la calle, admiten fuentes gubernamentales. De aquí al 1-O las tres formaciones políticas que promueven la secesión de España han convocado cientos de actos y mítines. Sólo ERC ha anunciado cerca de 500. Resulta materialmente imposible «impedir todos», admiten en Moncloa y, además, hacerlo con garantías de que no se traslade a la calle la confrontación política, social e institucional que vive Cataluña por el desafío secesionista.

A día de hoy ,»lo importante es que no haya referéndum». Ese es el eje del entendimiento con PSOE, fundamentalmente, y con Ciudadadanos. Los socialistas se muestran más cautos que los naranjas a la hora de dar el «nihil obstat» a las medidas que adopta el Ejecutivo. Y éste no adopta ninguna iniciativa sin su conocimiento.

Impedir los mítines no está en la agenda gubernamental. El bien a salvaguardar «es la paz social en la calle»

De hecho, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, comunicó a Pedro Sánchez y a Albert Rivera la intervención, de facto, de las cuentas de la Generalitat, que aprobó el viernes pasado el Consejo de Ministros para impedir que destinen fondos públicos a la organización y celebración de la consulta. El PSOE está dispuesto a respaldar iniciativas concretas que persigan esa celebración, no así imposibilitar que aquel que lo desee pueda acudir a un acto de índole política. El bien a salvaguardar en estos momentos «es la paz social en la calle», admiten.

La actuación del Estado está centrada en perseguir la logística de la consulta, esto es, urnas y papeletas, colegios electorales, campaña institucional, web o financiación de la misma. Asimismo, en ir contra los organizadores o aquellos que faciliten la celebración de los actos. Por ello el fiscal ha abierto diligencias para investigar el del pasado jueves por la noche y hasta se ha apercibido al dueño de la plaza de toros que sirvió de escenario del mismo. Pero impedir los mítines no está en la agenda gubernamental, no al menos de momento, en un escenario muy cambiante que muta con rapidez.

Moncloa  está convencida de que el independentismo busca al foto de la «represión» policial

«Los socialistas son los primeros interesados en que no haya conflicto social con los ciudadanos catalanes», justifican en Moncloa para explicar una inacción que se compadece poco con la reiteración del aviso de que «no habrá referéndum el 1 de octubre», el mismo que Rajoy suscribió el pasado viernes desde Barcelona en una reunión de la Junta Directiva del PP catalán.

Que los independentistas andan buscando la foto de «represión» policial contra los ciudadanos catalanes para alimentar su discurso de «pueblo oprimido» es una idea muy extendida en el Gobierno y PP, y esa es precisamente la imagen que no quieren proporcionales. Por ello el jefe del Ejecutivo también lanzó en su discurso un aparentemente críptico mensaje al afirmar que los independentistas «están cometiendo un error y nos van a obligar a llegar donde no queremos llegar”.

El Gobierno se desentiende de las decisiones de los jueces en Madrid o Vitoria

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, solventó la cuestión de la campaña nacionalista afirmando que el Gobierno «no impide actos. Son las autoridades judiciales y eso tiene unos procedimientos y unos fines». Era la manera de justificar que no se clausurara el Tarraco Arena horas antes de que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras abrieran campaña para una consulta plebiscitaria que solo busca refrendar una decisión previamente tomada, esto es, la independencia, sostenida en la llamada Ley de Transitoriedad. Dio, en cambio el portavoz gubernamental una pista al inicio de su intervención en la rueda de prensa que sigue a la reunión del Consejo de Ministros al afirmar que «el Gobierno va a preservar la concordia».

Contradicción

No deja de haber una cierta contradicción entre la permisividad de la campaña en Cataluña y la prohibición de actos de apoyo al 1 de octubre en Madrid o en Vitoria. En Madrid, el PP presentó un recurso contencioso por el uso del recinto municipal llamado Matadero, donde Ahora Madrid había organizado una jornada a favor del derecho a decidir, en general, y del referéndun catalán, en particular.

El juez suspendió el acto. Fue la misma decisión que adoptó otro juzgado de lo contencioso administrativo en Vitoria. En este caso, la policía local se presentó en el recinto donde intervenía la líder de la CUP, Anna Gabriel. Pero Moncloa alega que ellos poco o nada tienen que ver «con las decisiones que adopten los jueces en el ejercicio de sus funciones», desligándose de ambos hechos.