En una reunión no anunciada a los medios de comunicación y con una intervención convocada de urgencia. Así anunció Pablo Iglesias la “asamblea de parlamentarios y alcaldes por la libertad” con la que pretende escenificar el malestar ante la acción del Gobierno en el desafío soberanista. La propuesta presentada este lunes por los dirigentes de Podemos pide abrir una vía de diálogo para pedir un referéndum legal y pactado en Cataluña, para el que Iglesias hizo un llamamiento a los partidos “comprometidos con la democracia”. Una democracia que el líder de Podemos no aplicó este lunes de puertas para adentro; los diputados de su grupo parlamentario, Unidos Podemos, no debatieron la propuesta ni tuvieron conocimiento de la iniciativa hasta minutos antes de que Iglesias la anunciara públicamente, pese a que los 71 diputados de Podemos y sus confluencias se habían reunido el pasado jueves para analizar la estrategia parlamentaria.

Los cargos públicos del partido de Iglesias se enteraron del anuncio mediante un mensaje remitido a través de un grupo de Telegram. “Compañeros, os cuento que, en unos minutos, anunciaré con Xavi (Domènech), Irene (Montero), Alberto (Garzón) y Yolanda (Díaz) una iniciativa que esperamos sirva para poner en el centro del debate político la defensa de la democracia y de los derechos civiles”, comenzaba el texto distribuido por Pablo Iglesias.

Iglesias informó a los suyos enviándoles la intervención que leería minutos después

Este mensaje también incluía las “claves” de esta asamblea de parlamentarios. En este apartado, Iglesias ponía por escrito el discurso que leería minutos después ante los medios de comunicación para explicar su propuesta. La intervención pública y televisada del secretario general de Podemos consistió en leer, palabra por palabra, este mismo mensaje que había remitido a los suyos como única explicación de la medida.

La propuesta de Unidos Podemos no hace más que continuar la estrategia de diálogo emprendida por Colau. La idea de convocar una mesa de diálogo abierta a los parlamentarios y alcaldes del resto de partidos se determinó el sábado, un día después de que la alcaldesa de Barcelona enviara junto al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, una carta al Gobierno y al Rey para pedirle un referéndum pactado en Cataluña.

Los principales dirigentes de Unidos Podemos comenzaron entonces las conversaciones con PSOE, PdCat o ERC para recabar apoyos y prolongar así la bautizada como vía Colau, según reconocen fuentes del entorno. La estrategia llega después de que Podemos haya entregado su estrategia en Cataluña y a su filial catalana, Podem, al partido de Colau y Xavi Domènech, Catalunya en Comú. El líder de Podem, Albano Dante Fachin, que ni siquiera fue informado del encuentro, mostró su malestar en las redes después de haber sido excluido de la reunión, y lamentó no haber podido compartir sus reflexiones.

Un guiño a la Asamblea de Parlamentarios de 1917

Los términos elegidos por Iglesias para este llamamiento al diálogo tampoco son fruto de la casualidad. La Asamblea de Parlamentarios convocada por Podemos toma su nombre de las Asambleas de Parlamentarios que se celebraron hace un siglo, en 1917, en la época del turnismo de la Restauración. En ellas, republicanos, socialistas y parlamentarios catalanes elaboraron un manifiesto como señal de desafío al gobierno de Eduardo Dato, que había suspendido las garantías constitucionales y cerrado las Cortes.

En el escrito, pedían la autonomía de Cataluña, la apertura de las Cortes y una reforma de la Constitución de 1876 que reconociera las identidades territoriales. La iniciativa estuvo impulsada por el partido catalanista de Liga Regionalista y estuvo encabezada por su líder, Francesc Cambó. A estos encuentros asistieron el socialista Pablo Iglesias o el republicano Alejandro Lerroux.

Podemos se referencia en este episodio para buscar significantes históricos y ligar el escenario actual a un Estado de Excepción semejante al que se vivió entonces. Éste es uno de los principales argumentos del partido de Iglesias, que asegura que el Gobierno del PP ha creado un escenario de “excepcionalidad”, y le acusa de represión, de “ataque a los derechos civiles”, como el de reunión, expresión o manifestación y al que ha llegado a equiparar con la dictadura franquista.