La llamada declaración unilateral de independencia, por muy ilegal que sea, se solemnizará en el Parlament. Ese es, al menos, el cálculo que ha hecho el PP catalán para el escenario post 1-O en caso de que se llegue a ese extremo. Descartan los dirigentes populares que Carles Puigdemont proclame el nacimiento de la «nueva república» desde el balcón del Palacio de la Generalitat tras la consulta ilegal del 1-O sin que antes pase por el voto de la mayoría secesionista en  la cámara autonómica.

Se prepara así la oposición a otro pleno de infarto como los de los días 6 y 7 de septiembre en que se aprobaron la ley electoral y la de transitoriedad política en una clara vulneración del reglamento del Parlament, contra el criterio de su letrado mayor y de su Consejo de Garantías Estatutarias y de una oposición que vio quebrantados todos sus derechos como representantes electos de más de la mitad de ciudadanos catalanes.

La semana posterior al 1-O toca sesión parlamentaria, salvo que el independentismo suspenda la actividad del Parlament, tal y como han hecho estos días, y desde el PP se preparan para lo peor, descartado que los partidos que han llevado a la sociedad catalana a este callejón sin salida, tengan un arranque de sensatez este domingo.

El PDECat puede dejar la iniciativa de una proposición a ERC y la CUP

Lo previsto es que ERC y la CUP presenten una proposición para declarar la independencia unilateral tras una interpretación de los resultados de la consulta que siempre les resultará favorables al carecer de toda garantía democrática. Sin un mínimo de participación ni un máximo de porcentaje de voto, «darán por buena cualquier cifra». Creen que el PDECat, si bien sumará su voto a esa proposición , dejará la iniciativa a los republicanos y antisistema dada la existencia «de dos almas» en la antigua Convergencia, una, la que representa su coordinadora, Marta Pascal; el portavoz parlamentario, Carles Campuzano, o el diputado nacional Jordi Xuclá, reacios a declaraciones unilaterales sin un mandato muy claro de las urnas del 1-O, y la otra, la de Puigdemont, quien hace tiempo actúa al margen de sus siglas.

Pascal ya cuestionó la semana pasada una declaración unilateral con una consulta sin suficientes garantías.  Pero es que Campuzano lo dejaba mucho más claro este martes: la declaración unilateral «no está en la hoja de ruta» y tras el 1-O «habrá que empezar a dialogar», muy lejos del ímpetu de los socios de la CUP y de buena parte de ERC, así como del propio Puigdemont. De hecho, la portavoz antisistema en la Cámara catalana, Anna Gabriel, replicó a Campuzano afirmando que «la declaración de independencia está prevista en las leyes de Referéndum y Transitoriedad aprobadas en el Parlamento catalán», por lo que dijo no entender «por qué Campuzano ha hecho esta declaración».

Puigdemont, como Companys el 6 de octubre

En caso de que la mesa del Parlament aceptara tramitar la moción, podría actuar el Tribunal Constitucional en incidente de ejecución, tal y como hizo tras la admisión a trámite de la ley electoral y de transitoriedad. No son, sin embargo los populares optimistas respecto al acatamiento de la legalidad por parte del  independentismo. Lo más probable es que, llegado el momento de la votación, vuelvan a abandonar los escaños junto al PSC y Ciudadanos, tal y como hicieron a principios de mes.

Sería después, con aval de los votos secesionistas de la Cámara autonómica, cuando podría haber escena del balcón, bien el de la Generalitat o del Parlament, quizá el día 6 de octubre, coincidiendo con otra similar pero de 83 años antes, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Lluis Companys, proclamó el estado catalán dentro de la República federal española. Y es llegado este punto que el fiscal  general del Estado, Jose Antonio Maza, ya ha advertido de que el Código Penal recoge claramente el delito de rebelión.