El Pleno del Congreso ha dado este jueves el visto bueno al pacto de Estado de Violencia de Género con los votos afirmativos de 278 diputados y 65 abstenciones de los representantes de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto.

Durante el debate, los grupos han reclamado la unanimidad para este pacto al considerarlo histórico y útil en la lucha contra la violencia de género, aunque Unidos Podemos ha insistido en mantener la abstención porque es «insuficiente» y las medidas que contemplan no están garantizadas presupuestariamente. Los grupos sí que han alcanzado un consenso para incluir en el pacto de Estado de Violencia de Género que se considere víctimas de este tipo de maltrato a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o ex parejas para hacerles daño.

El debate sobre el pacto se ha centrado en la prioridad de dotar de presupuesto a las 213 medidas que se proponen para erradicar el maltrato y en llamadas a Podemos para que votaran afirmativamente el informe consensuado.

La renta mínima sigue su trámite

Este jueves también se ha votado la proposición de ley sobre renta mínima, que seguirá tramitándose en el Congreso. Todas las formaciones políticas, a excepción de Ciudadanos, han rechazado la enmienda a la totalidad del PP a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la creación de unos ingresos mínimos de unos 426 euros para personas desempleadas que buscan activamente empleo.

El pleno del Congreso ha debatido hoy este veto del PP, que ha sido apoyado sólo por Ciudadanos, y al que han asistido los dirigentes de UGT y de CCOO, promotores de la ILP. La enmienda a la totalidad del PP que solicitaba un grupo de trabajo para clarificar todas las prestaciones existentes en España ha sido rechazada por 175 votos a favor y 167 en contra, por lo que la proposición de Ley seguirá su tramitación en el Congreso con la fase de presentación de enmiendas parciales.

La mayoría de las formaciones ha acusado al PP de «desfachatez», «falta de respeto con los ciudadanos» e «insensibilidad social», al presentar un texto que -afirman- no tiene nada que ver con la propuesta de renta mínima. La prestación de unos 426 euros iría dirigida a familias sin recursos o en situación de exclusión social y afectaría a casi dos millones de hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales. La renta debería estar vinculada a la búsqueda del empleo y ser financiada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

También ha salido adelante por mayoría ley propuesta por Ciudadanos que garantice la independencia y capacidad técnica de los dirigentes de órganos supervisores y reguladores como el Banco de España, la CNMV, la CNMC o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Los grupos parlamentarios del PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, a excepción del PNV que ha votado en contra, han apoyado la proposición de ley que ha presentado Cs y que insta a crear una comisión independiente de nombramientos del Estado que evalúe los candidatos del Gobierno para dirigir organismos e instituciones.