Decenas de altos cargos de la Generalitat de Cataluña podrían acabar en prisión y ser inhabilitados en virtud de los datos que acumula la Guardia Civil tras los 41 registros llevados a cabo el pasado 20 de septiembre en diversas consejerías y departamentos oficiales del Gobierno catalán.

Los agentes tienen en su poder numerosas facturas, cuentas corrientes, correos electrónicos, etc. que ponen de manifiesto la intervención directa de dichos altos cargos en la organización del referéndum de autodeterminación del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional al admitir los cuatro recursos interpuestos por el Gobierno de la nación contra las resoluciones adoptadas por el Parlamento de Cataluña y la Generalitat por el Parlament.

En la citada operación se practicaron registros en las consejerías de Economía y Hacienda, Exteriores, Gobernación y Trabajo, así como en el Instituto Catalán de Finanzas, la Agencia Tributaria de Cataluña y el Centro de Telecomunicación y Tecnología de la Información (CCTI), entre otros organismos. La compra de material informático, papeletas, cartelería y urnas destinadas a la celebración del referéndum ilegal está recogida con todo detalle en los discos duros incautados por la Guardia Civil durante los registros llevados a cabo por sorpresa para gran enfado de los máximos responsables del Gobierno catalán.

Los discos duros incautados por la Guardia Civil detallan la compra de diverso material para el referéndum

Como se recordará, durante el día 20, y en el curso del citado operativo, llevado a cabo bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, fueron detenidas un total de 15 personas. Entre ellas, el número dos de la Consejería de Economía y Hacienda, Josep María Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

Las fuentes consultadas no descartan que entre los posibles investigados se encuentren varios consejeros. Entre ellos, Oriol Junqueras, titular de Economía y Hacienda, además de vicepresidente de la Generalitat; Raül Romeva, responsable de Exteriores en el Gobierno catalán, o Meritxell Borràs, al frente de Gobernación, que ya está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En caso de que el juez Ramírez Sunyer estimara que hay indicios del delito de malversación de caudales públicos contra dichos consejeros debería inhibirse a favor del TSJC.

Mientras avanza la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, iniciada el pasado mes de febrero tras la querella presentada por el partido político Vox y el abogado Miguel Durán a raíz de las declaraciones del entonces senador de ERC Santiago Vidal sobre los preparativos iniciados por la Generalitat para preparar la independencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC instruye una querella por prevaricación, desobediciencia y malversación de caudales públicos interpuesta por la Fiscalía Superior de Cataluña contra Carles Puigdemont y el resto de miembros de su gobierno que firmaron el decreto de convocatoria y organización del referéndum: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa, Santi Vila y Meritxell Serret.

El delito de malversación, por el que está siendo investigado Puigdemont y todo su Gobierno, se castiga con penas de hasta 8 años de prisión

En su querella, el representante del Ministerio Público exponía que los miembros del Govern no pueden desconocer que la convocatoria del referéndum implica necesariamente la disposición de fondos públicos y, siendo «inconstitucional» la consulta, «cualquier partida presupuestaria que se destine a su financiación es por consiguiente ilegal». «Impulsar la celebración del referéndum supone consumar el despojo de fondos públicos», subraya.

El fiscal recordaba que el delito de malversación no requiere el enriquecimiento de su autor y que no es necesaria la disposición o empleo de fondos públicos para que se consume el delito, puesto que es también sancionable en las fases previas de «provocación, conspiración y proposición».

Más costoso que el 9-N

El delito de malversación de fondos públicos está penado con entre 3 y 6 años de prisión e inhabilitación por un periodo de entre 6 y 10 años. En caso de que se aprecie que se trata de malversación agravada, las penas se elevan de 4 a 8 años y la inhabilitación abarca de 10 a 20 años.

El Tribunal de Cuentas ha cifrado en más de 5,2 millones el coste que tuvo para la Generalitat que presidía entonces Artur Mas el desarrollo de la consulta el 9 de noviembre de 2014, impugnada por el Gobierno y suspendida por el Tribunal Constitucional. Las fuentes consultadas por este periódico no tienen dudas de que el Ejecutivo catalán ha tenido que afrontar un mayor gasto en la logística necesaria para el referéndum de este domingo y que ha sufrido importantes contratiempos como consecuencia de la actuación que ha venido realizando la Guardia Civil, que se ha incautado en diversos operativos de más de 12 millones de papeletas, sobres y cartelería.