El dispositivo policial desplegado por el Ministerio del Interior en Cataluña por el referéndum del 1-O se prolongará más allá del plazo inicialmente previsto, sin que exista en este momento fecha para el inicio del repliegue. Éste dependerá de cómo vayan evolucionando los acontecimientos en función de las decisiones que adopte el Govern o el Parlament.

En principio, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido tenía previsto mantener el refuerzo en esa comunidad entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre. Fuentes policiales consultadas por este periódico confirman que el operativo se alargará y que se mantendrá “hasta que se recupere la normalidad”. El punto de inflexión será si el Parlamento catalán declara unilateralmente este miércoles la independencia. Así lo confirmó también este lunes el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. En una entrevista en Onda Cero, explicó que los agentes de la Guardia Civil que fueron expulsados de algunos hoteles en Cataluña, lejos de volver a sus lugares de origen, serán trasladados a otras zonas donde puedan estar seguros ya que “van a permanecer aquí hasta que sea necesario”.

Interior se ha negado a revelar por razones de seguridad cuántos policías nacionales y guardias civiles ha enviado a Cataluña para intentar impedir que se celebrarara la consulta este domingo y ayudar a los Mossos d’Esquadra en las labores de seguridad ciudadana. Entre los funcionarios movilizados y los agentes que tienen plaza en esa comunidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado disponen de más de 10.000 efectivos.

La constatación de que el dispositivo extraordinario se mantendrá más allá del 5 de octubre choca de frente con las pretensiones del Ejecutivo de Carles Puigdemont. Éste ha exigido este lunes la retirada del refuerzo de policías y guardias civiles “desplazado para operaciones de represión que han causado graves actos de violencia en país que cada año ha salido a la calle sin un solo incidente”. En su opinión, el comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado “está bajo sospecha”, por lo que emprenderá acciones legales “para depurar las responsabilidades de agentes, mandos y responsables políticos que han ordenado estas actuaciones”.

Interior ignora a Puigdemont, que ha pedido el repliegue del contingente desplazado para “operaciones de represión”

La Secretaría de Estado de Seguridad había dejado la puerta abierta a alargar en el tiempo el operativo especial cuando ordenó a las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía que dictaran sendas instrucciones por las que se suspendían las vacaciones y los permisos tanto a los agentes con plaza en Cataluña como a los desplazados hasta el 5 de octubre. Entonces ya se avanzó que el periodo de vigencia podría prorrogarse si las circunstancias así lo aconsejaran, como va a ocurrir finalmente.

La previsión de ampliar la duración del despliegue policial también se ha tenido en cuenta cuando la Comisión Interministerial de Retribuciones acordó el pasado 19 de septiembre incrementar el importe de las dietas por alojamiento y manutención para los agentes desplazados a Cataluña, pasando la cuantía de 44,47 a 150 euros (hospedaje) y de 27,65 a 37,40 euros la indemnización por comida. Los efectos de este acuerdo se mantendrán durante todo el mes de octubre, según se detalla en la resolución.

La movilización de varios millares de funcionarios policiales tendrá un elevado coste para el Estado. En concreto, Interior cifra este gasto extraordinario en más de 31,77 millones de euros, de los que más de 20,43 millones corresponde a la productividad que se abonará a los policías nacionales (11,23 millones) y a los guardias civiles (9,20 millones) como complemento a sus sueldos.

El secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, ha visitado este lunes en Barcelona a parte del contingente que participa en el operativo por el 1-O para trasladarle su “agradecimiento” y mostrarle su “admiración”.