La  Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), con TV3 como mascarón de proa, está en el radar del Gobierno  central, que quiere garantizarse su control para asegurar el éxito de la aplicación del 155, según ha podido saber El Independiente de fuentes gubernamentales. De nada sirve la intervención de las competencias autonómicas para devolver a la legalidad estatutaria a la Administración catalana con una TV3 en plena campaña de “agitprop”, esto es, agitación y propaganda con la que alimentar y mantener las movilizaciones independentistas y la más que previsible tensión en la calle, afirman en Moncloa

Una de las últimas actuaciones controvertidas de la televisión autonómica fue la de equiparar a Sociedad Civil Catalana con Falange como formaciones convocantes de la multitudinaria movilización del pasado domingo 8 en Barcelona. También lo fue vincular el enfrentamiento entre dos grupos ultras, seguidores de equipos de fútbol adversarios, con este acto, que sacó a cientos de miles de catalanes a la calle a favor de la unidad del país de forma absolutamente pacífica.

El actual director de TV3 fue reprobado por Ciudadanos, PSC, PP, CSQP y hasta por la CUP

TV3 ha sido indispensable a la hora de “cebar” el delirio independentista. La elección, el pasado mes de marzo, de Vicent Sanchís como director de la televisión autonómica, fue calificada de “golpe convergente” por el Sindicato de Periodistas de Cataluña mientras que el comité de empresa comunicó que «no es una buena señal para la independencia profesional, la pluralidad y la apertura de la CCMA a toda la sociedad».  Convencido independentista, Sanchís fue vicepresidente de Òmnium Cultural, una de las entidades soberanistas más potentes junto a la Asamblea Nacional Catalana (ANC),  y director general de la Fundació Catalunya Oberta.

De hecho, la Cámara autonómica llegó a reprobar a Sanchís con los votos de Ciudadanos, del PSC, del PP, de Catalunya Sí Que es Pot y hasta de la CUP, en una sorprendente alianza parlamentaria. También exigieron, en la misma moción, la dimisión de la presidenta en funciones de la Corporación, Núria Llorach. La defenestración del antecesor de Sanchís, Jaume Peral, fue consecuencia de las informaciones sobre los casos de corrupción que afectan a la antigua Convergencia. Ello aceleró la entrada de “un duro”  cuyos días al frente de TV3 podían estar contados si se “descabeza” la dirección tanto de la televisión como de la Corporación.

Advertencia del TC

Además, el Tribunal Constitucional  advirtió en septiembre a Sanchís “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada” en referencia a la publicidad “institucional” de  la consulta del 1-O.

Corresponde al Consejo de Gobierno de la CCMA, formado por seis miembros, elegir a los directores de la televisión y radio públicas. Por su parte, la composición de la Corporación se decide en el Parlament. Los servicios jurídicos de Moncloa llevan semanas estudiando como intervenir en TV3, sobre todo, si no se suspende la Cámara regional, asunto sobre el que se tienen serias dudas salvo que sea para convocar elecciones.

La Ley de Comunicación Audiovisual obliga a difundir contenidos “que fomenten los valores constitucionales”

Existe una Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, de ámbito estatal y autonómico, que establece en su Título IV como objetivos generales de los medios difundir contenidos “que fomenten los valores constitucionales”, la formación de opinión pública plural, la diversidad lingüística y cultural y la difusión del conocimiento y las artes, así como la atención a las minorías.

La autonómica catalana vendría a incumplir varias de esas condiciones, lo que entraría en la categoría de “infracción muy grave”, tipificada en el artículo 57.1 de la misma ley: “La emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o
cualquier otra circunstancia personal o social”. La sanción puede pasar, incluso por la revocación de la licencia en caso de medios de comunicación privados,aunque nada dice de una posible sustitución de cargos en caso de los medios públicos.

Mossos y TV3

El control efectivo de los Mossos y la televisión autonómica son dos de las piedras angulares de la aplicación del 155 de la Constitución porque facilitan la consecución del resto de los objetivos. Moncloa no quiere adelantar ningún escenario a la espera de que se cumpla este jueves a las 10 de la mañana el segundo plazo dado a Carles Puigdemont para que restature la legalidad estatutaria. Una posibilidad cada vez más lejana dadas las presiones internas que viene recibiendo de los sectores más duros del independentismo.