Dos oficiales de la Guardia Civil que participaron el pasado 20 de septiembre en la entrada y registro de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña para desbaratar los preparativos del 1-O han declarado a la magistrada que investiga el delito de sedición que el abandono del edificio se demoró durante horas ante el intento de la multitud que se concentraba a las puertas de impedir que pudieran llevarse las cajas con documentación y discos duros que contenían pruebas comprometedoras para los promotores independentistas.

Se trata de un detalle que no había trascendido hasta ahora de la instrucción que dirige la titular del Juzgado Central 3 de Instrucción de la Audiencia Nacional, que este lunes decretó prisión incondicional para los presidentes de las organizaciones soberanistas Asociación Nacional Catalana (ANC) -Jordi Sánchez- y Òmnium Cultural -Jordi Cuixart– por su responsabilidad en el acoso que sufrió la comitiva judicial que practicó aquella diligencia por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Horas antes, la juez había decidido retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer en el juzgado cada dos semanas a los otros dos imputados por la posible comisión de un delito de sedición: el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a la intendente de este cuerpo Teresa Laplana.

La muchedumbre impidió que el vehículo que trasladaba a Jové para el registro pudiera entrar por el garaje

Según han informado fuentes jurídicas a El Independiente, los dos tenientes de la Guardia Civil que prestaron declaración este lunes en calidad de testigos detallaron la tensión vivida los días 20 y 21 de septiembre mientras participaban en el registro de la Consejería de Economía y Hacienda al ser sitiados por la muchedumbre que se fue congregando durante la jornada a las puertas del edificio conforme se fue conociendo el despliegue policial.

Los agentes relataron a la magistrada que tuvieron que permanecer mucho más tiempo del necesario en el interior de las dependencias oficiales debido a que los concentrados trataban de impedir por todos los medios que pudieran llevarse los efectos intervenidos durante el registro.

Fuentes de la investigación señalan que el material incautado es de gran relevancia para esclarecer la participación de altos cargos de la Generalitat en el diseño y preparación del proceso independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional. Prueba de ellos es que altos cargos del Gobierno regional recriminaran a los Mossos d’Esquadra tras el registro por no haberles informado previamente de que se iba a practicar, dado el material sensible que custodiaban.

La entrada y registro terminó en torno a las 20.40 horas del 20 de septiembre, pero la dotación de los guardias civiles no pudo abandonar el edificio hasta las 7 horas del día 21 al estar «cercados por una multitud de personas». Al no poder soportar más la presión, la letrada de la Administración de Justicia -ha relatado- aceptó salir a las 23.45 horas a través del teatro contiguo al inmueble «camuflada y mezclada entre el público» tras trepar y escalar por tejados y azoteas.

Los agentes, sitiados, abandonaron la Consejería de Economía más de 10 horas después de terminar el registro

Los agentes revelaron otro detalle que ilustra la dificultad con que tuvieron que realizar su trabajo aquel día. Cuando trasladaban al número dos de Oriol Junqueras a su despacho oficial en la Consejería de Economía y Hacienda para que estuviera presente en el registro, la multitud impidió que el vehículo entrara al edificio por el garaje y guardias civiles y detenido tuvieron que acceder al inmueble desde el exterior, donde se encontraba ya una multitud de personas favorables a la independencia que trataba de obstaculizar la labor policial.

Jové es uno de los 14 arrestados por su participación en la organización del referéndum de autodeterminación en el marco de la causa que instruye el citado juzgado de Barcelona. Durante el registro de su vivienda, los agentes intervinieron un documento denominado EnfoCATs, reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso, en el que se detalla la hoja de ruta para alcanzar la pretendida independencia. Este informe ya consta en las actuaciones que dirige el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer.

El testimonio de los guardias civiles que han declarado como testigos ante la juez Lamela también avala que fueron Jordi Sánchez y Jordi Cuixart los promotores de las concentraciones a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda. Subidos en un patrullero destrozado de la Guardia Civil, ambos incitaron -ya de madrugada- a la «movilización permanente» a favor del referéndum y en contra de las actuaciones impulsadas por los poderes del Estado para impedir la consulta.

Jordi&Jordi, los «promotores»

«Cobra especial importancia el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos objeto del presente procedimiento, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre, alzándose además como los principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes de la actuación a realizar en cada momento», expone Lamela en sus autos.

La juez detalla que los líderes soberanistas realizaron, a través de ANC y Òmnium, un llamamiento «no a una concentración o manifestación pacíficas, sino para la ‘protección’ de sus gobernantes e instituciones, mediante movilizaciones ciudadanas masivas, frente a los lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales». «En algunas de ellas -prosigue la resolución- se expresaba incluso que las concentraciones que existían eran ‘para parar a la Guardia Civil’, como expresa, por ejemplo, el mensaje de WhatsApp de Òmnium de fecha 20 de septiembre, enviado sobre las 08.50».

«¿Quiere hablar con Trapero?»

En el atestado elaborado por la Guardia Civil, el teniente jefe del dispositivo reveló una conversación mantenida en el lugar de los hechos con Jordi Sánchez en la que éste le comunicó que iba a llamar a Trapero «para comunicarle la situación». «Me pide que me identifique y que si quiero hablar con el sr. Trapero por teléfono, que lo tiene en el mismo», detalla. La respuesta del oficial del Instituto Armado fue expeditiva: «Le dije que, si quería hablar con alguien, que lo haga con el sr. general jefe de la zona de Cataluña».

Desde la noche de este lunes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart permanecen en la prisión madrileña de Soto del Real, el mismo centro penitenciario en el que se encuentran el primogénito del ex president Jordi Pujol y el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Los abogados de los líderes soberanistas han anunciado este martes que recurrirán el auto de ingreso en prisión, al tiempo que volverán a cuestionar que la Audiencia Nacional sea el órgano jurisdiccional competente para investigar el delito de sedición.