La batalla en el tribunal interno de Podemos está a un paso de acabar en los tribunales. Olga Jiménez, la que hasta hace una semana era la presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos, el órgano del partido encargado de resolver los conflictos internos, se plantea estos días llevar su caso a la justicia ordinaria, después de que el pasado 6 de octubre el partido le inhabilitara durante tres años para ejercer su cargo. Esta medida, que pasó prácticamente desapercibida por salir a la luz el 10 de octubre, el mismo día que Carles Puigdemont presentó y suspendió la Declaración Unilateral de Independencia, vive estos días sus últimos episodios.

Este sábado se cumple el plazo para que Jiménez pueda interponer un recurso interno en Podemos contra esta decisión, que consideran un “golpe de mano” de la cúpula de Pablo Iglesias para «controlar el partido», y  Jiménez se plantea en estas últimas horas acudir a un Juzgado de lo Civil para llevar la causa a la justicia ordinaria. Hoy mismo tendrá lugar una reunión por parte de los más próximos de la hasta ahora presidenta para concretar los pasos a seguir. Este horizonte se abre la misma semana en que un Juzgado de primera instancia de Sevilla condenara a Podemos Andalucía a readmitir e indemnizar a un trabajador al que había despedido «por diferencias ideológicas».

La inhabilitación de Jiménez llega después de que en agosto la entonces presidenta de la Comisión pusiera en cuestión los estatutos del partido [consultar en PDF] , elaborados por la secretaría de Organización de Pablo Echenique y aprobados por la ejecutiva de Iglesias. El nuevo reglamento introdujo un polémico régimen disciplinario que contemplaba como faltas graves filtrar información que pueda «comprometa» la “imagen” de Podemos. A raíz de esto, Jiménez impulsó un dictamen dentro del tribunal interno pidiendo la suspensión de algunos de estos artículos, al considerar que una reforma de ese calado debía someterse a la votación de los inscritos.

La resolución, conocida como Dictamen 3, se aprobó con polémica, puesto que votaron todos los miembros de la comisión, tal y como se había hecho hasta entonces, cuando los nuevos estatutos –que aún no habían entrado en vigor- limitaban el voto a la mitad de sus integrantes, dejando sólo a 5 personas con capacidad decisoria, de las que tres eran afines a Iglesias. La secretaría técnica de la CDGE, María del Rosario Rodero, puso una denuncia a Jiménez a raíz de estos hechos y al oponerse a la aprobación del Dictamen 3 por parte del ‘tribunal al completo’.  La ejecutiva de Podemos -el llamado Consejo de Coordinación- dio luz verde a la denuncia y acordó abrir expediente a Jiménez de forma exprés, en menos de 24 hora, y mediante una reunión telemática por Telegram.

Desde entonces, Podemos sobrelleva un conflicto que se ha prolongado durante dos meses, que ha provocado la rebelión de la mayoría de los tribunales autonómicos de Podemos y que fracturó en dos el órgano, después de que Argiro Giraldo, el nuevo presidente de la Comisión de Garantías, se autoerigiera por ser el miembro de mayor edad –un criterio no establecido en ninguno de los reglamentos del partido-. La resolución al expediente, fechada el pasado 6 de octubre, fija 15 días para plantear un posible recurso, aunque fuentes próximas a Jiménez reconocen que esta vía podría estar casi descartada, puesto que se ha tratado de un «proceso político» y los criterios no van a cambiar en este sentido.

Este viernes se plantearán tres opciones: la primera de ella es retirarse de la vida del partido y asumir la inhabilitación; la segunda, la de agotar las vías internas, «sólo en caso de que sea estrictamente necesario para llevarlo por la vía judicial»; y la última, llevar el caso a un juzgado para que sea un juez quien determine la validez de la suspensión. A falta de presentarla en firme, esta última opción es la que tiene más visos de llevarse a cabo.

Expulsada por el mismo estatuto que criticó

El documento de resolución del expediente, al que ha tenido acceso El Independiente, se saldó con una inhabilitación de tres años que estaba basada en los mismos estatutos que Jiménez cuestionó en su día. La resolución señala que «OJG» incumple estos Estatutos, además de atribuirle un incumplimiento del documento ético y organizativo de la organización, aunque no determina en cuáles de sus artículos.

El escrito, de 37 páginas sin incluir documentos y anexos, lanza duras acusaciones contra Jiménez, a la que acusa de aprovechar su posición «para dañar gravemente la imagen de Podemos»; una falta recogida en los nuevos estatutos, que en su artículo 75 establece como falta grave la de «transmitir o filtrar información interna que comprometa la actuación de sus órganos, la acción política de la organización o la buena imagen de las personas que la representan». Éste término, la «imagen» fue uno de los que generó más controversia en el seno de Podemos, al entenderse que la subjetividad del concepto puede dar margen de discreción. La resolución por la que se inhabilita tres años a Jiménez hace referencia a este término hasta en 37 ocasiones.

La nueva CGDE basa su resolución, por la que inhabilita tres años a Jiménez de cualquier cargo en Podemos, en el artículo de los nuevos estatutos que califican como grave el «propagar noticias falsas que desprestigien a Podemos, sean descalificatorias de la organización o de sus órganos”, y el de «Realizar declaraciones públicas en nombre del Podemos que comprometan a la organización sin contar con autorización del Círculo Podemos al que se está afiliado, el Consejo Ciudadano o el Consejo de Coordinación.” Es decir, dos artículos pertenecientes al mismo régimen sancionador al que Jiménez se opuso.