La preocupación es palpable entre los Mossos d’Esquadra que participaron en el dispositivo del 1-O ante la responsabilidad penal que podría derivarse de su actuación aquella jornada, objeto de investigación tanto por la Audiencia Nacional como por una docena de juzgados catalanes. Las alarmas se han encendido a raíz del cambio de postura de la dirección de la Policía de la Generalitat, que ha pasado de prometer que «los mandos asumirían toda la responsabilidad» a defender que «cada uno es responsable de sus actos y sabrá lo que ha hecho».

Ésta es la respuesta que la Prefectura y la Dirección General de la Policía Autonómica catalana han dado a representantes sindicales después de que la Guardia Civil haya entregado al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la posible comisión de un delito de sedición de un cedé con 41 vídeos en los que se aprecia la pasividad de los Mossos a las puertas de colegios electorales durante la celebración del referéndum ilegal. A instancias de la Fiscalía, la magistrada Carmen Lamela ha pedido ya a la Policía de la Generalitat que identifique a los agentes que aparecen en esas imágenes.

Cuando el representante del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) preguntó por la afirmación realizada en su día de que «los mandos asumirían toda la responsabilidad», la respuesta obtenida fue bien diferente: «Aquí todos somos policías, cada uno es responsable de sus actos y sabrá lo que ha hecho».

Sindicatos piden a la Jefatura de la Policía de la Generalitat que asuma sus órdenes: los agentes se limitaron a cumplirlas

Así informó el SPC a sus afiliados en un comunicado enviado el pasado martes, al día siguiente de que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, declarara como investigado ante la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional por un posible delito de sedición. En esta causa también está imputada la intendente Teresa Laplana, responsable del operativo desplegado el pasado 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat con motivo de las detenciones y registros practicados por la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

«[Se] hace pagar al de siempre: la culpa, el de abajo. Dista mucho del «asumiremos todas las responsabilidades», se lee en la nota enviada por el SPC a sus asociados, a los que recomienda ponerse en contacto lo antes posible con los servicios jurídicos del sindicato para asesorarse.

En defensa de los intereses del colectivo, el SPC está dirigiendo su actuación en varias direcciones. De un lado, ha dirigido un escrito a la Fiscalía Superior de Cataluña para hacerle ver que los agentes que participaron en el dispositivo del 1-O se limitaban a cumplir órdenes, a fin de que queden exentos de las responsabilidades penales que puedan derivarse de las causas que se instruyen.

‘Blindar’ a los agentes

En el mismo sentido, el sindicato ha pedido a la Jefatura de la Policía Autonómica que asuma las órdenes dadas con motivo de esa actuación, en un intento de ‘blindar’ a los agentes que se desplazaron a los centros de votación.

Los investigadores policiales sostienen que la Policía de la Generalitat, en «connivencia» con los organizadores del referéndum, «maquillaron» los datos de su actuación el 1-O para justificarse ante el juez. Ello explicaría que centros de votación en los que supuestamente los Mossos interrumpieron la votación figuraran en los resultados contabilizados por la Generalitat.