La renuncia de Carles Puigdemont a ejercer el derecho de que la Generalitat esté representada en la comisión y en el pleno del Senado que debatirá sobre la aplicación del artículo 155 no sólo es «la prueba del algodón de que el president nunca ha querido el diálogo», sino que da carta de naturaleza a que su opción es hacer una declaración unilateral de independencia, afirman fuentes gubernamentales. La más que previsible proclamación de la república catalana deja el camino libre a la intervención del gobierno autonómico después de días de especulaciones sobre si Puigdemont iba a convocar elecciones o no, pero no sólo activa la vía del 155 sino también la de la Fiscalía y la del Constitucional, advierten desde el Gobierno.

Cuando este jueves se inicie en el Senado el debate en comisión del 155, con la intervención de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el viernes, en pleno, con la del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se pondrá en marcha un mecanismo mucho más complejo que el cese del govern o la limitación de funciones de la Cámara autonómica, con todo lo que esto tiene de inédito y excepcional.

Puigdemont sabe que la declaración de independencia lleva aparejada una denuncia por rebelión, a propuesta de la Fiscalía General del Estado, sin excluir medidas contra otros miembros del Govern, mientras que dicha declaración «sería un acto recurrible por la vía de constitucionalidad» bien en incidente de ejecución o con un recurso nuevo. En total, tres frentes que acechan a unos responsables políticos en clara desobediencia y huida hacia adelante.

El PP no quería un «cara a cara» entre Rajoy y Puigdemont

La Generalitat estuvo jugando durante todo este miércoles al despiste en torno a la posible comparecencia de Puigdemont en el Senado. Se le ofreció la posibilidad de un «cara a cara» con Rajoy -oferta que hizo torcer el gesto al PP- y que eligiera tanto ir a comisión como a pleno o, incluso, a las dos. Mareó con las fechas y los escenarios, hasta que sobre las dos y media de tarde, la portavoz del Parlament, la imputada Carme Forcadell, comunicó a los grupos  parlamentarios que no, que el catalán prefería permanecer en Barcelona. No dio más explicaciones, aunque a la luz de las profundísimas discrepancias que se le están abriendo en el partido y en el gobierno, complicado era defender su posición en el Cámara Alta.

Papelón de Cleries

Especialmente llamativo ha sido el papelón del portavoz del PDCat en el Senado, Josep Lluis Cleries, autor de la afamada frase «cuando se vaya Cataluña de España no tendrán ustedes quien les pague la fiesta», y que todos los martes de control al Gobierno en el Senado ha practicado el monocultivo preguntando solo por cuestiones independentistas. Después de trasladar a la prensa que Puigdemont iba a acudir a defender la posición de la Generalitat, se ha enterado por esos mismos medios que el «molt honorable» se caía del cartel.

La idea de Moncloa es centrar la intervención del presidente y de la vicepresidenta en un análisis de las causas que han provocado la intervención de la comunidad, que no su suspensión, además de un alegato a favor de la soberanía nacional. En general, dicen en Moncloa, vendrán a reproducirse los dos bloques en que se partió el Parlament los días 6 y 7 de septiembre y el 10 de octubre con una diferencia «que aquí no está Joan Coscubiela sino que intervendrán otros de Podemos mucho más cercanos a los independentistas». Se refieren a la intervención del portavoz en la cámara autonómica de Catalunya Sí Que es Pot el pasado 7 de septiembre en la que afirmó que «no quiero que mi hijo viva en un país donde la mayoría tape los derechos del resto». Partidario de una consulta pactada, levantó la furia de parte de sus diputados, hasta el punto de anunciar que este sería su último mandato.

Rajoy estudia convocar Consejo de Ministros extraordinario el mismo viernes por la tarde

El pleno del Senado del viernes debatirá por espacio de unas cinco horas la petición del Ejecutivo y el resultado de la votación se comunicará inmediatamente a Moncloa por burofax o medios electrónicos, de modo que se podría convocar en la tarde de ese día un Consejo de Ministros extraordinario. En el mismo, se aprobarían los decretos de cese de Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto del Govern. Quizá, pero sólo quizá, vaya acompañado de otro decreto de nombramiento de un «ministro especial» o «autoridad transitoria» para que dirija sobre el terreno la intervención o a un órgano colegiado. Aunque tampoco es descartable que Rajoy «se espere un tiempo hasta ver cómo se va desarrollando la intervención», admiten los mismos medios consultados.

Sustituciones más que anunciadas como la del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, corresponderán al ministro del Interior como nuevo gestor de su respectiva consejería, pero se le sustituirá «por alguien de dentro, por otro mosso». Será la policía autonómica la que, llegado el momento, si llega, se le encargue proceder a la detención de Puigdemont por rebelión.