En las horas finales antes de que todo se decida en el Parlament, Carles Puigdemont juega dos partidas paralelas, con el Gobierno, al que ha planteado unas condiciones que incluyen la dialéctica de los “presos políticos”, y con las entidades y partidos soberanistas que le dan apoyo para mantener viva la opción de las elecciones. La única opción que le permitirá mantener viva la esperanza de evitar la aplicación del articulo 155 y seguir controlando la Generalitat.

Las elecciones siguen estando sobre la mesa, aseguran sectores del PDCat, que reconocen que se trataría de una salida decidida por el President que no responde a ningún principio de acuerdo con el Gobierno. Las relaciones entre ambos ejecutivos están más frías que nunca, y también han perdido peso en las últimas horas la mediación de actores interpuestos, desde el PSC a representantes empresariales, por el enrocamiento en el que el Govern considera que se ha instalado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Carles Puigdemont lleva prácticamente 24 horas de reuniones maratonianas con el núcleo duro de su gobierno

Así lo ha confirmado el diputado de la CUP Carles Riera, quien ha reconocido ante los medios que la opción de unas elecciones autonómicas anticipadas vuelven a estar sobre la mesa. Un escenario que el antisistema ha rechazado frontalmente, recordando que el acuerdo de todos los sectores independentistas pasa por la proclamación de independencia sin más dilación. La urnas, ha insistido, serían una “deslealtad”.

Carles Puigdemont lleva prácticamente 24 horas de reuniones maratonianas con el núcleo duro de su gobierno, los responsables de las entidades soberanistas y ese Estado Mayor integrado también por los dirigentes de los dos partidos que integran JxS, ERC y el PDCat, para buscar una salida a la crisis catalana. Unos encuentros en los que se mantienen inamovibles las posturas de quienes consideran que la única opción es la DUI y los que defienden la necesidad de poner freno al proceso con unas elecciones que permitan salir del bloqueo actual y evitar la intervención de la autonomía.

Unas reuniones en las que el President habría mostrado su frustración por la negativa del Gobierno a aceptar los términos en los que la Generalitat había planteado un acuerdo de mínimos para que Puigdemont acudiera al Senado y renunciara a la DUI, que incluyen además de frenar la aplicación del 155, el compromiso de que el Gobierno “frenará” a la Fiscalía para evitar nuevas querellas y permitir la puesta en libertad de los líderes de la ANC y Ómnium.

Desde que la juez Lamela decretó prisión incondicional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los nacionalistas advirtieron de que se convertirían en nuevas variables de la negociación en calidad de “presos políticos”. Y, efectivamente, su “liberación” es una de las condiciones que Puigdemont habría puesto sobre la mesa sin éxito de momento.  La prisión de los “jordis” es el mejor argumento de las entidades soberanistas que se han alineado ya abiertamente con la CUP para exigir al Govern que no de ni un paso atrás.