La Fiscalía no recurrirá el auto del Tribunal Supremo en el que el juez Llarena dicta prisión con fianza para Carme Forcadell, libertad bajo fianza para el resto de ex miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña y libertad sin medidas cautelares para el ex diputado de Catalunya Sí Que Es Pot Joan Josep Nuet. Pese a que el ministerio público solicitó en un primer momento prisión incondicional para Forcadell y tres querellados más, fuentes de la fiscalía aseguran que se habría rectificado de haber podido tras el último turno de palabra concedido por el magistrado a los investigados.

Las mismas fuentes concretan que la decisión de pedir prisión incondicional se derivó de la ambigüedad con la que los querellados se manifestaron durante el interrogatorio principal, en el que su compromiso con la acatación del 155 y de la legalidad constitucional no fue claro. Así, la fiscalía entendía que concurría el riesgo de reiteración delictiva, una de las causas que justifican la prisión preventiva. Sin embargo, el magistrado Llarena, a petición de uno de los abogados de la defensa, concedió un último turno de palabra a los querellados en el que sus declaraciones fueron ostensiblemente más firmes y en el que renunciaron explícitamente a la vía unilateral.

En su último turno de palabra, los querellados renunciaron de manera explícita a la vía unilateral para alcanzar la independencia

La Fiscalía, según ha podido conocer El Independiente, valoró muy positivamente ese último alegato, en el que los querellados se posicionaron de manera firme junto al respeto a la ley. Tres de ellos, trasladan fuentes cercanas al caso, manifestaron incluso su intención de abandonar la actividad política: Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCat) y Joan Josep Nuet (CSQP). El abogado de este último, Enrique Santiago, ha manifestado sin embargo este viernes en Espejo Público que su cliente hace un «excelente trabajo» y que «no tiene por qué» renunciar a su actividad.

En todo caso, los posibles abandonos de la política ya los apunta el juez Llarena en la página 22 de su auto: «Todos los querellados, no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional». En esa renuncia a la vía unilateral se enmarcarían por tanto Lluís Corominas (PDeCat), Lluís Guinó (PDeCat) y la propia Carme Forcadell.

Esto no es la Audiencia Nacional, lo que ha pasado allí no tiene por qué pasar aquí»

La acusación está satisfecha con el auto dictado por el magistrado Llarena, que ha encontrado buena acogida este viernes tanto en la escena política como en las defensas de los acusados. Uno de ellos, Joan Josep Nuet, ha trasladado esta mañana en Rac1 que el propio magistrado les trasladó un mensaje desde el inicio de la comparecencia: «Esto no es la Audiencia Nacional, lo que ha pasado allí no tiene por qué pasar aquí».

La Fiscalía aprecia especialmente que el juez entiende y desarrolla la base del delito de rebelión o conspiración para la rebelión, asumiendo los preceptos de violencia incruenta, en forma de movilizaciones intimidatorias y hostigamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«La ocupación organizada de calles por centenares de tractores; incluyendo el bloqueo del edificio de la Delegación del Gobierno de Cataluña; el asedio de edificios pertenecientes a la Administración del Estado; el aislamiento de agentes o de la comisión judicial que realizó el registro de la Consejería de Economía; el impedimento por numerosos individuos de que se realizara el registro en la entidad Unipost; el asedio de los hoteles donde se alojaban los integrantes de las fuerzas del orden; los cortes de carreteras y barricadas de fuego; las amenazas a los empresarios que prestaran soporte a los servicios del Estado; o algunas de las murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación, haciendo en ocasiones recular a las cuerpos policiales, o forzando a estos a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesario de otro modo; son una clara y plural expresión de esta violencia», escribe Llarena en uno de los párrafos clave del auto dictado este jueves. Un escrito que, pese a las medidas cautelares aplicadas, no dibuja un panorama especialmente brillante para los encausados.