La defensa del ex consejero madrileño Francisco Granados se ha quejado este martes en el primer juicio del caso Púnica que celebra la Audiencia Nacional de que el presunto ‘conseguidor’ de la trama, David Marjaliza, no esté sentado en el banquillo de los acusados junto al que fue su socio.

Durante las cuestiones previas del juicio que celebra la sección primera de la Sala de lo Penal, el abogado de Granados, Javier Vasallo, ha pedido la nulidad por “falta absoluta de motivación” de algunas de las pruebas y ha protestado acerca de la ausencia de Marjaliza en el proceso.

A juicio del letrado, “David Marjaliza es la única persona que pudo obtener algún lucro” del chivatazo que le dio el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino a Granados y a un ex asesor de la Comunidad de Madrid, los tres acusados por un delito de revelación de secretos por el que la Fiscalía pide 3 años de prisión.

Ese lucro seria el de la destrucción de pruebas y de documentación de la trama por parte de Marjaliza, al que ha calificado de “pieza fundamental” en la red y ha destacado que es “el único que ha tomado medidas desde 2013” encaminadas a ocultar sus actividades.

Según el letrado, cuando Marjaliza prestó declaración en instrucción durante 13 horas en las que detalló muchos de los pormenores de la trama corrupta y que le valió salir de prisión un año y medio antes que Granados, el juez y el resto de partes tuvieron “a bien liberar” de responsabilidades al presunto ‘conseguidor’ de la Púnica del proceso.

También ha pedido el abogado la nulidad de todas las intervenciones telefónicas porque, a su juicio, vulneran el derecho de intimidad y del secreto de las comunicaciones de los acusados. Éstas “se deberían haber autorizado a través de autos concretos” pero, sin embargo, según su alegato, “infringen las reglas más elementales del control jurisdiccional que debió tomar el juzgado de instrucción”.

La Audiencia Nacional juzga desde hoy el presunto chivatazo que Talamino dio a Granados en septiembre de 2014 acerca de la operación Púnica que le llevó a prisión un mes después y que, según la Fiscalía, le permitió destruir pruebas y esconder dinero en efectivo no declarado, como el millón de euros que ocultó en el altillo de una habitación de sus suegros.