Joan Pau Miquel, ex consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), ha reconocido ante un juez del Principado la veracidad de la grabación de una conversación mantenida con el agregado de Interior en la que éste supuestamente le habría transmitido que el Banco de España no inspeccionaría a esta entidad financiera -matriz del Banco de Madrid- si colaboraba en la investigación sobre el patrimonio de los Pujol. Miquel también ha revelado que fue él quien grabó el encuentro con su teléfono móvil, como ha informado la Radio y Televisión de Andorra.

El ex directivo de BPA prestó declaración en calidad de testigo este miércoles ante la sección de Instrucción 2 de los juzgados de Andorra, en la que recayó la querella interpuesta el 18 de octubre de 2016 por los ex copresidentes de Banca Privada de Andorra Higini y Ramón Cierco contra dos policías españoles por coaccionar supuestamente a directivos de esta entidad financiera a fin de lograr información de las cuentas de la familia Pujol en el Principado. La acción alcanza al ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas; al ex agregado de Interior Celestino Barroso y a Bonifacio Díaz Sevillano, antiguo policía de enlace en Andorra.

Como informó El Mundo, el banco andorrano -intervenido por el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF) en marzo de 2015 por supuesto blanqueo de capitales tras una denuncia de EEUU- ha aportado a la causa esta grabación, una prueba relevante para determinar si la Policía española presionó a los directivos de BPA para obtener datos sobre el dinero que los Pujol tenían en el Principado.

El agregado de Interior le dijo al directivo que dependía de ellos que se quedara “en nada” la inspección prevista a Banco de Madrid, filial en España de BPA

Se trata de la conversación que Joan Pau Miquel y el inspector jefe de Policía Celestino Barroso mantuvieron en el despacho del ejecutivo bancario el 2 de junio de 2014. El agente se presentaba como emisario de un “mensaje de Madrid”. “Me han dicho que le comunique lo siguiente: el Banco de España tiene una inspección a Banco de Madrid y se lo van a cargar. Y hay una empresa americana dispuesta a hacerse con el banco. Pero me piden que les transmita que depende de ustedes que se quede en nada, que se pare la inspección y que todo quede como está en la actualidad”.

A cambio, el BPA tenía que acceder a “algo” que el agregado de Interior aseguraba desconocer. Barroso confirmaba a su interlocutor su condición de “inspector jefe de Policía” y aseguraba: “Esto es una misión muy mía”. A la pregunta de Miquel de si el ofrecimiento tenía carácter oficial, el agregado de Interior respondió: “Vamos a dejarlo ‘entrecomillao'”.

El procedimiento penal que se instruye desde hace 13 meses en Andorra trata de determinar si, bajo coacción y/o chantaje, responsables de BPA proporcionaron a las autoridades judiciales españolas el pantallazo que demostraría que la esposa del ex president Jordi Pujol, Marta Ferrusola, y cuatro hijos -Marta, Mireia, Pere y Oleguer- eran titulares de cuentas bancarias en dicha entidad y que realizaron 11 ingresos por 3,4 millones de euros entre el 9 de diciembre de 2010 y el 4 de enero de 2011. Este documento ha sido determinante para perseguir a los Pujol.

Las anotaciones de Villarejo

La querella de los Cierco se basa en gran medida en el contenido de cuatro notas informativas de carácter reservado redactadas por el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo -en prisión preventiva desde el pasado 5 de noviembre tras su detención en la Operación Tándem por blanqueo y cohecho- entre el 1 de julio de 2014 y el 20 de enero de 2015 y en las que acusaba a uno de los encausados de presionar a Joan Pau Miquel para que le proporcionase “toda la información concerniente a la familia Pujol” bajo la amenaza de forzar el cierre del banco si no accedía a esta petición. Villarejo se atribuyó la auditoría de esos documentos en un acta de manifestaciones otorgada el 26 de septiembre de 2016 ante el notario de Madrid José Manuel Senante Romero, ante el que mostró su disposición a colaborar con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos.

Entre las diligencias que los Cierco pedían que se practicaran se incluía la declaración como testigo del comisario ya retirado, tras la emisión de la correspondiente comisión rogatoria por parte de las autoridades judiciales andorranas. Según ha podido conocer este diario, los querellantes han renunciado a esta testifical por los aplazamientos de la comparecencia -Villarejo estaba citado el pasado 6 de julio pero no se presentó, como tampoco en septiembre- y tras aparecer la grabación de la conversación mantenida entre el ex consejero delegado de BPA y el agregado de Interior en Andorra. La duda es si el Instituto de Derechos Humanos y los Pujol, personados también en la causa, pedirán la comparecencia de Villarejo desde la cárcel.