Vuelta a 2010. Por lo menos en el plano económico, esa es la propuesta de los socialistas catalanes para las elecciones del 21D. Una recuperación de las reformas derivadas del Estatuto de 2006 que, en el plano económico, comportan dos propuestas estrella de lo negociado en su día por los gobiernos de Pasqual Maragall y José Luis Rodriguez Zapatero: la creación de un Consorcio Tributario integrado por las haciendas estatal y catalana para compartir la recaudación y gestión de los impuestos en Cataluña y la Disposición Adicional Tercera que fijaba una inversión estatal en infraestructuras equivalente a la aportación catalana al PIB nacional.

En términos generales el programa socialista reparte culpas de la situación actual entre Gobierno y Generalitat y lamenta que “el independentismo y el PP se han retroalimentado en una escalada que ha llevado al descredito de las instituciones y al Govern de la Generalitat a la prisión” mientras crecen los “problemas de convivencia y se olvidan los grandes retos sociales y económicos” entre los que destaca la huida de empresas y las consecuencias del procés.

Para compensarlo, además de un marco de estabilidad política que devuelva la confianza al empresariado, el programa que defenderá Miquel Iceta propone reclamar una “prórroga” de la Disposición Adicional Tercera que, de hecho, nunca llegó a aplicarse, puesto que la sentencia del Tribunal Constitucional dejaba claro que el Estatut no podía condicionar la política inversora del Gobierno en los Presupuestos Generales, como pretendía esta adenda del Estatut.

Más presión fiscal y lista de defraudadores

En términos fiscales, junto a la reivindicación del Consorcio Tributario para “coordinar la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de los impuestos estatales recaudados en Cataluña” destaca la promesa de una mayor presión fiscal en Cataluña, revirtiendo las rebajas fiscales de Artur Mas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio.

Además, propone revisar el tramo autonómico del IRPF para rebajarlo en las rentas medias y bajas y aumentarlo en las altas, una “reforma fiscal verde” con objetivos medioambientales y la revisión de los beneficios fiscales para “eliminar los que son claramente regresivos”. Además, propone “mejorar la consciencia fiscal de la ciudadanía, haciendo pública la lista de defraudadores y no aprobando amnistías fiscales”.

La relación Cataluña-España

El programa ofrece pocas novedades en las propuestas para reconducir la crisis política catalana, basadas en la Declaración de Barcelona y la de Granada, y su propuesta de reforma de la Constitución. En este contexto, los socialistas catalanes lamentan que casi una década después de la sentencia del TC sobre el Estatut, “la relación entre Cataluña y España se ha instalado en un conflicto permanente agravado por el uso partidista de las instituciones democráticas; por la falta de imparcialidad y neutralidad de los medios de comunicación públicos, como TV3 i TVE; y por la instrumentalización política de los sentimientos”.

La visión sobre la educación y el uso de la lengua es el punto en el que los socialistas marcan distancias respecto a PP y C’s. En su programa, el PSC defiende “ante la interferencia del Gobierno, la preservación del modelo lingüístico” del que se ha dotado Catalunya cuenta con un “amplísimo consenso, particularmente el modelo escolar como a modelo no sólo de preservación del catalán sino también de inclusión social”.

Recalca que el uso del catalán es “aún deficitario” y defiende un Pacto Nacional por las Lenguas, que trabaje en favor de las lenguas de Cataluña sin confrontarlas. En este sentido reivindica la Ley de Educación de Cataluña, aprobada en 2009 bajo mandato del tripartito, que ha juicio de los socialistas se ha desarrollado “con desgana” sin las necesarias revisiones, y se compromete a dedicar el 6% del PIB a educación, que ahora recibe una inversión por debajo del 3%.