La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela desgrana en su informe abogando por que el Tribunal Supremo se quede con su investigación del 1-O nueve “resultados ilegales” que, a su juicio, se han producido durante el procés independentista:

  1. Marco legislativo. La primera actuación ilegal que menciona la magistrada es la aprobación de un “marco legislativo inconstitucional” para celebrar la consulta y declarar la independencia. Se hizo, dice, incluyendo en los órdenes del día del Parlament catalán propuestas “manifiestamente ilegales” y desobedeciendo una y otra vez los “sucesivos y tajantes requerimientos” del Constitucional.
  2.  Convocatoria del 1-O. La “convocatoria ilegal de un referéndum ilegal” es el segundo acto fuera de la ley que describe Lamela. Se hizo una vez más “ignorando los pronunciamientos y requerimientos del TC” y para ello se usaron “recursos humanos y económicos públicos suficientes”.
  3. Desobediencia al TC. Esta conculcación de los mandatos del Constitucional contra un “marco legislativo paralelo” y la celebración del referéndum fue “reiterada”, dice Lamela.
  4. Creación de nuevo Estado. La magistrada ve otra ilegalidad en la “puesta en marcha de trabajos encaminados a la creación de las bases de las estructuras del ‘nuevo Estado'” en Cataluña.
  5. Uso de los Mossos. Este cuerpo autonómico se utilizó “al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal”. Menciona en este apartado el “espionaje” que hicieron los Mossos a miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como las labores de “vigilancia y contravigilancia” por parte de los agentes catalanes a favor de políticos que estaban siendo investigados judicialmente.
  6. Propaganda. Otra actuación presuntamente ilegal, según Lamela, son los “planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro de Cataluña y en el extranjero”.
  7. Recursos tecnológicos. El Govern cesado usó estos recursos tanto para apoyar la celebración del 1-O como para desarrollar proyectos para la nueva república independiente, lo que constituiría la séptima ilegalidad.
  8. Movilizaciones populares. La jueza ve ilegal el “despliegue de un movimiento popular” porque, además de legítimas movilizaciones, se produjeron “auténticos actos sediciosos” como el asedio a la Conselleria de Economía del 20 de septiembre.
  9. Uso de dinero público. El desvío de fondos públicos para todas las actividades mencionadas es el noveno y último acto ilegal que menciona Lamela en su informe al Supremo. “La confluencia estratégica de todas estas actividades, perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal, fue lo que en suma permitió la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia aprobada en el Parlament de Cataluña el pasado 27 de octubre”, acaba relatando sobre estos nueve puntos.