Un total de 77.043 abogados están llamados este miércoles a las urnas para elegir a la junta de gobierno que llevará las riendas del Colegio de Abogados de Madrid (Icam) durante los próximos cinco años. El proceso electoral, al que no concurre la actual decana (Sonia Gumpert), ha despertado una enorme expectación en el gremio, como demuestra el hecho de que ocho candidatos aspiran al decanato. Los colegiados podrán emitir su voto en las seis mesas electorales que se habilitarán en el Hotel Novotel Madrid Center (calle ODonnell 53) y que estarán abiertas entre las 10 y las 20 horas.
Las nuevas exigencias en materia de transparencia, el futuro del Turno de Oficio, la amenaza que puede suponer la futura Ley de Colegios Profesional, la formación, la participación en la vida colegial... son algunas de las cuestiones sobre las que giran las propuestas que los candidatos han incluido en sus respectivos programas electorales, como detallan en el cuestionario enviado a El Independiente.
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¿Cuáles son las propuestas esenciales de su candidatura?
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A su juicio, ¿cuál es el principal reto al que se enfrenta el gremio en este momento y qué soluciones propone?
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¿Cuál es su postura ante la amenaza de la Ley de Colegios Profesionales?
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¿Qué propone para mejorar el Turno de Oficio?
1.-
En primer lugar, queremos modernizar la institución para tener un Colegio 3.0. Muchos no saben que casi el 80% de nuestros colegiados todavía no tienen una web propia. Es imprescindible que todos sean colegiados 3.0. Para ello vamos a crear un servicio que sea adaptado, progresivo y complementario para que cada uno sea asesorado según su nivel en manejo de herramientas de ofimática y comunicación, RRSS, ciberseguridad... En segundo lugar, queremos ser una voz determinante en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Existen abogados de empresa que no están amparados por el secreto profesional; no puede ser, debe ser regulado. También queremos que se regule que sólo los abogados puedan ser quienes asesoren y trabajen en las cuestiones relacionadas en materia de derecho. ¿Acaso alguien dejaría que le operase una persona que no fuera médico? Por último, le diría que como prioridad continuaremos acercando el Colegio a los colegiados, puesto que todavía queda mucho por hacer a pesar de que hemos conseguido que más de 8.000 colegiados se inscriban en las 32 secciones creadas, que han participado miles de colegiados en los Congresos de la Abogacía, en las ferias de empleo, en las cinco cumbres de mujeres juristas, que más de 2.000 colegiados se hayan descargado la aplicación del Defensor del Abogado... pero debemos seguir trabajando para que el Colegio sea la referencia en formación, actualización y deontología. Existe un desapego que vamos a seguir combatiendo para involucrar a todos los colegiados y colegiadas en su casa, que es el Colegio.
2.-
Dentro de las encuestas generales que se realizan sobre la valoración de la Justicia, la Abogacía siempre es bien reconocida. No obstante, tenemos que luchar por una Abogacía preventiva para que los ciudadanos se asesoren de forma previa antes de realizar cualquier tipo de operación con transcendencia jurídica. Además, debemos luchar unidos para que nuestra voz se escuche de forma activa en cualquier reforma legislativa que afecte a nuestros día a día profesional. Y otro reto al que enfrentarnos es a la transformación digital. La Abogacía no puede quedarse atrás en esta materia y por ello es uno de los puntos principales de nuestro programa.
3.-
Nuestra postura es que para ejercer determinadas profesiones, como es la Abogacía, la colegiación tiene que seguir siendo obligatoria. Ésa es la forma de garantizar a la sociedad no solo la formación y la calidad de los colegiados sino también la de defender y garantizar la independencia de la profesión y que la misma se lleva a cabo respetando unos principios éticos y deontológicos. La colegiación obligatoria vela por el ciudadano y le protege frente a la mala praxis.
4.-
El turno de oficio es el orgullo de nuestra profesión, el que garantiza el derecho de defensa en nuestro Estado de Derecho. Por ello, la reivindicación debe ser constante. Cuando llegamos de la mano de Sonia Gumpert se pagaba poco, tarde y mal. Hemos sido la junta más reivindicativa, incluso llegamos a colgar las togas en la fachada del Colegio en una campaña que tuvo gran repercusión y que consiguió que retomáramos las negociaciones. Recuperamos el 20% de los baremos que se habían recortado con la anterior junta, además de recuperar el Servicio de Orientación Jurídica. Para esta nueva legislatura vamos a seguir luchando por optimizar los baremos para conseguir una remuneración justa y digna del derecho fundamental que representan. Para conseguirlo, hemos decidido crear una comisión del Turno de Oficio, formada por profesionales que de forma desinteresada y generosa van a trabajar codo con codo con la junta de gobierno. Entre las nuevas medidas se encuentra una oferta de Formación on line gratuita para los inscritos en el Turno. También proponemos crear una imagen corporativa propia para el turno de oficio, que visibilice su labor a nivel social. Pero el mayor compromiso lo adquiero en primera persona, porque, sin el trabajo del Decano, la interlocución con las instituciones públicas no se materializa, y yo voy a trabajar sin descanso para que los 5.391 apuntados en el Turno de Oficio se sientan reconocidos, remunerados y orgullosos del Colegio que los representa.
1.-
Todos los puntos de nuestro programa están estudiados con el máximo detalle y son el resultado de las diversas sensibilidades de los distintos miembros que integran nuestra candidatura. Todos son, pues, importantes. Pero, si me permite, yo destacaría uno por encima de los demás: nuestra visión y nuestra misión es que la Abogacía, con mayúsculas, sea uno de los poderes más relevantes, más influyentes de la sociedad civil española y madrileña, en particular. Si lo conseguimos -y estoy convencido de que si hay algún equipo que puede conseguirlo es el nuestro- todo lo demás vendrá por añadidura. Si eres fuerte y respetado, consigues mucho más que si eres débil o sencillamente irrelevante. La experiencia así lo viene demostrando tozudamente. Los jóvenes dejarán de ser meros convidados de piedra en el ICAM, contando con voz y voto. Las mujeres serán un auténtico bastión y una referencia. Los abogados de empresa dejarán de estar abandonados por el ICAM para volver a encontrar representación y defensa de sus intereses y derechos. El Centro de Formación será socializado y elevado en su calidad… Hablamos de una transformación en toda regla.
2.-
Antes de embarcarme en este proyecto hay dos preguntas que me formulé con la máxima honestidad. ¿Atiende el ICAM todas las necesidades del colegiado? Y, de otro lado, ¿actúa el ICAM como verdadero y útil defensor del abogado y sus intereses? Y honestamente creo que no. Por eso, en mi contrato con el colegiado figura que todos verán debidamente atendidas sus inquietudes y peticiones bajo criterios de solvencia, eficacia y celeridad. Por eso, los colegiados se sentirán partícipes y protegidos por la Institución. Por eso, implantaremos una política de servicios generales con todo tipo de beneficios para los colegiados: con acuerdos con empresas de transporte, financieras, inmobiliarias, tecnológicas, de salud y bienestar, hostelería y de ocio en general. La gran mayoría de colegios profesionales constituyen una gran fuente de beneficios para sus colegiados, y el ICAM no puede ser una excepción. No permitiremos que nuestro principal objetivo, la defensa de los intereses de nuestros colegiados, quede resumida a un mero buzón de quejas en forma de aplicación. Y, muy importante, crearemos un servicio de reclamación de honorarios que facilite el cobro automático de todas las minutas impagadas por los clientes.
3.-
Somos una de las escasas profesiones que todavía se ven sometidas a la necesidad de colegiación para el ejercicio, y esto ha contribuido a que la representatividad y la defensa de nuestros intereses por el Colegio se haya relajado sobremanera. Esto ha significado un gasto cuando debiera ser nuestra mayor fuente de soporte logístico, académico, comercial e incluso social. Creo en una misión transformadora ‘del’ y ‘en el’ Colegio. Y entiendo que es posible una gestión novedosa, desde una visión empresarial dinámica, en la que el colegiado se convierta de facto en un socio con derecho de acceso a la información y empoderado para exigir una atención humana, unas prestaciones adecuadas al ejercicio, y unos resultados proporcionales a la aportación económica que se le exigen. Creo que nuestro Colegio puede y debe volver a llevar la vitola de la honorabilidad, ser casa, espejo, orgullo y refugio de todos los colegiados. Todo de manera que, aun no siendo obligatoria en el futuro la colegiación, el abogado quisiera estar en el ICAM por lo mucho y bueno que obtendría a cambio.
4.-
Apoyaremos activamente las iniciativas de los abogados de oficio en defensa de sus intereses. Propugnaremos mejoras de los baremos retributivos de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia, incidiendo -por supuesto- en sus plazos de pago. Se exigirá un cumplimiento estricto del baremo, y de sus plazos, en todos los procedimientos. Diseñaremos un Plan de Formación Continua en el Turno de Oficio, como garantía de calidad del servicio, que sea gratuito. Debe seguir prestigiándose al objeto de que los ciudadanos lo perciban cada vez más como un servicio de calidad, que por otra parte, no puede ser obligatorio para los abogados, a cuyo fin, propugnaremos que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita sea nuevamente reformada. Aseguraremos una colaboración leal y respetuosa de los órganos judiciales, Fiscalía, comisarías y comandancias de la Guardia Civil con el letrado en el ejercicio de sus funciones como abogado de Turno de Oficio.
1.-
Las propuestas esenciales son las transparencia y la integridad. La honradez, para actuar con objetividad y eficacia. El Colegio no puede seguir siendo un club privado, es una corporación de derecho público.
2.-
El principal reto es una automatización trucada que en pocos años pretende sustituir abogados y jueces por robots diseñados por multinacionales. La Abogacía ha sido mantenida en la inopia por el Colegio, que hace tiempo debería haber exigido publicidad de códigos fuentes y algoritmos en el sector de la Justicia. Pero están enfrascados en rencillas internas y reparto de prebendas y no se ocupan de lo esencial.
3.-
La Abogacía es instrumento para la obtención de tutela judicial y defensa. No es una profesión cualquiera, sino una tarea esencial para el disfrute de derechos fundamentales. La Abogacía es el factor de legitimación más importante del sistema de justicia y para proteger su independencia y libertad existe el Colegio. Si no existiera, el Poder Ejecutivo asumiría sus competencias y el Estado derivaría hacia el autoritarismo.
4.-
Proponemos cambiar el sistema retributivo, con criterios de mercado. Proponemos el ingreso inmediato sin plazos de espera mediante prácticas retribuidas para jóvenes recién incorporados y tutores. Proponemos reprografía gratuita y un servicio colegial de notificación y comunicación con clientes. Y proponemos que la derivación a mediación cuente a efectos retributivos para la Abogacía de Oficio como un asunto judicializado hasta sentencia.
1.-
Impedir la privatización de la Justicia, baja del Colegio de Abogados de Madrid de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de abogados (UIBA), reducir las cuotas colegiales, el presupuesto y su ejecución conforme a las normas de Transparencia Internacional, y que sea para todos grandes y pequeños un Colegio amable y que resuelva problemas de la profesión y no los cree.
2.-
El principal es la llegada de la inteligencia artificial a la Abogacía y la consecuente destrucción de muchos trabajos. La principal solución es que la Plataforma 'Lexnet' no dependa del Ministerio de Justicia, y que no puedan utilizarse los trabajos jurídicos en dicha plataforma para crear inmensas bases de datos programas de ordenador tendentes a sustituir los abogados físicos y sin ninguna retribución por los derechos de autor.
3.-
Los Colegios de Abogados seguirán existiendo simplemente porque son un instrumento de control fiscal para un erario imposible de mantener, dado el diseño actual de las autonomías.
4.-
Volver a la anterior normativa; cada cambio es a peor. Es simplemente exigir más a los abogados, haciendo la profesión desagradable, es lo que se da cuando un abogado sigue mucho tiempo en el turno de oficio, que termina siendo "el abogado quemado de turno de oficio", aparte de mal pagado y tarde, y sin derechos laborales de ningún tipo. Vamos, que el personal de limpieza cobra más y mejor.
1.-
La eliminación de la colegiación obligatoria para poder ejercer libremente la profesión de abogado, la supresión de la incompatibilidad de la profesión de abogado y procurador, el reconocimiento del Turno de Oficio como trabajadores autónomos económicamente dependientes o 'Trades', con sus correspondientes derechos sociales y retribuciones dignas, y rebajar a la mitad las cuotas actuales de colegiación.
2.-
Los graves abusos y la arbitrariedad que sufrimos a diario por parte de jueces, fiscales e incluso del propio Colegio de Abogados. Propongo una elevación sustancial de las penas por prevaricación, falsedad documental y vejaciones para jueces, fiscales y funcionarios en el ejercicio de su cargo.
3.-
No lo veo como una amenaza, pero dicha ley debe ser consensuada con los abogados, suprimiendo -como he dicho- la colegiación obligatoria para poder ejercer la profesión.
4.-
Duplicar su remuneración actual.
1.-
La democratización colegial trata de activar la participación de colegiados para que la junta de gobierno del Colegio represente realmente a los abogados que ejercen diariamente su profesión y se enfrentan a sus problemas cotidianos; la aplicación de la Ley de Transparencia que garantice a la Abogacía de Madrid el acceso a una información veraz y exhaustiva, según ha sido requerido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; la incorporación de la perspectiva de género en la gestión interna y proyección colegial, que impida toda forma de discriminación hacia las Abogadas, cambiando el nombre a Colegio de la Abogacía de Madrid; defender al colectivo de afectados por la Mutualidad Musa de seguro médico privado para la Abogacía, defendiendo sus derechos reconocidos por sendas juntas generales, integrando un representante del ICAM en el Consejo de Administración de la Mutua y restituir los derechos de los mutualistas al 24.10.2016 en que se aplicó una subida de cuotas que expulsó del servicio a muchos de ellos. También ejercer un control económico transparente con una auditoria independiente, y un análisis de todos los proyectos iniciados y ejecutados por el Colegio incidiendo en la defensa del patrimonio colegial; defender el Centro de Estudios del Colegio, frente a la privatización propuesta por otras candidaturas facilitando su acceso a la Abogacía Joven, y dinamizando la participación de los propios colegiados; dignificar nuestra profesión, impulsando la Ley de Defensa de la Defensa que reconozca nuestros derechos, y que garanticen el derecho de defensa de las personas detenidas; impulsar la reducción del IVA del 21% porque el acceso a la Justicia no es un bien de lujo, sino un derecho fundamental; impulsar que Lexnet, la plataforma de acceso a la justicia, esté a cargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y no del Ministerio de Justicia porque ello atenta contra el sistema de separación de poderes; así como el derecho de desconexión temporal de abogadas y abogados en casos como vacaciones, maternidad o paternidad...
2.-
La necesidad de la democratización en la toma de decisiones. Somos más de 77.000 abogados y sólo tenemos dos juntas anuales en las que participan no más de 300 asistentes. El Colegio no representa actualmente los intereses de la mayoría de profesionales sino el de los grandes y poderosos despachos que dirigen la institución porque los abogados y abogadas no participan al no sentirse representados. Planteamos una reforma estatutaria inmediata, la eliminación de la figura del colegiado no ejerciente, y el objetivo a mediano y largo plazo de la colegiación voluntaria, porque entendemos que el libre asociacionismo profesional es un derecho fundamental que no pude ser limitado y la Constitución no impide la existencia de una pluralidad de Colegios. Impulsaremos la creación de un Consejo Colegial como órgano de gobierno colegial, y que garantice la representación proporcional que aúne todas las tendencias de opinión e intereses de la Abogacía. Impulsaremos la unificación de los Colegios de Madrid y Alcalá de Henares, en un único Colegio de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, con apertura de delegaciones en las principales localidades de la Comunidad y desaparición del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid que supone un gasto de alrededor de 300.000 euros anuales. Impulsaremos la modificación del sistema de votación a fin de acabar con la situación actual en la que sólo se puede votar un día y en un único lugar de la Comunidad de Madrid en perjuicio de los abogados y abogadas que viven en otras localidades de la Comunidad; también impulsaremos el voto electrónico, siempre que se garantice el control de que ejerce el voto el titular de la tarjeta de votación.
3.-
La Ley de Colegios profesionales no es una amenaza sino una obligación de trasposición de directivas europeas que obligan a todos los países de la Unión y que debería haberse implementado hace varios años.
4.-
Reinvindicamos el Turno de Oficio como un servicio público de calidad, que garantiza el derecho de defensa de todas la personas, y la igualdad de armas ante la jurisdicción. Por ello, elevar los baremos de pago congelados desde 2003, impulsar la reforma de la Ley de Justicia Gratuita que reconozca los derechos del colectivo, e impedir su gradual privatización y externalización son nuestros objetivos prioritarios. El servicio de orientación jurídica gratuita forma parte del derecho a la justicia gratuita, su defensa frente a los abogados pro bono o de las fundaciones privadas que desvirtúan un servicio público es esencial para nuestra asociación. Vamos a revisar todos los convenios (no publicados) que se han suscrito con diferentes entidades para brindar servicios de asesoría que corresponden al SOJ y el Turno de Oficio, y vamos a promover un funcionamiento activo y transparente de los propios letrados del turno de oficio en la gestión y administración del servicio. De cara a la Administración, vamos a reinvindicar un presupuesto acorde con un servicio digno que garantice el derecho de defensa de las personas con menores recursos, y que garantice el reciclaje y formación permanente gratuita de la abogacía adscrita al Turno.
1.-
En relación al turno de oficio proponemos fomentar su valoración, dar a conocer el trabajo de los abogados y los intereses de los clientes, lo que se juegan en cada procedimiento. Aumentar la dotación económica. El Estado valora cada procedimiento con una media de 200 euros, lo que nos parece inadmisible. Proponemos el doble, así como el pago de todas las actuaciones del abogado. Queremos mejorar la gestión y facilitar al abogado las funciones que tiene que realizar reduciendo la burocracia. En relación al Colegio, proponemos medidas para mejorar la transparencia y la democratización, los servicios de Musa y de la mutualidad que son bastante deficientes. Tenemos un concepto muy diferente al de otras candidaturas de lo que es transparencia y democratización y por ello proponemos medidas diferentes: voto electrónico, prohibición de realizar acuerdos con asociaciones o entidades que integren o apoyen las candidaturas, no queremos que se deriven designaciones del turno de oficio y menos a asociaciones que integran candidaturas, no queremos que se externalice la formación…
2.-
El problema de los abogados, como del resto de la sociedad española, es educativo, de interiorización de valores, de derechos y deberes ciudadanos. Ello se traduce en la falta de implicación social, de interés por lo que pasa a su alrededor y de interés por participar en mejorarlo. Prueba de ello es que en las elecciones vienen participando el 12% de los colegiados y se ganan con unos 3.000 votos. Ello favorece la falta de control de las juntas de gobierno y que puedan formarse grupos con el único interés de ganar las elecciones, que atienden más a sus propios intereses sin intención real de mejorar la sociedad ni la justicia y ello ante la posibilidad de conseguirlo con un escaso porcentaje de votos. Similar a lo que ocurre en la política. La solución viene de la educación, de entender el Estado no como un Estado paternalista, sino democrático donde debemos intervenir. Nosotros somos responsables de lo que pasa y de lo que no se hace. Tenemos que defender nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones democráticas y ciudadanas, entre ellas ir a votar y participar en la mejora de nuestra sociedad porque nos afecta a todos, abogados y no abogados y ello desde cualquier gremio. En esta labor de activar la participación social, la prensa tiene una función importante que desempeñar.
3.-
Nuestra candidatura es institucionalista a diferencia de otras. Defendemos la colegiación obligatoria y la autonomía de los colegios profesionales para organizarse. Entendemos el ICAM como una institución autónoma e independiente que debe tener el prestigio y autoridad moral suficiente para motivar los cambios necesarios en la sociedad que lleven a mejorar la situación de la justicia y el desarrollo de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Esta función que trasciende de la defensa de los intereses de los propios colegiados está recogida en sus estatutos y requiere que el Colegio esté respaldado por sus colegiados, sea una institución fuerte, prestigiosa y respetada por la sociedad, ya que sus fines trascienden de los de los colegiados individualmente para alcanzar al conjunto de la sociedad. Por eso no concebimos que esta función esencial del ICAM pueda realizarse de forma eficaz, a título individual por los abogados.
4.-
En un Estado de derecho hay que respetar los derechos fundamentales y no es admisible el maltrato a que están sometidos los abogados de oficio y los ciudadanos, que, cuando van a defender sus derechos, se encuentran con que el Estado dota al abogado con 200 euros para llevar su asunto, que puede durar tres años y puede suponer la pérdida de su libertad, por ejemplo. Es inadmisible, y ello teniendo encuentra que solo en Madrid hay unos 85.000 ciudadanos que utilizan este servicio cada año. Realmente está siendo sufragado por los abogados, que realizan la mayoría de las actuaciones sin cobrar. Por ello, reclamamos una dotación económica de al menos el doble del baremo que está en vigor. Queremos que el abogado cobre por todas las actuaciones que realiza hoy en día, en que se equiparan todos los procedimientos independientemente de la complejidad del mismo. Queremos un turno de oficio digno para los abogados y para los ciudadanos, propio de un Estado de derecho donde los ciudadanos tienen prestaciones respaldadas por derechos no por actos de generosidad.
1.-
La más esencial es la democratización integral de un Colegio que está anclado en el pasado, reformando los Estatutos para conseguir la participación de los colegiados no sólo en su vida orgánica, sino en el control de una gestión totalmente transparente y rigurosamente austera. Además de poder atender las inquietudes y necesidades de los diferentes sectores profesionales de la abogacía madrileña mediante un paquete de servicios satisfactorios.
2.-
El principal reto de la Abogacía española es que los poderes públicos tengan en cuenta previamente su voz en cualquier proyecto legal que afecte al Estado de Derecho, a los derechos fundamentales y a la profesión, y no que se elaboren leyes in audita parte de la Abogacía española. La solución que propongo es que la Abogacía tenga voz consultiva en el Congreso de Diputados, con el ministro de Justicia y con las demás instituciones, es decir, que se cuente con ella, pues la Abogacía es uno de los pilares del Estado de Derecho.
3.-
Sólo conozco el último borrador que tiene el Gobierno guardado en un cajón. En él se imponía la rebaja de las cuotas de incorporación de una manera drástica, lo cual era un ataque a la línea de flotación de la mayoría de los 83 colegios de abogados españoles, por lo que no podrían sostenerse, es decir, en el fondo esa medida escondía una posterior libertad de colegiación, que es lo que se pretende, para así dividir a la Abogacía y desmembrar a los Colegios de Abogados.
4.-
Dignificarlo en toda la extensión de la palabra, no sólo en la mejora de las retribuciones, que ahora son puramente simbólicas, además de reformas técnicas necesarias y justas en sus normas, sino en todo lo que afecte al ejercicio profesional del abogado de oficio ante los tribunales, respaldado por una personalidad de prestigio como Defensor del Abogado, e internamente con la modernización digital del departamento y la formación continua y gratuita para sus abogados.
El tiempo en tu ciudad
