Zoido encarga a Trapero revisar la normativa sobre los Mossos tras destituirlo como mayor

Despojado de funciones operativas desde hace dos meses, Josep Lluís Trapero ya no ocupa despacho en la zona noble del complejo central de los Mossos d'Esquadra en Sabadell (Barcelona) y dedica sus jornadas de trabajo a una función bien diferente a la que le ocupaba su tiempo en su etapa como mayor de la Policía de la Generalitat mientras prepara su defensa en la causa por sedición que instruye la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. El trabajo que ejerce hoy Trapero en el Cuerpo tiene más que ver con su faceta como licenciado en Derecho que como experto en investigación criminal, la gran especialidad del agente 1.899.

Tan sólo horas después de que el Senado autorizara al Gobierno el pasado 27 de octubre la aplicación de un paquete de medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña por parte del Parlament, el ministro Zoido mandó al Boletín Oficial del Estado (BOE) la destitución de Trapero como máximo responsable operativo de los Mossos. Fue la primera medida de relevancia adoptada por el Ministerio tras asumir las competencias en materia de Interior en esta comunidad tras la disolución de la Cámara autonómica y la destitución del Gobierno de Carles Puigdemont.

El titular de Interior ha evitado adoptar medidas traumáticas en un intento de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución fuera lo más tranquila posible en un Cuerpo abiertamente cuestionado por su actuación el 1-O. Ello explica que Zoido optara por un alto funcionario de los Mossos -Ferran López, hasta entonces comisario superior de Coordinación Territorial en la Policía Autonómica- para sustituir a Trapero en lugar de imponer un mando externo.

Interior, que ha eludido abrirle expediente disciplinario, dice que la función no operativa asignada es acorde a su formación: Trapero es licenciado en Derecho

La continuidad del mayor era insostenible desde que Lamela lo llamó al procedimiento como investigado el pasado 22 de septiembre y, aún más, tras la "inacción flagrante" de la Policía Autonómica el 1-O con motivo del referéndum ilegal. Pero no ha sido separado del servicio ni suspendido de sus funciones cautelarmente mientras se sustancia el procedimiento judicial, a diferencia de lo que la dirección de los Mossos había hecho con agentes investigados por los tribunales.

La Ley de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra permite suspender de forma cautelar o a adscribir a otro puesto de trabajo a un agente del Cuerpo investigado por cometer faltas graves o muy graves en el desempeño de sus funciones, lo que podría conllevar la "pérdida provisional del uniforme, el arma y la credencial del funcionario expedientado o sometido a procesamiento". Y el "incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución" es uno de los 23 supuestos tipificados como faltas muy graves en el régimen disciplinario de la Policía Autonómica.

El Ministerio del Interior ha eludido abrirle expediente disciplinario a Trapero, con el argumento de que sería "improcedente" al estar sustanciándose un procedimiento penal que no tiene aún sentencia firme. "En ese momento podría exigirse, en su caso, la eventual responsabilidad disciplinaria, sobre la base de los hechos declarados probados por la mencionada resolución penal", justifica el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, en respuesta a una petición de información a través del Portal de la Transparencia.

Zoido ha descabalgado a Josep Lluís Trapero como mayor, pero no ha dudado en encomendarle una función concreta: la revisión y actualización de la normativa que desarrolla el estatuto de los funcionarios del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y que preveía la Ley de la Policía de la Generalitat, en vigor desde agosto de 1994. Se trataba de una norma que veía la luz 11 años después de la refundación del Cuerpo y que venía a establecer los principios de actuación, las funciones y el régimen funcionarial y estatutario de los miembros que lo componían, así como la organización de la seguridad pública en la comunidad catalana.

Respuesta del Ministerio del Interior sobre la labor encomendada al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero.

"Se trata de funciones adecuadas a su titulación universitaria", justifica Interior, que recuerda que el ex responsable operativo de los Mossos es "licenciado en Derecho". Josep Lluís Trapero obtuvo esta licenciatura en 2006 tras cursar los estudios en la Universidad Abierta de Cataluña, un centro que imparte la enseñanza sólo bajo la modalidad on line y que tiene su sede en Barcelona.

El partido de Oriol Junqueras prometió en la campaña del 21-D que, si gobernaba, restituiría a Trapero en el puesto de mayor de los Mossos

Esa titulación le ha permitido compaginar su labor policial con su faceta docente. El veterano comisario ha formado parte del elenco de profesores del máster universitario en Dirección estratégica de seguridad y Policía que ofrece la Universidad de Barcelona y en el que impartía concretamente las asignaturas 'Retos actuales de la seguridad' y 'Aspectos legales operativos de la cooperación policial internacional'.

Cuando el mando policial se licenció en Derecho ya llevaba 16 años como agente en los Mossos d'Esquadra, donde comenzó a ejercer en 1990 tras su paso por la Escuela de Policía de Cataluña. En el área básica policial de Girona y Vielha comenzó su carrera profesional, que culminó el pasado 18 de abril cuando fue ascendido al puesto de mayor. Entonces se encontraba al frente de la Policía de la Generalitat Albert Batlle y el consejero de Interior era Jordi Jané, al que sustituyó el hoy encarcelado Joaquim Forn.

Investigación criminal

El centro penitenciario de Cuatro Caminos, la comisaría general territorial y la región policial metropolitana de Barcelona, la jefatura de división de investigación criminal y la Comisaría General de Investigación criminal fueron otros de los destinos por los que pasó Trapero.

La incógnita es si la salida de Trapero como mayor de los Mossos será temporal o definitiva. ERC se comprometió durante la pasada campaña del 21-D que, en caso de ganar las elecciones y gobernar Cataluña, revertiría todas las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la "dictadura del artículo 155". Y, entre ellas, su restitución en el puesto de mayor. Las negociaciones entre los partidos independentistas y las decisiones que pueda adoptar la juez Lamela resolverán en gran medida esa duda.