El Ministerio del Interior no separará del servicio ni suspenderá de funciones cautelarmente a Josep Lluís Trapero, ex mayor de los Mossos d’Esquadra e investigado por la posible comisión de un delito de sedición, pero tiene decidido adscribirlo a un puesto sin responsabilidad operativa alguna. Sus nuevas tareas en la Policía de la Generalitat serán estrictamente burocráticas.

La destitución de Trapero fue una de las primeras medidas que adoptó el ministro Juan Ignacio Zoido después de que, el pasado 27 de octubre, el pleno del Senado autorizara al Gobierno de la nación a adoptar una serie de medidas para restablecer el orden constitucional en Cataluña al amparo del artículo 155. Entre otras, el control de la Policía Autonómica, acusada de «inacción flagrante» durante el 1-O. En un tuit difundido desde su cuenta oficial el mismo día que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicada el cese del mayor, Zoido dejaba claro que la medida se adoptaba por la situación judicial en que se halla Trapero.

La destitución abría paso a dos interrogantes. De un lado, si Interior optaría por un alto mando de la Policía Nacional o de la Guardia Civil para capitanear la Policía Autonómica o si buscaría a un mando dentro de este Cuerpo. Esta duda quedó despejada sólo unas horas después, cuando Zoido anunció el nombramiento de Ferran López -hasta entonces jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial y en la práctica número dos de Trapero- como nuevo máximo responsable operativo.

La segunda incógnita era si el Ministerio del Interior separaría también del servicio o suspendería de funciones -con la pérdida de las correspondientes retribuciones- a Trapero mientras se sustancia el procedimiento penal que instruye la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por posible sedición. Su imputación obedece a la supuesta pasividad de los Mossos durante el asedio a la Guardia Civil mientras ésta procedía al registro de la Consejería de Economía y Hacienda el pasado 20 de septiembre, dentro de las pesquisas que llevaba a cabo por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona para intentar desbaratar el referéndum de autodeterminación del 1-O.

El «incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución» es una de las faltas muy graves que prevé la ley de la Policía de la Generalitat

La Ley de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, en vigor desde julio de 1994, permite suspender de forma cautelar o a adscribir a otro puesto de trabajo a un agente del Cuerpo investigado por cometer faltas graves o muy graves en el desempeño de sus funciones, lo que podría conllevar la «pérdida provisional del uniforme, el arma y la credencial del funcionario expedientado o sometido a procesamiento». Y el «incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución» es uno de los 23 supuestos tipificados como faltas muy graves en el régimen disciplinario de la Policía Autonómica.

La suspensión provisional puede prolongarse por un plazo de entre uno y seis meses y, mientras dura, el expedientado no percibiría las retribuciones correspondientes al complemento específico y a las gratificaciones por servicios extraordinarios. Previamente es necesaria la apertura de un expediente disciplinario.

Según ha podido conocer El Independiente en fuentes de toda solvencia, Interior tiene decidido no adoptar de momento ninguna medida más contra Josep Lluís Trapero pese a su imputación judicial, circunstancia que le permitiría apartarlo temporalmente a la espera de que avance la investigación. Ésta complicará previsiblemente el futuro de este comisario de la Policía Autonómica catalana, a la que se incorporó hace 27 años. Cuando el ex mayor prestó declaración ante la juez Lamela, ésta sólo investigaba el acoso sufrido por la comisión judicial a las puertas de la Consellería de Economía y Hacienda el pasado 20 de septiembre y, desoyendo al fiscal, rechazó enviarlo a prisión preventiva y le retiró el pasaporte. En el auto por el que decretó prisión incondicional el pasado 2 de noviembre para el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros siete ex consellers más, la instructora consigna que la actitud mantenida por los Mossos el día de la consulta ilegal fue «pasiva» en la mayoría de los casos.

Interior cree que suspender al ex mayor de los Mossos complicaría la misión de Ferran López de ‘pacificar’ el cuerpo ante la convocatoria electoral del 21-D

La idea del departamento que dirige Juan Ignacio Zoido es que, al menos por ahora, Trapero sea reubicado en algún puesto dedicado al desempeño de tareas burocráticas y no operativas. Interior entiende que suspender al ex mayor no contribuiría precisamente a pacificar el Cuerpo y pondría en una posición comprometida a Ferran López, mano derecha de Josep Lluís Trapero durante la breve etapa de éste como máximo responsable operativo de los Mossos y quien está demostrando una gran profesionalidad en la labor encomendada por el ministro: el cumplimiento de la ley, la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que se alcance «cuanto antes» la normalidad en Cataluña para que las elecciones autonómicas del próximo 21-D se desarrollen en un clima de «absoluta convivencia ciudadana y de respeto a nuestro Estado de Derecho».

Que no hubiera sido suspendido de forma cautelar no se entendía en algunos sectores de los Mossos, que cuestionan abiertamente el dispositivo diseñado por la dirección operativa del Cuerpo tanto para la práctica de las detenciones y registros del 20 de septiembre como del operativo desplegado el 1-O en cumplimiento del mandato judicial.

«No entendemos que haya una doble vara de medir. Hemos tenido algunos compañeros imputados por casos muchos más leves que por el que está siendo investigado el mayor del Cuerpo [entonce aún en el puesto] y han sido suspendidos cautelarmente cuando se ha tenido conocimiento de esa imputación. Incluso investigados por asuntos internos sin haber diligencias judiciales», mantuvo la cabo de los Mossos y presidenta de Eurocop, Ángels Bosch, en una entrevista concedida a este diario.